Muro de contención

Alfonso López Cossio, candidato a la Gobernación de Bolívar, acompañado por el hijo de La Gata (a la derecha).

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EL MARTES 23 EN LA NOCHE, los delegados del Registrador Nacional en todo el país recibieron la orden perentoria de no incluir en el escrutinio del próximo domingo los votos depositados por 319 candidatos que están inhabilitados por haber sido objeto de condenas penales, disciplinarias o fiscales.

Para facilitar su cumplimiento, la organización electoral montó de urgencia un plan pedagógico para que los jurados de votación actúen en consecuencia con una decisión sin antecedentes en la historia del país: el fallo del juez del Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá que respondió así a una acción popular instaurada por los ciudadanos Hernán Garrido y Secundino Rodríguez, para proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y el ejercicio transparente del voto. "La medida tiene carácter cautelar o preventivo -le explicó a CAMBIO Lucy Jeannette Bermúdez, procuradora delegada ante el Consejo de Estado-. Pero sus efectos serán inmediatos en la medida en que el tiempo alcance para su ejecutoria".

Como resultaba prácticamente imposible eliminar los nombres de los inhabilitados de los tarjetones, el registrador Juan Carlos Galindo envió a las regiones donde tendrá impacto la decisión, listados certificados por la Procuraduría para que las autoridades electorales sepan quiénes son y no contabilicen los votos depositados por ellos.

No obstante, el carácter provisional del fallo genera incertidumbre, pues más adelante el Tribunal Administrativo o el Consejo de Estado podrían revisar la decisión del juez, y un pronunciamiento contrario abriría las puertas para que los afectados buscaran reivindicar sus derechos e incluso demandar a la Nación. Según el especialista en Derecho Público Javier Ernesto Benítez, el fallo tiene alcance histórico, pero desnuda vacíos constitucionales y legales: el Estado, a través de la Organización Electoral, no puede impedir que personas cuyos derechos políticos están suspendidos como consecuencia de decisiones judiciales presenten su candidatura a cargos que no podrían ejercer.

No obstante y aun antes de que el fallo del juez se hiciera público, el procurador general Edgardo Maya aseguró que daría la batalla legal para evitar que alguno de los inhabilitados que pueda salir elegido ejerza funciones públicas sin antes saldar sus cuentas pendientes con la Justicia.