Octubre 24 de 2007
El negocio de la política
Miles de candidatos honestos compiten este domingo contra estructuras mafiosas que buscan expandir su control sobre los recursos públicos.
ANTES DE ENCONTRAR mecenas en la política de Cundinamarca, Julio Eduardo Riveros Junca palió sus necesidades durante ocho años con la venta de empanadas y trabajando como fontanero en la población sabanera de Tabio. Aunque no hay mayores registros de su formación académica, él asegura que tiene una especialización en Administración en Salud pero evade el tema incluso con sus amigos más cercanos cuando le piden que cuente cómo se preparó para convertirse en esa especie de Vladimiro Montesinos del gobierno departamental.
Sea como fuere, Yiyo -el apelativo que le dio notoriedad nacional- tiene para mostrar una acelerada carrera en la administración pública que ha estado demarcada por su ambición de poder. En los últimos ocho años, de los 36 que tiene, ha sido alcalde de Tabio, director de Acción Comunal de Cundinamarca, secretario de Agricultura y de Tránsito del departamento y presidente del Consejo Superior de Política Social. Pero, sobre todo, ha tenido voz e influencia en la repartición de presupuestos y en la adjudicación de contratos, uno de los cuales lo tiene hoy bajo arresto domiciliario: la construcción de una red de ciclorrutas cuando era secretario de Tránsito de la gobernación de Pablo Ardila.
Aunque su caso no es el único de un político que ha convertido su actividad en un lucrativo negocio, sí es el más notorio de los últimos tiempos, a juzgar por todas las investigaciones que los organismos de control han iniciado en su contra. Su influencia es tal que algunas versiones indican que, aún detenido en su residencia, mantiene vivos los contactos que le permitirán seguir vigente, y que podría ser elegido diputado por Cundinamarca el 28 de octubre.
Yiyo es el prototipo de los colombianos que han convertido la política en un oficio rentable y que se han asegurado, a punta de dinero e influencias, un espacio permanente en la administración pública. Como él hay muchos que aspiran a ser elegidos el próximo domingo. Contra ellos compiten aspirantes honestos con vocación de servicio, no siempre en condiciones favorables, pues para nadie es un secreto que maquinarias mafiosas, que se han tomado algunas administraciones locales y regionales, han movido los engranajes para mantenerse en el poder por medio de nuevas y viejas fichas políticas.
Lo que está en juego
Abierto aún el capítulo de la parapolítica, y cuando tras las rejas hay una veintena de congresistas y un número igualmente importante es investigado y está a la espera de que le definan su situación judicial, en las elecciones del próximo domingo, más allá de las ideas, compiten dos modelos en conflicto: servicio público contra lucro individual.
A juzgar por las denuncias sobre trasteo y compra de votos, los rumores sobre millonarios recursos de dudosa procedencia para financiar candidatos bajo sospecha, el costo de campañas que han superado los mil millones de pesos y que violan los topes establecidos por la ley, hay razones de peso para pensar que ha crecido el número de aspirantes para quienes la política no es más que un lucrativo negocio: invierten ingentes recursos en la campaña con miras a recuperar el capital más los correspondientes rendimientos en el ejercicio del cargo para el cual son elegidos.
El fenómeno tiene varias explicaciones. En primer lugar, es evidente que la profesionalización de la política, que llevó, por ejemplo, a la asignación de sueldos por medio de la figura de honorarios a concejales y ediles, en algunos casos terminó degradando el ejercicio de una actividad que era considerada hasta hace algunos años como altruista y cuya mayor motivación era el servicio a la comunidad. "Al Concejo se llegaba a servir, no a lucrarse", sostiene el ex ministro Jaime Castro.
En segundo lugar, la acelerada descentralización que tuvo el país a partir de 1986 y que recibió un impulso definitivo con la Constitución de 1991, no ha estado acompañada de mejores prácticas ni existen mecanismos eficientes de control ni herramientas que le permitan al Gobierno central intervenir y cortar de tajo casos de evidente corrupción. "Lo malo de la descentralización, que tiene muchas cosas buenas, es que terminó descentralizando la corrupción", afirma el senador liberal Héctor Helí Rojas.
Una tercera explicación del creciente uso de prácticas mafiosas es el narcotráfico. Con su aparición se fueron conformando verdaderas empresas criminales dedicadas a esquilmar las arcas del Estado, fenómeno que llegó a su máxima expresión con el abominable maridaje de políticos y paramilitares. Mientras los primeros aportaron su conocimiento de las prácticas clientelistas para perpetuarse en el poder, los segundos impusieron candidatos y establecieron sistemas de control en las administraciones locales y regionales para nutrirse de los recursos de la salud, la educación, la contratación de obras públicas y las regalías, haciendo uso de amenazas y asesinando a los opositores. Como dice la analista Claudia López, "diversas alianzas entre plata de la mafia, armas de paramilitares y clientelismo político se tomaron por lo menos una tercera parte de los poderes local, regional y nacional".
Y la situación no parece dar señales de mejorar. Según el vicepresidente Francisco Santos, cuya oficina abandera la lucha contra la corrupción, "los movimientos independientes que transformaron a Bogotá a finales del siglo pasado y a Medellín en este último cuatrenio, son hoy aventuras mucho más difíciles de emprender, pues la reforma política de 2003 quedó incompleta". La reforma, promovida con el propósito de disminuir el número de partidos políticos, lo que hizo fue aglutinar una serie de microempresas electorales y otorgar un enorme poder a organizaciones políticas que, sin tener trayectoria o sólidos fundamentos ideológicos, terminaron beneficiándose de los recursos del Estado, incluso en aquellos sitios donde no había presencia de bandas armadas. "Las malas prácticas fueron copiadas en todas partes", sostiene el senador Rojas.
Negocio lucrativo
Así las cosas, la política se ha convertido en una especie de danza de los millones en donde hay quienes bailan con la música de los recaudos públicos, que van a sus bolsillos, y otros danzan con la melodía del gasto, del cual toman una parte a través de mecanismos ilegales. "El negocio de algunos políticos está en la contratación pública y en tener acceso a los centros de poder donde se toman las decisiones -afirma Elizabeth Ungar, directora de Congreso Visible de la Universidad de Los Andes-. Allí ejercen su influencia y hacen cabildeo a favor de quienes les patrocinaron sus campañas. ¿Cómo? Influyendo en el presupuesto y en las políticas públicas de inversión".
La motivación de servicio a la comunidad ya no es consustancial a la política. "El que, por ejemplo, le mete mil millones de pesos a una campaña, no lo hace por buen ciudadano sino porque busca recuperar con réditos esa inversión", dice Ungar, y agrega que los mecenas en la política no existen y que la política pasó a ser un negocio lucrativo que les permite vivir holgadamente a quienes logran constituir empresas electorales cuyo fin último es ganar, a toda costa y mediante cualquier medio, todas las elecciones que se convocan en el país. El politólogo Francisco Leal resumió el fenómeno en su columna del miércoles en El Tiempo: "Al parecer, 'el botín de guerra' del Estado no tiene límites, ya que los buenos salarios de que gozan los cargos públicos de elección popular no son suficientes para pagar las cuotas iniciales de los gastos de campaña".
Por su parte, el ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro, sostiene que el negocio de la política no sólo está en la contratación pública sino en la constitución de mafias municipales y regionales, que convirtieron en modo de vida ganar elecciones y que luego hacen lo necesario para recuperar los miles de millones que invierten en las campañas. "Si no fuera un buen negocio, los mafiosos de la política hace tiempo se habrían retirado de ella", afirma el ex alcalde.
Para ilustrar su punto, Castro da el ejemplo de un municipio pequeño de no más de 10.000 habitantes y un presupuesto anual de mínimo 2.500 millones de pesos. "En cuatro años de gobierno, un alcalde maneja 10.000 millones de pesos: el negocio está ahí, no en la figuración, ni en el prestigio político, como aseguran quienes desconocen los intríngulis de las empresas electorales".
Para que la empresa marche bien, algunos alcaldes y gobernadores se asocian con concejales y diputados con el único fin de incrementar sus ganancias. En ocasiones también logran que procuradurías y contralorías e incluso los delegados judiciales en las regiones les hagan la segunda. Castro sostiene que hay funcionarios corruptos que reciben plata por otorgar licencias de funcionamiento de bares, de construcción ilegal de viviendas y licencias ambientales, entre otras irregularidades, en abierto desafío a la normatividad legal vigente. "La descentralización se pudrió en Colombia", afirma tajante el ex alcalde.
Como si todo lo anterior fuera poco, ha surgido con mucha fuerza otro fenómeno electoral como es el de tratar de imponer al sucesor. Hoy es fácil encontrar a mandatarios comprometidos abiertamente con las candidaturas de sus herederos, que no dan garantías a los demás competidores. En Santander, por ejemplo, el candidato Horacio Serpa ha denunciado la abierta participación en política del gobernador Hugo Aguilar -llamado por la Fiscalía a declarar por supuestos vínculos con los paramilitares- a favor de Dídier Tavera, de Convergencia Ciudadana.
¿Todo está perdido? No, dice el vicepresidente Santos: "Lo que se necesita es más democracia, más participación, más veeduría ciudadana". Algo similar cree Antanas Mockus que, a la cabeza de la iniciativa Voto Vital, emprendió una campaña por la pureza del voto.
Por otra parte, cabe destacar la labor de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica, pues ha dejado en claro que para los políticos que han hecho alianzas non sanctas con el propósito de llegar a cargos de elección popular o que están involucrados en irregularidades que atentan contra la administración y los recursos públicos hay castigo.
El camino, sin embargo, no es fácil. Conocedores del tema insisten en la necesidad de una gran reforma institucional para impedir el contubernio entre los órganos de control y los entes judiciales, encargados de castigar las prácticas corruptas y los sujetos de control. Y además resulta indispensable una reforma política de mayor calado, que eleve el umbral, elimine el voto preferente, exija mayor responsabilidad a los jefes de los partidos que dan avales e impida que se repitan tantos vicios como los que se vieron en esta campaña electoral. En el intermedio, cabe buena parte de la responsabilidad a los ciudadanos, la prensa, los políticos honestos y los organismos judiciales. Si no hay voluntad y prácticas concretas para cerrarles el paso a los corruptos, éstos seguirán acumulando riquezas y la frágil democracia colombiana perderá aún más terreno.