Iván Velásquez, el justo

DESDE HACE UN AÑO, encabeza el equipo de magistrados auxiliares encargados de apoyar a la Corte Suprema de Justicia en el llamado proceso de la parapolítica. Con la búsqueda y confrontación de más de 300 testigos, 800 pruebas practicadas en varias regiones del país y 1.900 horas dedicadas a recibir indagatorias y declaraciones, el equipo liderado por el magistrado Velásquez  le ha entregado a la Sala Penal evidencia suficiente para ordenar la detención preventiva de 19 congresistas y abrir investigaciones a otros 21 por presuntas relaciones con grupos paramilitares.

Para el jurista antioqueño con 16 años de experiencia en la rama judicial -siete en la Corte- su misión ha sido muy difícil, pero tiene la satisfacción de que ha sido reconocida por amplios sectores de opinión. No obstante, ha vivido momentos muy duros, sobre todo cuando el presidente Álvaro Uribe lo acusó públicamente de haberle ofrecido prebendas a un testigo para que declarara en su contra. Aunque la Justicia no ha encontrado evidencia de que esto haya  sido así, el magistrado ha pagado un costo muy alto: la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuya disolución estaba contemplada en un proyecto del Gobierno, decidió excluir su nombre de la lista de elegibles para ocupar el cargo de magistrado titular de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Velásquez no desfallece y todo su equipo sigue en la búsqueda de pruebas que demuestren cómo los jefes paramilitares tenían su brazo político en el Congreso. Un valioso aporte a la verdad sobre hasta dónde llegó la influencia del paramilitarismo y una demostración de que es posible derrotar la impunidad.