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Ese día, como casi todos las semanas, debieron evitar que las autoridades colombianas detectaran el botín que llevaban a bordo y que sería vendido por 600.000 pesos. Llegaron cerca de las 5:00 a.m. al centro, donde fueron recibidos por el biólogo Raúl Rodríguez, quien luego de revisar el encargo les entregó el dinero y les habló de la necesidad de conseguir más micos nocturnos en el menor tiempo posible.
Sin embargo, antes de despedirse les advirtió: "En este centro trabajamos con el insumo que ustedes nos proveen, pero tengan cuidado con las autoridades colombianas porque nadie se puede enterar de que estos animales son peruanos o brasileros. No respondemos si alguno de ustedes se deja pillar y termina en la cárcel". Y es que el Código Penal colombiano dice en el artículo 328: "El que introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, incurrirá en prisión de dos a cinco años". Pero, además, el artículo 334 advierte: "El que sin permiso de autoridad competente realice experimentos, introduzca o propague especies animales, vegetales, hidrobiológicas o altere la población animal o vegetal, incurrirá en prisión de dos a seis años".
También es claro que el grupo de Patarroyo ha pasado por alto los principios éticos de la investigación biomédica, adoptados en la Asamblea Médica Mundial llevada a cabo en Helsinki, Finlandia, en 1964. En su duodécimo numeral, la conocida Declaración de Helsinki establece: "Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio ambiente. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos".
Los periodistas de CAMBIO fueron a Puerto Alegre, una población peruana de no más de 30 viviendas, a dos horas de Leticia por el río Amazonas, donde los indígenas, aparte de la agricultura, viven de la venta de micos al centro experimental. Uno de ellos, Víctor González, de 39 años, que ya perdió la cuenta del tiempo que lleva capturando micos, le contó a CAMBIO sobre esta actividad: "Los micos son muy esquivos con los humanos y para capturarlos debemos arrasar con 30 metros de bosque alrededor del árbol donde se encuentran. Si no hacemos eso, el mico se nos vuela. Debemos llevar los animales a Leticia en la madrugada, escondidos, para no dejarnos ver de las autoridades porque si nos cogen nos dan tres años de cárcel. El doctor Patarroyo nos ha dicho que tengamos cuidado con eso y que si nos coge la ley digamos que los animales los capturamos del lado colombiano".
En Barranquilla, un corregimiento peruano a cuatro horas de Leticia por el Amazonas, los indígenas Evin Santos y Yolvin Santajaya también hablan del tráfico de micos. "Llevo cuatro años capturando micos y a veces creo que ya se están acabando -dice Santos- Raúl, que trabaja para el doctor Patarroyo, me paga 50.000 pesos por cada uno. Para evitar sustos a veces envío los micos con mi tío Carlos Barbosa que tiene cédula colombiana". Por su parte, Santayana dice: "Lo único que nos interesa es la plata y el doctor Patarroyo paga bien por cada mico".
Como ellos, indígenas de Chinería, Gamboa, Yahuma, Vista Alegre, San José de Yanayaco y San Mguel en Perú, y de Bon Sitio, Tucano, Sacambú y Puerto Brasil en Brasil, llegan los viernes al centro experimental de Patarroyo para vender micos de las dos especies, una de las cuales, la Aotus vociferans, está en peligro de extinción si no se controla su comercio, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora en Peligro, CITES.
CAMBIO tuvo acceso a documentos del centro experimental, correspondientes a 2004 y 2005, y en ellos aparecen listados completos de proveedores, fechas y procedencia de los animales, que demuestran el tráfico ilegal de micos de los países vecinos.
¿Por qué el doctor Patarroyo compra ilegalmente micos capturados en Perú y Brasil si durante años ha tenido permiso para hacerlo en Colombia? La respuesta parece tenerla Marta Bueno, profesora asociada del Departamento de Biología de la Universidad Nacional: "En Colombia puede encontrase esta especie en pequeñas cantidades, pero según una clasificación de las especies de Aotus, hecha por especialistas en 1983, los Aotus nancymae habitan especialmente las selvas de Perú y Brasil".
El asunto no es nuevo para el Ministerio del Ambiente en Bogotá. Según Claudia Rodríguez, del área de Ecosistemas, hace dos años el Ministerio intervino en una controversia entre Corpoamazonía y Patarroyo, y aunque había alguna evidencia de irregularidades la investigación no terminó en nada.
En Perú y Brasil, funcionarios de entidades ambientales le aseguraron a CAMBIO que aunque tienen información parcial sobre el tráfico de micos para el científico Patarroyo, no han podido hacer nada, entre otras razones porque las autoridades colombianas no controlan el ingreso de especies de otros países. "Desde hace dos años he recibido informes sobre este asunto y si un país actúa y el otro no, se vuelve improductiva nuestra labor -aseguró Hermes Nunes Boges, jefe del Instituto Brasilero del Medio Ambiente, IBAMA-. Estamos intentando una reunión con la Comisión de Vecindad para que unifiquemos las leyes en este sentido".