Octubre 25 de 2007
Muro de contención
La decisión de un juez que prohíbe contar los votos de candidatos inhabilitados, afecta a 319 aspirantes a corporaciones.
EL MARTES 23 EN LA NOCHE, los delegados del Registrador Nacional en todo el país recibieron la orden perentoria de no incluir en el escrutinio del próximo domingo los votos depositados por 319 candidatos que están inhabilitados por haber sido objeto de condenas penales, disciplinarias o fiscales.
Para facilitar su cumplimiento, la organización electoral montó de urgencia un plan pedagógico para que los jurados de votación actúen en consecuencia con una decisión sin antecedentes en la historia del país: el fallo del juez del Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá que respondió así a una acción popular instaurada por los ciudadanos Hernán Garrido y Secundino Rodríguez, para proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y el ejercicio transparente del voto. "La medida tiene carácter cautelar o preventivo -le explicó a CAMBIO Lucy Jeannette Bermúdez, procuradora delegada ante el Consejo de Estado-. Pero sus efectos serán inmediatos en la medida en que el tiempo alcance para su ejecutoria".
Como resultaba prácticamente imposible eliminar los nombres de los inhabilitados de los tarjetones, el registrador Juan Carlos Galindo envió a las regiones donde tendrá impacto la decisión, listados certificados por la Procuraduría para que las autoridades electorales sepan quiénes son y no contabilicen los votos depositados por ellos.
No obstante, el carácter provisional del fallo genera incertidumbre, pues más adelante el Tribunal Administrativo o el Consejo de Estado podrían revisar la decisión del juez, y un pronunciamiento contrario abriría las puertas para que los afectados buscaran reivindicar sus derechos e incluso demandar a la Nación. Según el especialista en Derecho Público Javier Ernesto Benítez, el fallo tiene alcance histórico, pero desnuda vacíos constitucionales y legales: el Estado, a través de la Organización Electoral, no puede impedir que personas cuyos derechos políticos están suspendidos como consecuencia de decisiones judiciales presenten su candidatura a cargos que no podrían ejercer.
No obstante y aun antes de que el fallo del juez se hiciera público, el procurador general Edgardo Maya aseguró que daría la batalla legal para evitar que alguno de los inhabilitados que pueda salir elegido ejerza funciones públicas sin antes saldar sus cuentas pendientes con la Justicia.
De los candidatos inhabilitados con opción de ganar gobernaciones, tres se declararon sorprendidos con el fallo e hicieron saber, por medio de sus campañas, que no se resignarán a que un juez modifique "la voluntad popular". Uno de ellos, William Hernán Pérez Espinel, aspirante a la Gobernación de Casanare, castigado con un fallo de destitución que le impide ejercer funciones públicas hasta noviembre de 2009, considera que, según la Constitución, la soberanía radica en el pueblo y que, en consecuencia, el veredicto popular en las urnas estaría por encima de una decisión disciplinaria.
Apuesta perversa
Los dos otros dos son José Leonidas Soto y Félix Acosta Soto, ambos candidatos a la Gobernación de Vaupés. El primero está inhabilitado hasta noviembre de 2007 y el segundo hasta abril de 2008. Ellos, lo mismo que 30 candidatos a alcaldías y 18 aspirantes a asambleas con sanciones disciplinarias en firme, le habían apostado a su elección, aún conscientes del riesgo de una demanda. Le apostaban a que la lentitud de los procesos judiciales jugaría a su favor y les permitiría cumplir sus períodos sin problema.
El Ministerio Público considera que los impedidos que inscribieron sus candidaturas violaron la ley penal porque en el momento de su postulación juraron no tener antecedentes o inhabilidades. Por eso la semana pasada la procuradora delegada ante el Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, entabló denuncia penal en su contra y pidió al fiscal Mario Iguarán conformar una comisión especial de fiscales para acelerar el proceso.
BAJO SOSPECHA
Aunque autoridades, medios de comunicación y ONG han hecho causa común para pedir a los electores que no boten su voto respaldando en las urnas a candidatos con inhabilidades, la verdad es que también hay candidatos que no tienen sanciones, condenas o procesos pendientes, pero sobre los cuales recaen graves sospechas.
En estos casos, las campañas en pro del voto limpio e independiente han hecho llamados para que los electores apliquen la sanción social y se abstengan de votar por ellos. Entre los casos más relevantes de este tipo se destacan dos: el de Didier Tavera, candidato a la Gobernación de Santander por el Movimiento de Convergencia Ciudadana, cuya finca, según testimonios recogidos por la Fiscalía, sirvió de lugar de reunión de sicarios al servicio de paramilitares, y el de Alfonso López Cossio, aspirante a la Gobernación de Bolívar, llamado a versión libre por presuntos vínculos con grupos paramilitares al servicio de Enilse López, La Gata.