Con su ofensiva contra Chávez y Correa, Uribe intenta hacerle frente a la condena mundial por la acción contra 'Raúl Reyes'.
LA EUFORIA COLECTIVA que produjo la noticia del golpe contra Raúl Reyes en la madrugada del sábado 1 de marzo, en cuestión de horas se fue transformando en asombro, incertidumbre y hasta temor a medida que se desataba la peor crisis diplomática en muchos años.
Las reacciones de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Ecuador, Rafael Correa, fueron subiendo poco a poco de tono y significado, hasta llegar a dibujar un panorama crítico: Ecuador rompió relaciones diplomáticas, Venezuela cerró su Embajada en Bogotá y expulsó a todos los funcionarios de la de Caracas, y las dos fronteras vecinas fueron militarizadas. Los movimientos de tropa y la guerra verbal hicieron pensar que el peor desenlace -un incidente militar- era más factible de lo que parecía. En todo el mundo se hicieron pronunciamientos que reflejaban esa incertidumbre e hicieron llamados a la calma, pero en general fue cuestionada la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano.
Nunca antes en su historia, Colombia había vivido un momento tan delicado en sus relaciones exteriores. La primera declaración de Correa, el sábado, fue tranquila, y en la tarde el canciller Araújo le presentó al presidente Correa excusas por la operación militar en Ecuador. "Colombia nunca ha tenido la pretensión o la disposición de irrespetar o vulnerar la soberanía o la integridad de la hermana República del Ecuador", dijo el Canciller.
El domingo, en Caracas, se desató la bola de nieve de una crisis internacional. La diplomacia del micrófono volvió a brotar con una cascada de declaraciones que fueron subiendo en pugnacidad y agravios. En su habitual programa, Aló Presidente, el mandatario venezolano censuró la operación militar y en un energúmeno discurso descalificó al Gobierno colombiano por violar la soberanía ecuatoriana. "No se le vaya a ocurrir hacer eso por estos lados presidente Uribe -dijo Chávez-. Si usted hace eso sería causa de guerra". La palabra guerra, en labios de un Presidente, va mucho más allá de un simple incidente cotidiano.
La agresividad de Chávez fue in crescendo: le dijo a Uribe "mafioso y terrorista", "lacayo del imperialismo", y afirmó que la muerte de Reyes era una bofetada para la paz de Colombia. Autorizó, incluso, un minuto de silencio por "un gran revolucionario" y de inmediato dio instrucciones a sus ministros para movilizar 10 batallones a la frontera y cerrar la Embajada de Venezuela en Bogotá.
Al ataque
Pocas horas después, el Gobierno de Rafael Correa, replicando a Chávez, llamó a consultas a su embajador en Colombia, Francisco Suescum. Correa cambió su inicial actitud cautelosa, se declaró engañado por el Gobierno colombiano, anunció que iría hasta las últimas consecuencias para que se aclarara el "escandaloso hecho", que consideró una agresión a su país, y ordenó la expulsión del cuerpo diplomático colombiano en Quito, encabezado por Carlos Holguín.
En la noche, y mientras las declaraciones desde Caracas y Quito subían de tono, en la Casa de Nariño se realizaba un consejo extraordinario de seguridad para analizar las primeras informaciones extraídas de tres computadores portátiles hallados durante la operación militar y cuyo propietario era Reyes.
A las 9:45 p.m., en cabeza del general Óscar Naranjo, director de la Policía, el Gobierno cambió el discurso y el tono que había utilizado el canciller Araújo, y pasó a la ofensiva: exigió explicaciones al presidente Correa por los aparentes contactos de su ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, con el desaparecido jefe guerrillero.
El lunes, la tensión siguió subiendo. En rueda de prensa, el director de la Policía dio a conocer datos obtenidos de los computadores de Reyes que comprometían a funcionarios de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con la cúpula de las Farc. En Quito, el ministro Larrea respondió que todo era de una cortina de humo para esconder la incursión bélica de Colombia en su país. Y en Caracas, el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, atizó la hoguera y en presencia de los miembros de la Asamblea Constituyente, descalificó al general Naranjo y lo tildó de mentiroso y narcotraficante.
El martes, mientras el presidente Correa iniciaba una gira por Latinoamérica para explicar la agresión colombiana, la confrontación dio un nuevo giro. Esta vez, la disputa la avivó el presidente Uribe, quien denunció que el comandante de las Farc, Iván Márquez, tendría un campamento en territorio venezolano y anunció que acusaría a Chávez de patrocinio y financiación de genocidas ante la Corte Penal Internacional. En horas de la tarde, en Washington, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por Ecuador, que se extendió hasta la madrugada y tuvo que ser retomada el miércoles en la mañana. La embajadora de Ecuador, Isabel Salvador, pidió convocar una reunión de cancilleres, una declaración de condena a Colombia por violación de la soberanía de su país, y una comisión para investigar los hechos. Colombia aceptó el encuentro a nivel de ministros, pero intentó bloquear la declaración y propuso un grupo de trabajo para explorar salidas de tipo diplomático y político.
La candente reunión de la OEA y las reacciones internacionales dejaron en claro que por el operativo contra Reyes Colombia quedó contra las cuerdas del juego diplomático. Un pulso político que tiene dos puntos principales: la definición del conflicto que está entre manos y la escogencia del foro más adecuado para tramitarlo.
De los dos puntos mencionados, el de la definición del conflicto es el más crucial. Para Colombia, el apoyo de Venezuela y Ecuador a las Farc. Para Ecuador, la violación de la soberanía territorial del país por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Las posiciones
Esta fue la columna vertebral del debate en el seno de la OEA, donde los dos países presentaron argumentos fuertes para respaldar su posición. En el caso de Ecuador, el propio Gobierno colombiano aceptó haber traspasado la frontera: tanto el canciller Araújo, como el embajador ante la OEA, Camilo Ospina, han reiterado el ofrecimiento de disculpas al gobierno de Correa.
La posición de Colombia, sin embargo, también tiene un expediente muy sólido. Las revelaciones de los últimos días, derivadas de la información de los computadores de Reyes, demuestran que los gobiernos de Venezuela y Ecuador tienen vínculos con las Farc. No solo contactos informales o diálogos sobre la liberación de secuestrados, sino relaciones escandalosas que involucran apoyo financiero y una asociación para manipular a los plagiados que están en poder de las Farc en función de objetivos estratégicos comunes a la guerrilla y a los gobiernos de Ecuador y Venezuela.
Lo anterior es más evidente en el caso del Gobierno de Chávez que en el de Correa. Las comunicaciones entre este último y las Farc, según los sorprendentes correos que aparecieron en el computador de Reyes, no reflejan una relación de igual frecuencia, profundidad y cercanía como la de Chávez. Cabrían matices, como que sólo se hubieran establecido para buscar un acuerdo humanitario, o que hubieran sido más una decisión individual del ministro Larrea, de la cual no era totalmente responsable el Presidente. En los últimos meses, Correa había tenido gestos de acercamiento a Colombia y de diferenciación con Chávez, como destaca Socorro Ramírez, experta en el tema, en artículo para CAMBIO.
La debilidad de la posición ecuatoriana, sin embargo, no surge de los famosos computadores sino de la existencia del campamento de las Farc en su territorio. Todo indica que Reyes y su guardia personal se sentían totalmente tranquilos allí, lo cual indica que las Farc confiaban en que el límite terrestre servía como burladero para la ofensiva del Ejército colombiano. Y proteger a personas que forman parte de grupos terroristas es una violación directa de las normas que la comunidad internacional adoptó después de los ataques de Al Qaeda contra los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001.
Por otra parte, si bien es cierto que desde hace años se habla de la presencia de miembros de las Farc en Ecuador, hasta ahora se había asumido que era clandestina e incluso desarmada. No es igual la captura de Simón Trinidad, vestido de civil en el centro de Quito en una cabina telefónica, que la de Reyes rodeado de escoltas, armas, computadores y teléfonos satelitales en un campamento permanente. Y Ecuador no se ha pronunciado sobre la violación de su soberanía por parte de las Farc. ¿No tiene responsabilidad un Estado que protege a un hombre con un prontuario como el de Reyes?
El escenario
Las posiciones de Ecuador y de Colombia tienen dónde sustentarse, pero no necesariamente ambas tienen la misma aceptación por parte de la comunidad internacional. Es aquí donde aparece el segundo punto estratégico de este ajedrez de alta política: el escenario más apropiado para tramitar la crisis. ¿Cuál es más favorable para Colombia?
Las dos opciones más evidentes, desde el punto de vista multilateral, son la OEA y la ONU. En la OEA, los argumentos de la inviolabilidad del territorio y la protección de la soberanía pesan mucho. Son casi la razón de ser de la organización. La letra y el espíritu de la Carta de la OEA son defender la soberanía territorial de los estados, y la tradición de 60 años está llena de episodios en que la no injerencia y la no intervención de otros en los asuntos internos han sido la columna vertebral. Por eso Colombia, a pesar de la inteligente defensa que hizo el embajador Camilo Ospina en la reunión del Consejo Permanente el martes, estuvo a la defensiva, y Ecuador casi logra la aprobación de una resolución inmediata de condena contra el Gobierno de Uribe. Países neutrales o cercanos a Colombia como Brasil, Chile y México, no podían respaldar la posición de Ospina sin abandonar principios y políticas que han sostenido durante años.
También hay que tener en cuenta que algunos países latinoamericanos tienen diferendos y controversias pendientes con sus vecinos y que, en consecuencia y en defensa propia, no les conviene abrir puertas a intervenciones extranjeras. No por coincidencia, en el foro de la OEA el Gobierno colombiano se quedó prácticamente solo, con el apoyo de Estados Unidos, el aliado de los últimos años, el que comparte la obsesión antiterrorista, el que siempre ha estado a la defensiva en las discusiones sobre intervenciones indebidas. Poco antes de que se iniciara el debate en la OEA, el presidente George W. Bush hizo un contundente discurso en los jardines de la Casa Blanca para apoyar a Colombia.
En teoría, entonces, la ONU sería un escenario más receptivo para el discurso colombiano. Fue allí, en 2001, donde se adoptaron las resoluciones que obligan a todos los estados a tomar medidas contra el terrorismo. Varias resoluciones le conceden al Consejo de Seguridad mandatos para investigar a los países que no toman las acciones pertinentes para combatir a los que cometen actos terroristas, y establecen graves sanciones para los gobiernos que no cumplen. Colombia ha acudido a estos preceptos en los últimos días. En particular, a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, eje del discurso del embajador Ospina en la OEA.
El camino de la ONU, no obstante, también esta lleno de espinas. No todas las resoluciones encajan con el conflicto actual entre Colombia y Ecuador. Y, además, apelar a la 1373 o a cualquier otra instancia de Naciones Unidad podría ser utilizada para llevar la situación de Colombia al examen del Consejo de Seguridad. Un escenario lleno de peligros, pues la Cancillería de San Carlos no podría asegurar mayorías: hay países con posiciones divergentes a las de Colombia, como China, Rusia y Francia, con poder de veto, y algunos podrían aprovechar para poner sobre la mesa otros temas -crisis humanitaria por población desplazada, trabajo infantil, violación de derechos humanos...- que complicarían aún más el panorama.
A la ofensiva
La posición internacional de Colombia, en síntesis, es delicada y así lo entiende el Gobierno. Por eso, según pudo establecer CAMBIO, a comienzos de esta semana diseñó una estrategia para cambiar la dirección del debate y la agenda de discusión. El Presidente considera que los canales diplomáticos son muy lentos e ineficaces y, en lugar de la defensa del operativo contra Reyes, adoptó la estrategia según la cual la mejor defensa es el ataque: el ataque a las Farc como grupo terrorista y genocida. Un discurso más judicial que político o diplomático, para poner en el banquillo de los acusados a Chávez y, eventualmente, a Correa.
Las instrucciones que recibió el embajador Ospina para su discurso en la OEA, igual que el ministro Juan Manuel Santos para el debate del martes en la noche en el Senado, fueron las de hacer énfasis en la presentación de pruebas: correos, videos, fotos... En fin, algo más parecido a un material probatorio para presentar ante un juez, que al discurso político que se presenta en los foros de la diplomacia.
El aspecto más audaz de esta estrategia fue el anuncio que hizo el propio presidente Uribe -quien ha asumido un bajo perfil y ha guardado silencio¿ de denunciar a Chávez ante la Corte Penal Internacional como protector de un grupo, las Farc, culpable de genocidio. Una propuesta osada que aunque expertos como el ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, considera una alternativa factible y conveniente, otros consideran equivocada porque el delito de genocidio no está tipificado en el Estatuto de Roma que le dio vida a la CPI. Además, el alto tribunal de justicia está diseñado como complemento a los sistemas nacionales ( ver artículo de la analista Laura Gil).
Por otra parte, se han planteado otros interrogantes graves desde el punto de vista político: ¿Conviene elevar más el nivel de la confrontación? ¿Cuál es la utilidad de personalizar el conflicto con un personaje como Chávez?
El panorama es confuso, pero el presidente Uribe está tranquilo y confiado. Sus interlocutores de los últimos días lo han visto sereno. Al fin y al cabo, el origen de la crisis, por paradójico que parezca, es uno de los éxitos más grandes de su gobierno: la muerte del número dos de las Farc. La opinión pública, según encuestas, respalda su decisión de bombardear a Reyes: más del 80%. Los partidos políticos se han pronunciado en términos de respaldo y apoyo a la unidad nacional, y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores aprobó una declaración -leída por el ex presidente liberal César Gaviria- en un sentido semejante
En el campo externo, si bien en la OEA Colombia estuvo arrinconada y en minoría, del brazo de Estados Unidos logró frenar una condena inmediata y ganó tiempo para terminar de cuajar su expediente antes de la reunión de ministros de relaciones exteriores. Un alivio para Uribe. Que no se puede confundir, sin embargo, con el fin de la crisis.
Las alarmas están encendidas y los dos vecinos envalentonados han quedado más juntos de lo que conviene a Colombia. La diplomacia de alto nivel ha sido la gran ausente, y como dijo el editorial de El Tiempo de este miércoles, "hará falta mucho tino -y poco micrófono- para resolver una crisis que está llegando a un punto de no retorno".
CABEZAS FRÍAS
Cuatro horas y media duró la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada el martes por el presidente Uribe para analizar la crisis con Ecuador y Venezuela. A la cita acudieron puntuales los ex presidentes Belisario Betancur, Andrés Pastrana, César Gaviria y Ernesto Samper, las ex cancilleres Noemí Sanín y María Emma Mejía y un grupo de congresistas de las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso.
El Presidente estuvo acompañado, entre otros, por el canciller Fernando Araújo, los comandantes del Ejército y de la Infantería de Marina y su secretaria privada. Junto a ellos recibió el respaldo de los asistentes, pero también debió oír los respetuosos llamados a tener cabeza fría y a desistir de la idea de denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente Hugo Chávez. Uribe dijo que analizaría el tema pero insistió en que el mandatario venezolano incurre en un delito de lesa humanidad al respaldar a las Farc.
En el curso de la reunión dos propuestas llamaron la atención. Una del ex presidente Pastrana en el sentido de que Colombia debía retirar al embajador ante el Gobierno de Nicaragüa como una muestra de firmeza, y la de Noemí Sanín, quien planteó la posibilidad de que Colombia proponga en el Grupo de Río, que sesiona al final de la semana en Santo Domingo, República Dominicana, que acepte la llamada persecución en caliente hasta 10 kilómetros adentro del territorio de otro país.
Frente a la propuesta de Pastrana, el Presidente y el Canciller dijeron que el Gobierno había enviado notas de protesta por las afirmaciones del presidente Daniel Ortega y que creían que eso era suficiente. Y en cuanto a la de la ex canciller, la mayor oposición corrió por cuenta de Samper, quien recordó que cuando el Gobierno de Rafael Caldera la propuso, él no la había aceptado por los riesgos militares que implica el ingreso de tropa de un país a otro. "Siempre es mejor la cooperación binacional entre las autoridades competentes", dijo el ex presidente.
Con intervalos para atender y hacer llamadas de consultas, los miembros de la Comisión Asesora tuvieron tiempo hasta para el humor. "Miren los milagros que hacen las crisis -dijo Samper-. Chávez logró unirnos a Pastrana y a mí, y eso que él me dañó la Embajada en Francia". La reunión sirvió para limar asperezas entre los ex presidentes y para ayudar a bajar la marea. Pero también para que Sanín soltara la idea de nombrar al ex presidente Gaviria como Ministro de Relaciones Exteriores.
La reunión terminó a 10:00 p.m. y Gaviria redactó el documento con los cuatro puntos acordados: rechazo al lenguaje de los gobiernos de Ecuador y Venezuela, respaldo al presidente Uribe, respeto a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y resolución de diferencias por medios diplomáticos.
EL 'ROUND' EN LA OEA
A pesar de que en un principio tenía mayorías a su favor, Ecuador no logró aprobar en el Consejo Permanente de la OEA, una declaración de censura a Colombia por la violación a su soberanía territorial. La canciller, María Salvador, abrió la reunión con un duro texto condenatorio, al cual le agregó dos puntos adicionales: la convocatoria de una nueva reunión pero a nivel de cancilleres y el envío de una comisión al lugar del operativo de las Fuerzas Armadas de Colombia contra Raúl Reyes, para que elaborara un informe.
El embajador Camilo Ospina, en su respuesta, denunció que los presidentes Chávez y Correa tienen vínculos con las Farc y defendió el derecho de Colombia a la legítima defensa. Aceptó la convocatoria de la cumbre de cancilleres, se opuso a la sanción y propuso que la comisión tuviera como objetivo buscar salidas políticas.
La posición ecuatoriana tuvo amplio respaldo, incluso de países amigos de Colombia como Brasil, Chile y Argentina, que consideraron que la credibilidad de la OEA se debilitaría si no se aprobaba la resolución de condena. Al final fue adoptado un texto negociado. En vez de declaración, Colombia aceptó que había violado la soberanía ecuatoriana. Se creó la Comisión que analizará los hechos y rendirá un informe, presidida por el SECRETARIO GENERAL JOSÉ MIGUEL INSULZA (y cuatro embajadores), y el debate final se reabrirá en la cumbre de cancilleres del 17 de Marzo.