LA CAMPAÑA de Alfonso Palacio Niño, un trabajador social oriundo de Santander, transcurrió entre el fuego y la zozobra. En los últimos seis meses recibió 14 alertas de atentado y vio caer a una decena de sus simpatizantes en ataques que coincidieron con intervenciones suyas en plaza pública. Día y noche debía andar custodiado por un séquito de escoltas, pero aun así insistió en su aspiración a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, Cesar. Y ganó.
Para Palacio lograr el respaldo popular de las urnas fue una prueba de credibilidad. Su nombre salió a relucir en el último año como uno de los testigos clave en el proceso que la Corte Suprema de Justicia les sigue a 15 congresistas por supuestos nexos con paramilitares. Por eso sus contradictores quisieron convertir su colaboración con la Justicia en debilidad: lo acusaron de buscar créditos políticos a expensas de la desgracia de líderes políticos como Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo Castro.
Los simpatizantes de estos dos dirigentes hicieron circular en vísperas de la elección un panfleto en el que relacionaban todos los viajes que hizo Palacio a Bogotá durante la campaña, según ellos para convertir los estrados de la Corte en escenario de figuración política. "Mezcló artificiosamente mentiras con verdades y supo vender bien su libreto", decía un aparte de los volantes que, además, le imputaba "un pasado oscuro de militancia en la guerrilla".
Sin embargo, los ataques no le hicieron mella. Avalado por el Partido Liberal, Palacio ganó la Alcaldía con 5.062 sufragios, el 57,1% del total de votos, cifra sin antecedentes en el municipio carbonífero. Hernando Fidel Guerra, el candidato de Alas Equipo Colombia -apadrinado por los directorios de Araújo y Pimiento- obtuvo sólo 1.338 votos, el 15,09% de la votación.
Pero la prueba de credibilidad para Palacio apenas comienza. Su principal reto consiste en transformar un municipio que recibe cada año cerca de 35.000 millones de pesos, pero que tiene una de las más pobres coberturas del país en materia de servicios públicos, salud y educación. También le corresponderá demostrar que no será como cuatro de sus antecesores que fueron destituidos por nexos con Jorge 40 y con Tolemaida, los dos jefes paramilitares que desangraron la región.
Retos semejantes enfrenta Christian Moreno, otro testigo clave de la Corte Suprema, elegido el domingo como gobernador del Cesar. Abogado especialista en Derecho Público, figura en los expedientes de la parapolítica como el hombre que le ayudó a la Corte a entender cómo funcionó en los últimos 10 años en el departamento el maridaje de la clase política tradicional como los paramilitares.
En 2003, cuando fue a la Registraduría a inscribir su candidatura, una ráfaga de ametralladora le notificó que el cargo de Gobernador no sería para él, que estaba escriturado para Hernando Molina Araújo.
Hoy, cuatro años después, los que no pudieron elegirlo lo respaldaron con 141.211 votos, el 44% de la votación, cifra histórica en Cesar en elecciones en las que hubo más de un candidato en contienda.
Moreno dice que quiere cerrar ese capítulo y "gobernar con equilibrio y sin odios", pero admite que tendrá que hacer un gran esfuerzo para curar las heridas que ha dejado el conflicto.