Nunca antes quienes han padecido el conflicto colombiano habían sido tan visibles. CAMBIO rinde homenaje a quienes, pese a las adversidades, continúan en pie.
LAS VÍCTIMAS del conflicto interno colombiano fueron las grandes protagonistas del año que termina. Las imágenes más impactantes de los últimos 12 meses, grabadas para siempre en la memoria colectiva, tienen que ver con ellas. La de Íngrid Betancourt desde su secuestro inclemente e inhumano, fue la más dramática y estremeció al mundo porque mostró en su mayor crudeza la realidad del secuestro. También causó gran impacto la del profesor Gustavo Moncayo en su larga caminata desde Nariño hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Y la del policía Frank Pinchao, quien se escapó de las Farc después de seis años de cautiverio, e incluso la de Fernando Araújo, Canciller desde enero, cuya dramática historia ha conmocionado los círculos diplomáticos.
Entre los hechos dramáticos, el más desgarrador fue el asesinato de los 10 ex diputados del Valle, que llevaban cinco años en poder de las Farc y que fueron ejecutados con sevicia en plena selva, un hecho que produjo marchas multitudinarias de protesta contra el grupo guerrillero.
La huella atroz del secuestro marca las noticias mencionadas. Pero en 2007 también empezaron a hacerse visibles las víctimas de los grupos paramilitares que en las últimas dos décadas sembraron el terror en vastas zonas del país, gracias a las versiones libres que han rendido los jefes desmovilizados de las Auc bajo la Ley de Justicia y Paz. Lisinia Collazos, gobernadora indígena paez, es una de ellas. Su esposo y otro centenar de miembros de la comunidad murieron en la masacre del Alto Naya en abril de 2001, ejecutada por orden de H.H., como él mismo lo reconoció ante un fiscal de Justicia y Paz en noviembre.
No sólo víctimas de las Farc y las Auc han dejado oír sus voces y han sido protagonistas. También algunas del Eln, como Cecilia Mosquera, quien habló en julio en el Congreso a nombre de las familias de 84 personas que fallecieron en Machuca en 1998, en atentado al oleoducto que el Eln consideró un error y por el cual la cúpula del grupo guerrillero fue condenada en marzo a 40 años.
Y en el caso de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, que muchos creían cerrado, este año la Fiscalía lo reabrió y como consecuencia de las nuevas investigaciones, familiares de las víctimas verificaron que algunos de los muertos y desaparecidos habían salido con vida en la trágica jornada. Por ejemplo, Enrique Rodríguez pudo comprobar que su hijo Carlos, que trabajaba en la cafetería, salió vivo del Palacio. La Fiscalía ha demostrado que hubo víctimas de la acción del Ejército y por ello tres oficiales y dos suboficiales están detenidos.
Otra de las expresiones trágicas de cómo la violencia ha dejado miles de víctimas inocentes es el desplazamiento forzado. Virgelina Chará lo ha sido tres veces, a causa de acciones de los grupos armados. Como ella hay cerca de tres millones de colombianos. En ningún otro país del mundo hay tantos desplazados.
Son innumerables, en fin, las víctimas que ha dejado el conflicto y este año el país empezó a tener una mayor conciencia de ellas. Seres con heridas en el cuerpo y en el alma, que tienen nombres y son protagonistas de dolorosos dramas humanos. Casi 30.000 desaparecidos, 3.203 secuestrados según País Libre, y 6.548 afectados por minas antipersona -el número más alto en todo el mundo-, que se suman a miles de viudas, padres, hermanos y huérfanos de víctimas de asesinatos y masacres. Según la Fiscalía, sólo para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz se han inscrito 87.000 afectados.
En 2007 aumentó el activismo de las familias de las víctimas. Las madres de los secuestrados, por ejemplo, con las figuras simbólicas de Yolanda Pulecio y Clara Rojas, impulsaron sin tregua un acuerdo humanitario y las Madres de la Candelaria se encuentran religiosamente para abogar por sus seres queridos. No menos activo ha sido el papel de los parientes de los asesinados por las Auc que, en el cuarto aledaño a la sala donde los jefes desmovilizados rinden sus versiones libres, intentan descubrir la verdad sobre lo que les ocurrió a familiares y amigos.
Sobre algunos de ellos se ha vuelto a ensañar la violencia. Por declararse víctima de las Auc y denunciar la apropiación violenta de las tierras de los campesinos por jefes paramilitares hoy detenidos en Itagüí, fue asesinada Yolanda Izquierdo, líder comunal de Córdoba. Con ella ya son 13 los activistas muertos por pretender que jefes paramilitares cumplan con las exigencias de la Ley. Se han presentado más de 160 denuncias de este tipo.
La mayor visibilidad que adquirieron las víctimas durante 2007 tendrá efectos de largo alcance. Sergio Caramagna, quien dirige la misión de la OEA que verifica el proceso con las Auc, destaca el potencial que ellas tienen para buscar una reconciliación. Pone como ejemplo a Pastora Mira García, una habitante de la población antioqueña de San Carlos, quien perdió a dos de sus hijos y a un sobrino a manos de los paramilitares, y quien pese al drama que lleva a cuestas, se reúne cada semana con algunos de los 41 desmovilizados de las Auc en la región y avanza con ellos en un ejercicio de memoria que ya ha rendido frutos en beneficio de la Justicia: sobre un mapa de la zona demarcan con cruces los sitios donde ex militantes de las autodefensas recuerdan haber enterrado a sus víctimas.
La sal del proceso
Las víctimas son claves en un proceso de reconciliación. "Son la sal y la esencia del proceso -dice Luis González León, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía-. Sin ellas sería impensable concluir algún día con los paramilitares desmovilizados un proceso de paz medianamente aceptable por la comunidad". Y asegura que en su experiencia de dos años con las víctimas, nunca ha encontrado personas que se dejen arrastrar por la autocompasión o dispuestas a "dejarse doblegar por el yugo de la impunidad".
Por obra de sus valerosas denuncias, la Fiscalía ha aceptado en público que ha sido sobrepasada por la dimensión de la tarea y ha reconocido que tiene el reto de ofrecerles respuestas sin mayores dilaciones.
Para González, quien dirige los 22 fiscales encargados de recopilar las pruebas que servirán para fijar el rasero y los límites de los beneficios judiciales para los desmovilizados, las 1.502 víctimas que hasta la semana pasada estaban registradas en Justicia y Paz son las responsable de que más del 50 % de los crímenes que hoy son investigados avancen por el camino del esclarecimiento.
"Gracias a las víctimas logramos reconstruir la historia de horror que vivió el Putumayo en tiempos recientes y que convirtió al departamento en uno de los mayores cementerios de fosas comunes del país", asegura González.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, ya han sido diligenciados cerca de 50.000 formatos de denuncias concretas sobre hechos imputables a distintos grupos armados ilegales, una cifra que habla del empeño de las víctimas por rescatar la verdad. La participación activa de ellas es un valioso potencial para una reconciliación. Su exclusión de hecho bajo los esquemas tradicionales de perdón y olvido, ha dejado heridas abiertas y ha facilitado nuevos ciclos de violencia por cuenta de que las víctimas no son reconocidas o reparadas.
Está demostrado por diferentes experiencias en el mundo, que no hay reconciliación posible si no se tiene en cuenta a los afectados y a sus familiares, si la sociedad voltea la espalda a su dolor y al despojo de que fueron objeto. De eso dan fe países como Sudáfrica o, sin ir más lejos, Chile y Argentina. Las víctimas recuerdan que para lo que muchos es seguridad, para ellas es dolor, muerte, abandono y desplazamiento. "Hacer visibles a las víctimas es un primer paso esencial -dice Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles-.Darles rostro, nombre y familia puede ser más importante que la propia reparación material como base para una reconciliación".
No obstante el fracasado intento para un acuerdo humanitario y las dificultades que enfrenta el proceso con los paramilitares, cuyos jefes desmovilizados han callado más de lo que han confesado, por primera vez en muchos años, las víctimas han empezado a hacerse oír y han recibido mayor atención de algunas fundaciones, los medios de comunicación y la sociedad en general. Por eso para CAMBIO ellas son el personaje del año.
Algunas de las víctimas:
- Clara González de Rojas, víctima de las Farc
- Enrique Rodríguez, padre de desaparecido
- Lisinia Collazos, víctima de las Auc
- María Cecilia Mosquera, víctima del Eln
- Virgelina Chará, desplazada por las Auc
- Janeth Bautista, familiar de desaparecidos