Gobernaciones: malas compañías

NÚMERO DE ASPIRANTES: 151
NÚMERO DE GOBERNADORES A ELEGIR: 32

Si de cifras globales se trata, las de los departamentos no son nada despreciables. Según el Ministerio de Hacienda, los ingresos de estos entes ascendieron en 2006 a 14,9 billones de pesos, de los cuales 6,8 billones correspondieron a transferencias, 4 billones a ingresos de capital y 3,4 billones a ingresos tributarios.

Semejantes sumas despiertan, al parecer, apetitos indebidos. Este año la Procuraduría General de la Nación destituyó de manera fulminante al gobernador de Casanare, William Hernán Pérez Espinel, y lo inhabilitó por 12 años para desempeñar cargos públicos. La razón fue la firma de convenios con la Universidad de Cartagena por 1.200 millones de pesos para que el centro educativo actuara como interventor en una serie de contratos para la construcción de vías y acueductos sin la realización de los estudios legales previos. Como él, otros tres mandatarios departamentales elegidos en 2003 fueron relevados de sus cargos por el Ministerio Público, luego de comprobar que también habían incurrido en irregularidades en el régimen de contratación.

Pero el maridaje más nefasto en lo que tiene que ver con la contratación departamental es el que constituyeron algunos mandatarios seccionales con grupos armados al margen de la ley, concretamente con organizaciones paramilitares, que habrían sido decisivos para su elección.  Como resultado, Hernando Molina Araújo, gobernador de César, y Trino Luna, de Magdalena, están hoy en la cárcel, aunque las investigaciones sobre su proceder continúan.

El atractivo que tienen las gobernaciones para las organizaciones criminales es claro. Además de contar con recursos propios para contratar obras y personal, en diversos departamentos hay empresas territoriales como licoreras, hospitales o electrificadoras que también son fuente de poder y de fondos. También resulta muy apetitosa la entrega en concesión del chance, un juego de azar de origen popular que mueve sumas millonarias, como lo demuestra el caso de Enilse López, conocida como La Gata. A lo anterior hay que agregarle el negocio de la salud, pues la contratación de los servicios para atender a los millones de usuarios del régimen subsidiado debe hacerse con entidades departamentales, decisión en la cual el gobernador de turno juega un papel fundamental.