El negocio de la política
(Página 2 de 4)
A juzgar por las denuncias sobre trasteo y compra de votos, los rumores sobre millonarios recursos de dudosa procedencia para financiar candidatos bajo sospecha, el costo de campañas que han superado los mil millones de pesos y que violan los topes establecidos por la ley, hay razones de peso para pensar que ha crecido el número de aspirantes para quienes la política no es más que un lucrativo negocio: invierten ingentes recursos en la campaña con miras a recuperar el capital más los correspondientes rendimientos en el ejercicio del cargo para el cual son elegidos.
El fenómeno tiene varias explicaciones. En primer lugar, es evidente que la profesionalización de la política, que llevó, por ejemplo, a la asignación de sueldos por medio de la figura de honorarios a concejales y ediles, en algunos casos terminó degradando el ejercicio de una actividad que era considerada hasta hace algunos años como altruista y cuya mayor motivación era el servicio a la comunidad. "Al Concejo se llegaba a servir, no a lucrarse", sostiene el ex ministro Jaime Castro.
En segundo lugar, la acelerada descentralización que tuvo el país a partir de 1986 y que recibió un impulso definitivo con la Constitución de 1991, no ha estado acompañada de mejores prácticas ni existen mecanismos eficientes de control ni herramientas que le permitan al Gobierno central intervenir y cortar de tajo casos de evidente corrupción. "Lo malo de la descentralización, que tiene muchas cosas buenas, es que terminó descentralizando la corrupción", afirma el senador liberal Héctor Helí Rojas.
Una tercera explicación del creciente uso de prácticas mafiosas es el narcotráfico. Con su aparición se fueron conformando verdaderas empresas criminales dedicadas a esquilmar las arcas del Estado, fenómeno que llegó a su máxima expresión con el abominable maridaje de políticos y paramilitares. Mientras los primeros aportaron su conocimiento de las prácticas clientelistas para perpetuarse en el poder, los segundos impusieron candidatos y establecieron sistemas de control en las administraciones locales y regionales para nutrirse de los recursos de la salud, la educación, la contratación de obras públicas y las regalías, haciendo uso de amenazas y asesinando a los opositores. Como dice la analista Claudia López, "diversas alianzas entre plata de la mafia, armas de paramilitares y clientelismo político se tomaron por lo menos una tercera parte de los poderes local, regional y nacional".
Y la situación no parece dar señales de mejorar. Según el vicepresidente Francisco Santos, cuya oficina abandera la lucha contra la corrupción, "los movimientos independientes que transformaron a Bogotá a finales del siglo pasado y a Medellín en este último cuatrenio, son hoy aventuras mucho más difíciles de emprender, pues la reforma política de 2003 quedó incompleta". La reforma, promovida con el propósito de disminuir el número de partidos políticos, lo que hizo fue aglutinar una serie de microempresas electorales y otorgar un enorme poder a organizaciones políticas que, sin tener trayectoria o sólidos fundamentos ideológicos, terminaron beneficiándose de los recursos del Estado, incluso en aquellos sitios donde no había presencia de bandas armadas. "Las malas prácticas fueron copiadas en todas partes", sostiene el senador Rojas.
