Octubre 26 de 2007
¿Merecemos lo que nos espera?
Claudia López afirma que las elecciones del domingo mostrarán si la judicialización del fenómeno de la parapolítica tuvo o no algún efecto.
POR CLAUDIA LÓPEZ
analista*
LA TRANSFORMACIÓN política que Colombia no había tenido en un siglo, se concretó en seis años: de 1997 a 2003. Diversas alianzas entre plata de la mafia, armas de paramilitares y clientelismo político se tomaron por lo menos una tercera parte del poder local, regional y nacional. Es lo que en últimas es la parapolítica. Y ella reconfiguró el mapa del poder político desde las alcaldías hasta el Congreso. Eso fue lo que se cocinó durante dos décadas y se concretó en esos seis años.
En las elecciones de 2002 los partidos, que luego serían descubiertos y enjuiciados por parapolítica, lograron hacerse a la tercera parte del Senado, poner sus respectivas fórmulas en Cámara y ayudar a elegir a Álvaro Uribe a la Presidencia. De acuerdo con investigaciones periodísticas y judiciales, ese éxito electoral se logró constriñendo a los electores e imponiendo candidatos a los que les repartieron votaciones y municipios. Es decir, armándoles distritos electorales ganadores a los candidatos consentidos, haciendo fraude electoral y en concierto para delinquir con paramilitares. Esto es lo que muestra el mapa de votaciones atípicas en distritos electorales en las elecciones de Senado de 2002.
El caudal electoral así obtenido se trasladó casi completo a las elecciones locales de 2003, aunque con alianzas y avales diversos. Si se suman los votos obtenidos por los partidos más vinculados a la parapolítica, con los de algunos candidatos infiltrados en partidos más grandes como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y lo que luego sería La U, se llega a la conclusión de que en 2003 obtuvieron cerca de 1,5 millones de votos con los cuales ganaron siete gobernaciones, 271 alcaldías, y pusieron 3.916 concejales y 135 diputados. Casi la tercera parte del país es gobernado en lo local y regional por esas alianzas, organizadas fundamentalmente en fuerzas políticas emergentes que pasaron a ser las estrellas del mapa político y enterraron el bipartidismo.
La parapolítica fue un resultado inesperado y no calculado por el Gobierno Nacional y los paramilitares. Aunque nunca lo han reconocido explícitamente, el acuerdo original entre ellos preveía que ninguno de los aliados económicos o políticos del paramilitarismo iría a la cárcel y que ni siquiera tendrían que delatarse. "Esa verdad no la resistiría el país", dijo entonces Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz. Pero la Ley de Justicia y Paz decía otra cosa: que tenían que entregarse y que si lo hacían voluntariamente, tendrían a cambio perdón y olvido, y no pagarían un solo día de cárcel.
Sin embargo, los testaferros políticos y económicos del paramilitarismo estaban tan confiados de que tenían tanto poder, tantas curules y tantas alcaldías y gobernaciones, que nadie los tocaría aunque no se entregaran voluntariamente. Se equivocaron. La Corte Suprema de Justicia aplicó la Ley y no los acuerdos velados del Gobierno y el paramilitarismo. Así nació la judicialización de la parapolítica.
Lo que está en juego
En las elecciones de 2006, el escándalo de la parapolítica apenas asomaba y no tuvo mayores efectos electorales. De hecho, todos los congresistas hoy presos por parapolítica fueron reelegidos con las mismas tácticas de fraude electoral, constreñimiento al elector y concierto para delinquir. Y todos promovieron la reelección del Presidente, con la excepción de Juan Manuel López Cabrales en Córdoba.
Así las cosas, lo que está por verse en las elecciones del próximo domingo es si la judicialización de la parapolítica tendrá o no algún efecto electoral. Si lo midiéramos por el número de políticos enjuiciados, encarcelados y el despliegue del tema en los medios de comunicación, sería de esperar que los partidos de la parapolítica lograran menos votos y alcanzaran menos cargos. Pero a la luz de la cruda realidad política seguramente no tendrá mayor efecto y conservarán casi la misma cuota de poder.
El único escollo que han tenido las alianzas de la parapolítca es la Corte Suprema de Justicia. Por eso los congresistas renuncian a su curul, para evadir a la Corte y tener más tiempo en la Fiscalía y juicios más benignos en sus regiones. Por eso del Presidente para abajo han arremetido contra la Corte y amenazado su legitimidad. La Corte Suprema es la única piedra en su zapato.
Todos los demás posibles obstáculos los han superado con éxito. La denuncia en los medios de comunicación los afecta poco, mientras puedan seguir usando la buena imagen presidencial y la plata y el poder regional para comprar electores. Han hundido las reformas políticas que habrían podido cortarles las alas. Los congresistas que reemplazaron a los que fueron a la cárcel hundieron los intentos de reforma que les impedían avalar candidaturas en estas elecciones, obtener financiación estatal o que les imponían mayores sanciones. Como resultado, seguimos pagando con nuestros impuestos las campañas de los más de 25.000 candidatos que los partidos de la parapolítica avalan para estas elecciones, muchos de los cuales son apoyados desde la cárcel.
Otro posible obstáculo habría sido que les aplicaran de verdad el régimen penitenciario. Pero la generosidad del Gobierno les ha permitido tener celulares, Internet, visitas ilimitadas, comunicación permanente y hacer campaña a sus anchas. Lo único que no han podido hacer es salir a las correrías.
Es cierto que esas alianzas perdieron el grueso de su brazo armado porque 35.000 paramilitares se desmovilizaron. Pero a estas alturas el mismo Gobierno reconoce que ya hay rearmados 5.000 combatientes. Y aunque es notorio que en esta campaña electoral ha habido menos presión armada, mayor movilidad y menos candidaturas únicas, la verdad es que la pérdida de ese brazo armado era más lo que estorbaba que lo que aportaba. Los alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y congresistas que eligieron desde el 97 llevan casi 10 años gobernando. Reparten puestos, subsidios, programas, obras, consejos, servicios y plata. Estos medios de legitimación política son más eficaces desde el punto de vista electoral que la presión armada, la cual ejercieron fundamentalmente para llegar al poder, no para mantenerse en él.
Hasta 1997 el mapa político era fundamentalmente azul y rojo. Para 2003 eso era cosa del pasado y en cambio se veía un despliegue de colores, cada uno como símbolo de un partido. El de 2007 tendrá menos colores porque muchos movimientos se usaron para la toma del poder, pero luego se fueron fusionando en macro-estructuras partidistas más fuertes en lo regional y nacional. Lo grave no es que haya más o menos colores sino el poder que hay detrás de ellos. La Corte Suprema empezó a develar esos poderes y está pagando caro por eso. Pero siguen enquistados y allí seguirán mientras los colombianos no nos demos a la tarea de quitarles votos, poder y legitimidad. Eso es lo que se juega este 28 de octubre.
* Con la asistencia en investigación y mapas de Felipe Jiménez y Sol Gaitán.