Abril 23 de 2008
Reelección está en jaque
La captura de Mario Uribe, la reaparición de Yidis Medina, la ilegitimidad del Congreso por la parapolítica y el choque con la Corte Suprema, atentan contra otra reforma del 'articulito'.
PESE A QUE SUS abogados le reiteraban una y otra vez que la Fiscalía General no tenía pruebas suficientes para detenerlo, el ex senador Mario Uribe Escobar estaba seguro de que tarde o temprano le dictarían medida de aseguramiento y así lo dejó entrever el fin de semana pasado cuando les dijo a algunos amigos: "Yo no me dejo meter a la cárcel ni un solo día".
Fue lo que intentó el martes 22 en la mañana, a eso de las 10:30, cuando se presentó en la sede de la Embajada de Costa Rica en el norte de Bogotá, pocos minutos después de que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, ordenara su captura por concierto para delinquir y pactar acuerdos para promover grupos paramilitares (ver artículo siguiente).
La orden de captura puso fin a una serie de especulaciones, incluida la posibilidad de que la Fiscalía precluyera la investigación por falta de pruebas, hipótesis alimentada desde las altas esferas por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien había dicho con cierta seguridad en el programa Hora 20 de Caracol Radio, que le satisfacía mucho que el doctor Mario Uribe hubiera podido desvirtuar los cargos que se le imputaban, afirmación que el Fiscal General, calificó como "perversa".
En todo caso, el ex senador Uribe Escobar -que renunció a su investidura para que su caso pasara de manos de la Corte Suprema a la Fiscalía y así obtener la doble instancia en caso de una decisión adversa- no pudo cumplir la intención de no dejarse meter en la cárcel un solo día. El mismo martes, el gobierno de Óscar Arias le negó el asilo político, argumentando que la solicitud era "improcedente". Costa Rica evaluó el hecho de que siendo Uribe Escobar primo del Presidente de la República, resultaba poco convincente el argumento de que era un perseguido político.
La decisión contra Uribe fue el momento más crítico de una de las peores semanas que ha vivido su primo Álvaro Uribe en sus seis años de mandato. Antes de que la Fiscalía ordenara la captura de su primo, la Corte Suprema les abrió investigación preliminar a Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del Congreso y muy cercana al Presidente, y a Carlos García Orjuela, cabeza del Partido de La U y uno de los promotores de la segunda reelección. "Capturar a Mario Uribe es metérsele al rancho al Presidente", dijo a CAMBIO un senador liberal.
El Presidente atraviesa por su peor momento. El escándalo de la parapolítica se ha acercado mucho al Gobierno y, como si no fuera suficiente, volvió a salir del closet el fantasma del intercambio de votos por puestos que hizo posible la reforma del "articulito" que abrió paso a su reelección.
Yidis al ataque
La tortuosa semana presidencial estuvo marcada por las explosivas declaraciones de la ex representante santandereana Yidis Medina, quien afirmó a Noticias Uno que altos funcionarios del Gobierno habían adquirido compromisos burocráticos con ella a cambio de que, en la Comisión Primera de la Cámara, votara a favor del acto legislativo que establecía la reelección presidencial inmediata.
Las declaraciones de Medina pusieron en el ojo del huracán a altos funcionarios, entre ellos al ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, al ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez, y al ministro de Protección Social Diego Palacio, pues según ella fueron los que intervinieron para que cambiara su decisión inicial de votar contra la reelección.
La suerte de Medina y de los funcionarios y ex funcionarios del Gobierno dependería de las autoridades judiciales competentes que deben establecer si se configuró o no el delito de cohecho -el que dé u ofrezca prebendas a funcionarios públicos para que hagan o dejen de hacer algo que tenga que ver con sus funciones-, pues como lo advirtió la Corte Suprema el 23 de febrero de 2005 cuando profirió auto inhibitorio a favor de Medina, en caso de que se verificaran los supuestos ofrecimientos del Gobierno Nacional "se debe perseguir penalmente en los dos extremos, tanto del que ofrece como del que recibe".
La propia Yidis acaba de ofrecer la prueba reina que la Corte Suprema dijo que le había faltado cuando investigó el caso. "La prueba reina es la propia confesión, pues el cohecho es un delito bilateral en el que la confesión del inculpado afecta también a quien compró", afirma el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez.
Por su parte, el analista Pedro Medellín considera que los graves señalamientos de la ex congresista afectan la legitimidad de la reelección presidencial. "La autoincriminación de Medina -en acuerdos que configuran los delitos de cohecho y tráfico de influencias- impugna la legitimidad del poder que sustenta el gobierno de Álvaro Uribe -escribió el analista en su más reciente columna-. Es evidente que un poder que se origina en una negociación espuria de favores está viciado desde su origen".
Fuego a la candela
También contribuyeron a caldear el ambiente las polémicas declaraciones del Presidente que, recién llegado de su viaje a México, no solo hizo un llamado a "no abrirle puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional", sino que expresó preocupación por la "solidez jurídica" de las decisiones mediante las cuales la Corte Suprema y la Fiscalía han vinculado al proceso de la parapolítica a más de 60 congresistas -la mayoría de la coalición de Gobierno- y además instó a la Justicia a "contribuir con objetividad total en sus investigaciones y en sus fallos".
Luego, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, le echó más leña a la hoguera cuando en una tácita pero clara referencia a la Corte Suprema en entrevista en el El Tiempo habló de "sevicia contra el Congreso" y de "decisiones ligeras" en las investigaciones de la parapolítica.
Las declaraciones de Presidente y Ministro fueron interpretadas como un ataque velado a la Corte, cuyos miembros consideran que el Gobierno no solo no respeta su autonomía, sino que pretende presionar sus decisiones. Por eso el magistrado Javier Zapata Ortiz, miembro de la sala de Casación Penal y presidente (e) de la Corte Suprema, respondió: "Las determinaciones de la Corte son absolutamente independientes y sometidas únicamente al imperio de la Ley".
Sus declaraciones recibieron el respaldo absoluto del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura que el martes, en forma unánime, reiteraron la defensa de la independencia y autonomía de los diferentes órganos del poder público por medio del magistrado Hernando Torres, presidente del Consejo Superior, quien asumió su vocería.
Pero el magistrado fue aún más lejos y se refirió a la propuesta de crear un supertribunal para juzgar a los congresistas, los magistrados y el Presidente de la República, que surgió durante una reunión del Presidente con la bancada uribista el domingo en la noche. "Las reglas de juego en las que se funda la competencia, la investigación y las sanciones no deben ser modificadas obedeciendo a criterios coyunturales, ni depender de los sujetos a quienes se les aplica", dijo Torres. Aunque el texto no se conoce y el Gobierno solo mencionó la creación de una Comisión de Ajuste Institucional, los más suspicaces creen que el tema del supertribunal está sobre el tapete y que buscar su creación tiene como objetivo minarle poderes a la Corte Suprema.
Al ambiente enrarecido y hostil contra los órganos judiciales se sumó la publicación de un rumor que venía circulando desde hacía meses, según el cual grupos paramilitares encabezados por Carlos Mario Jiménez 'Macaco' -extradición que fue autorizada por el Gobierno y luego suspendida por una tutela- habrían pagado cerca de 6.000 millones de pesos a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema para que eligieran a Mario Iguarán como fiscal general.
En este sentido, hay magistrados que no descartan que detrás de todo estén congresistas amigos de la Casa de Nariño, interesados -como el mismo Gobierno- en minar la credibilidad de los órganos que investigan la parapolítica. Los rumores enfáticamente desmentidos por Corte y Fiscal contribuyeron a que los magistrados e Iguarán -que venían distanciados desde hacía meses- hicieran causa común.
Orejas del lobo
Los coletazos de la parapolítica se han sentido con mayor intensidad en el Congreso, afectado por una crisis de legitimidad porque más de 60 congresistas están en la mira de la Justicia, la mayoría pertenece a los partidos de la coalición uribista, entre ellos la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, el presidente de La U, Carlos García, y Mario Uribe, el primo del Presidente.
Así las cosas, la reforma política, inicialmente planteada como una salida a la crisis y aprobada en quinto debate, se ha convertido en una papa caliente para el Congreso y para el Gobierno. La alocución del Presidente el domingo, que suponía un parte de tranquilidad, en lugar de cumplir su propósito lo que hizo fue mostrar las orejas del lobo.
Ante la posibilidad de naufragio de la reforma política en la Comisión Primera del Senado por cuenta del alto número de congresistas capturados por la parapolítica, el Gobierno y los partidos uribistas acordaron el domingo en Palacio que, con base en el reglamento del Congreso, harían trasteo de curules de otras comisiones legislativas para remplazar a congresistas impedidos en la Comisión Primera del Senado por congresistas no inhabilitados. El presidente Uribe también advirtió que no aceptará la fórmula de la "silla vacía" si no hay de por medio una "sentencia ejecutoriada o cuando haya agotado el trámite en instancias ordinarias", y anunció que el umbral se fijaría en el 3 por ciento y no en el 5 por ciento -la condena a muerte de los partidos pequeños.
Las decisiones de los uribistas con el Presidente a la cabeza y sin participación de la oposición, causaron mucho malestar. "Es un anuncio politiquero para buscar que le aprueben la reforma y quizás una nueva reelección", le dijo a CAMBIO Jaime Dussán, senador del Polo. Por su parte, César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, que inicialmente apoyaba la reforma, declaró que su colectividad no iba más porque la enmienda que se va a votar "no es ni siquiera lo que podríamos llamar un paño de agua tibia". Además, el Partido Liberal considera que la reducción del umbral es un contentillo del Gobierno para los grupos minoritarios, cuyo objetivo es asegurar sus votos para iniciativas que favorezcan al Gobierno, incluida una segunda reelección.
Pero curiosamente también hay uribistas molestos con las propuestas para "salvar" la reforma. "Aunque sea constitucional, a uno no lo pueden trastear de un lado para otro como si fuera un mueble viejo solo porque el Gobierno tiene mucho interés en una iniciativa", le dijo a CAMBIO uno de ellos. Y la senadora Gina Parody anunció que se opondrá porque considera que poco o nada contribuye a la depuración de las costumbres políticas.
Mientras el panorama se oscurece y parte de la tripulación entra en pánico, el Gobierno y las bancadas uribistas siguen buscando fórmulas que les permitan pasar la página de la parapolítica. Pero difícilmente podrán solucionar el problema del que ellos son protagonistas, si no se dedican a buscar el ahogado río arriba.
La encrucijada
A la Casa Nariño le están llegando problemas desde todos los flancos. El choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Suprema tiene visos de crisis institucional y la crisis política es inocultable por cuenta de la parapolítica que ha llegado tan cerca de Palacio y porque las relaciones de Uribe con el Partido Liberal, que pasaban por una etapa rosa, volvieron a deteriorarse con las modificaciones unilaterales que el Presidente y su bancada hicieron al proyecto de reforma política, algunas de las cuales, como el aumento del umbral al 5 por ciento -que fortalece a los partidos grandes- estaba acordada.
La reforma política, planteada supuestamente para sanear al Congreso, ha perdido la poca credibilidad que tenía y será difícil que pase en un clima de tanta crispación y cada vez más enrarecido por la vinculación al proceso de la parapolítica de aliados muy cercanos al Gobierno, como la presidenta del Congreso, el jefe del Partido de La U y el primo Mario Uribe. Por cuenta de este caso, la prensa internacional mencionó por primera vez que el escándalo se acerca al Jefe del Estado. La bola de nieve no deja de crecer.
De alguna manera Uribe está acorralado y desde varios sectores, incluidos partidarios del Gobierno; surgen interrogantes sobre el alcance de la crisis, esencialmente política, centrada en el Congreso y en los mecanismos de lucha por el poder, que se contaminaron porque los grupos paramilitares se tomaron los poderes regionales y casi una tercera parte del Legislativo (ver columna de Rafael Pardo).
En un país que atraviesa por un momento de vacas gordas y en el que, según las encuestas, la mayoría acompaña al Presidente, la incertidumbre -impensable hace unos meses- y la crisis política -que no es institucional porque los órganos de la Justicia están cumpliendo a cabalidad con sus funciones- resultan tan preocupantes, como impredecibles las consecuencias que podrían tener en el largo plazo sobre la economía y la imagen internacional del país.
Un hilo conductor atraviesa todos los componentes de la situación: la posibilidad de que el presidente Uribe busque una nueva reforma constitucional para una segunda reelección. Sectores de oposición dan como hecho seguro que los controvertidos cambios que el Gobierno y su bancada le introdujeron a la reforma política buscan asegurar las mayorías necesarias para reformar el "articulito". Las recurrentes expresiones ambiguas con las que Uribe esquiva el tema de la reelección, alimentan las sospechas de que anda en eso y sus actuaciones se ven como sospechosas y son interpretadas como cortinas de humo o golpes de imagen, detrás de las cuales hay intenciones ocultas.
Por esto, nada contribuiría más a bajar las crecientes tensiones en el mundo político, que el Presidente se pronuncie definitivamente sobre el tema, pues el panorama se despejaría, se disiparían las sospechas de que todo está manipulado desde la Presidencia y podría iniciarse una competencia electoral que diversifique la agenda y le dé aire a la asfixiante sensación de crisis.
Sin embargo, es muy poco probable que el Presidente esté dispuesto a hacer un anuncio de esa naturaleza. Con su alta popularidad, los exitosos resultados de la seguridad democrática y la solidaridad que generaron las recientes confrontaciones internacionales con Ecuador y Venezuela, Uribe y sus asesores creen que tiene posibilidades de seguir en el mando para cumplir las metas que se trazó cuando llegó al poder en 2002.
Pero la verdad es que los acontecimientos de los últimos días tienden a cerrarle la puerta a una nueva reelección. La mala imagen del Congreso le quita legitimidad para volver a cambiar la Constitución, sobre todo a raíz de la reaparición de Yidis, e incluso si en esta oportunidad -como propone el Partido de La U-el intento se hace por la vía del referendo y con el respaldo de millares de firmas de ciudadanos.
Además, hay otros factores que obstaculizarían la reelección. El interés de la comunidad internacional sobre la parapolítica tiende a convertirse en preocupación sobre la vigencia de las instituciones, y las heridas que el escándalo le ha causado al Presidente, debilitan la unidad del uribismo: en los pasillos de La Picota, donde están la mayor parte de los parlamentarios detenidos, cada vez hay más críticas al Gobierno y para nadie es un secreto que ellos mantienen canales de comunicación e influencia sobre sus reemplazos. Y en sectores fundamentales del uribismo, las amenazas de la inestabilidad política para el crecimiento económico empiezan a hacerles sentir a los empresarios que convendría una oxigenación en el liderazgo.
Bajo un panorama tan sombrío, el debate sobre la segunda reelección de Uribe ya no se circunscribe a si la está buscando o a si cuenta con las mayorías necesarias. La pregunta es si es posible y conveniente. Los acontecimientos de los últimos días permiten pensar que la reelección está en jaque.