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La propia Yidis acaba de ofrecer la prueba reina que la Corte Suprema dijo que le había faltado cuando investigó el caso. "La prueba reina es la propia confesión, pues el cohecho es un delito bilateral en el que la confesión del inculpado afecta también a quien compró", afirma el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez.
Por su parte, el analista Pedro Medellín considera que los graves señalamientos de la ex congresista afectan la legitimidad de la reelección presidencial. "La autoincriminación de Medina -en acuerdos que configuran los delitos de cohecho y tráfico de influencias- impugna la legitimidad del poder que sustenta el gobierno de Álvaro Uribe -escribió el analista en su más reciente columna-. Es evidente que un poder que se origina en una negociación espuria de favores está viciado desde su origen".
Fuego a la candela
También contribuyeron a caldear el ambiente las polémicas declaraciones del Presidente que, recién llegado de su viaje a México, no solo hizo un llamado a "no abrirle puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional", sino que expresó preocupación por la "solidez jurídica" de las decisiones mediante las cuales la Corte Suprema y la Fiscalía han vinculado al proceso de la parapolítica a más de 60 congresistas -la mayoría de la coalición de Gobierno- y además instó a la Justicia a "contribuir con objetividad total en sus investigaciones y en sus fallos".
Luego, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, le echó más leña a la hoguera cuando en una tácita pero clara referencia a la Corte Suprema en entrevista en el El Tiempo habló de "sevicia contra el Congreso" y de "decisiones ligeras" en las investigaciones de la parapolítica.
Las declaraciones de Presidente y Ministro fueron interpretadas como un ataque velado a la Corte, cuyos miembros consideran que el Gobierno no solo no respeta su autonomía, sino que pretende presionar sus decisiones. Por eso el magistrado Javier Zapata Ortiz, miembro de la sala de Casación Penal y presidente (e) de la Corte Suprema, respondió: "Las determinaciones de la Corte son absolutamente independientes y sometidas únicamente al imperio de la Ley".
Sus declaraciones recibieron el respaldo absoluto del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura que el martes, en forma unánime, reiteraron la defensa de la independencia y autonomía de los diferentes órganos del poder público por medio del magistrado Hernando Torres, presidente del Consejo Superior, quien asumió su vocería.
Pero el magistrado fue aún más lejos y se refirió a la propuesta de crear un supertribunal para juzgar a los congresistas, los magistrados y el Presidente de la República, que surgió durante una reunión del Presidente con la bancada uribista el domingo en la noche. "Las reglas de juego en las que se funda la competencia, la investigación y las sanciones no deben ser modificadas obedeciendo a criterios coyunturales, ni depender de los sujetos a quienes se les aplica", dijo Torres. Aunque el texto no se conoce y el Gobierno solo mencionó la creación de una Comisión de Ajuste Institucional, los más suspicaces creen que el tema del supertribunal está sobre el tapete y que buscar su creación tiene como objetivo minarle poderes a la Corte Suprema.
Al ambiente enrarecido y hostil contra los órganos judiciales se sumó la publicación de un rumor que venía circulando desde hacía meses, según el cual grupos paramilitares encabezados por Carlos Mario Jiménez 'Macaco' -extradición que fue autorizada por el Gobierno y luego suspendida por una tutela- habrían pagado cerca de 6.000 millones de pesos a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema para que eligieran a Mario Iguarán como fiscal general.
En este sentido, hay magistrados que no descartan que detrás de todo estén congresistas amigos de la Casa de Nariño, interesados -como el mismo Gobierno- en minar la credibilidad de los órganos que investigan la parapolítica. Los rumores enfáticamente desmentidos por Corte y Fiscal contribuyeron a que los magistrados e Iguarán -que venían distanciados desde hacía meses- hicieran causa común.
La crisis es política
entroLos verdugos del cacique