Los verdugos del cacique
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El plan de desalojo de los dueños u ocupantes de los predios -dijo el testigo-, quedó a cargo de Éder Pedraza Peña, jefe paramilitar de Sucre conocido como 'Ramón Mojana'. "Yo fui a las dos reuniones porque, con Giovanny Pedraza, hermano de 'Mojana', manejaba las finanzas del grupo que operaba en la región", dijo entonces el testigo.
El primer encuentro se habría realizado en Majagual, en la casa de Olegario Otero, un ganadero que figura en listas de financiadores y proveedores de armamento para grupos ilegales. Testimonios verificados por investigadores de la Policía Judicial confirmaron que entre los asistentes a esta reunión con Uribe -presentado por 'Mojana' como "un importante abogado"- estaban los hermanos Fabio y Gustavo Mejía, dos ganaderos que promovieron la creación de grupos de autodefensa para liberarse del acoso de la guerrilla, y un hombre conocido como 'Samuel', de quien solo se sabe que es ex oficial del Ejército, graduado como piloto, que entonces era instructor de paramilitares.
La segunda reunión habría tenido lugar en el Hotel Piscis de Caucasia. En ella estaban el dueño del establecimiento, un representante de Inversiones Pedraza que manejaba en la población hospedajes conocidos como "autohoteles", y el comandante de la Policía local. La versión que 'Pitirri' dio a los delegados de la Corte fue trasladada al despacho del fiscal Ramiro Marín.
En el inventario de bienes figuran las fincas La Alemania y La Chipa, en San Marcos, Sucre. La primera pertenecía a una familia de apellido Julio que, tras ser desplazada de la región, la dejó a cargo del administrador Rafael Zuleta, quien fue perseguido por los paramilitares y que, al parecer con la complicidad de autoridades judiciales, fue procesado como "auxiliador de la guerrilla". La Chipa fue vendida muy por debajo de su precio real. Ninguno de estos predios aparece a nombre de Mario Uribe.
La defensa de Uribe anunció que apelaría de la decisión. Si lo hace, y la Fiscalía confirma la medida de aseguramiento, se abrirá una etapa para la calificación del mérito del sumario. Al cabo de esta, el organismo investigador decidirá si dicta resolución de acusación contra el dirigente, es decir, si lo lleva a juicio o si, por el contrario, archiva el expediente.
Aunque un viejo aforismo indica que en política nunca está dicha la última palabra, el proceso penal parece señalar el fin de la carrera pública (ver recuadro) de un hombre que se abrió paso de la mano del hoy presidente Álvaro Uribe, y quien, por paradojas del destino, fue uno de los redactores en la Comisión Primera del Senado de la legislación penal que hoy se vuelve en contra suya.
MANCORNAS
La carrera política de Mario Uribe empezó en 1980 en Andes, su tierra natal. Allí llegó con listas propias al Concejo y logró acumular un capital político que, cuatro años después, le permitiría hacerse a un escaño en la Asamblea departamental y en 1986 a una curul en la Cámara de Representantes, en fórmula con su primo Álvaro Uribe Vélez, quien llegó al Senado.
Los dos empezaron su trayectoria política dentro del movimiento del cacique liberal Bernardo Guerra Serna, pero luego decidieron armar rancho aparte. Cuando Álvaro logró la Gobernación del departamento (1995-1997), Mario ocupó su curul en el Senado. Desde 1997 hasta 2007 fue reelegido en forma sucesiva. Renunció a la curul en octubre del año pasado, cuando la Corte lo llamó a indagatoria.
Atado políticamente al destino de Álvaro Uribe, fundó con este en 2001 el partido Colombia Democrática, por fuera del tradicional Partido Liberal, y luego buscaron el apoyo de otros partidos y movimientos para impulsar la candidatura de Álvaro a la Presidencia de la República. Como alfil del Presidente en el Congreso, fue uno de los ponentes del proyecto de Justicia y Paz, duramente criticado por la oposición.
La suerte que tuvo al ver hecha realidad la reelección de su primo, fue inversamente proporcional a la que habría de correr en el Congreso, donde no solo vio caer, uno tras otro, en el proceso de la parapolítica, a sus com-pañeros de lista en el Senado -Miguel de la Espriela y Álvaro García-, lo mismo que al representante Eric Morris y a muchos aliados, sino que terminó él mismo tras las rejas. El campanazo de alerta se lo dio la Corte el lunes, cuando ordenó la detención de Ricardo Elcure, quien ocupaba provisionalmente su curul. El martes, tras el frustrado intento de asilo, acabó detenido en el búnker de la Fiscalía.
