¿Merecemos lo que nos espera?

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Lo que está en juego

En las elecciones de 2006, el escándalo de la parapolítica apenas asomaba y no tuvo mayores efectos electorales. De hecho, todos los congresistas hoy presos por parapolítica fueron reelegidos con las mismas tácticas de fraude electoral, constreñimiento al elector y concierto para delinquir. Y todos promovieron la reelección del Presidente, con la excepción de Juan Manuel López Cabrales en Córdoba.

Así las cosas, lo que está por verse en las elecciones del próximo domingo es si la judicialización de la parapolítica tendrá o no algún efecto electoral. Si lo midiéramos por el número de políticos enjuiciados, encarcelados y el despliegue del tema en los medios de comunicación, sería de esperar que los partidos de la parapolítica lograran menos votos y alcanzaran menos cargos. Pero a la luz de la cruda realidad política seguramente no tendrá mayor efecto y conservarán casi la misma cuota de poder. 

El único escollo que han tenido las alianzas de la parapolítca es la Corte Suprema de Justicia. Por eso los congresistas renuncian a su curul, para evadir a la Corte y tener más tiempo en la Fiscalía y juicios más benignos en sus regiones. Por eso del Presidente para abajo han arremetido contra la Corte y amenazado su legitimidad. La Corte Suprema es la única piedra en su zapato.

Todos los demás posibles obstáculos los han superado con éxito. La denuncia en los medios de comunicación los afecta poco, mientras puedan seguir usando la buena imagen presidencial y la plata y el poder regional para comprar electores. Han hundido las reformas políticas que habrían podido cortarles las alas. Los congresistas que reemplazaron a los que fueron a la cárcel hundieron los intentos de reforma que les impedían avalar candidaturas en estas elecciones, obtener financiación estatal o que les imponían mayores sanciones. Como resultado, seguimos pagando con nuestros impuestos las campañas de los más de 25.000 candidatos que los partidos de la parapolítica avalan para estas elecciones, muchos de los cuales son apoyados desde la cárcel.

Otro posible obstáculo habría sido que les aplicaran de verdad el régimen penitenciario. Pero la generosidad del Gobierno les ha permitido tener celulares, Internet, visitas ilimitadas, comunicación permanente y hacer campaña a sus anchas. Lo único que no han podido hacer es salir a las correrías. 

Es cierto que esas alianzas perdieron el grueso de su brazo armado porque 35.000 paramilitares se desmovilizaron. Pero a estas alturas el mismo Gobierno reconoce que ya hay rearmados 5.000 combatientes. Y aunque es notorio que en esta campaña electoral ha habido menos presión armada, mayor movilidad y menos candidaturas únicas, la verdad es que la pérdida de ese brazo armado era más lo que estorbaba que lo que aportaba. Los alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y congresistas que eligieron desde el 97 llevan casi 10 años gobernando. Reparten puestos, subsidios, programas, obras, consejos, servicios y plata. Estos medios de legitimación política son más eficaces desde el punto de vista electoral que la presión armada, la cual ejercieron fundamentalmente para llegar al poder, no para mantenerse en él.

Hasta 1997 el mapa político era fundamentalmente azul y rojo. Para 2003 eso era cosa del pasado y en cambio se veía un despliegue de colores, cada uno como símbolo de un partido. El de 2007 tendrá menos colores porque muchos movimientos se usaron para la toma del poder, pero luego se fueron fusionando en macro-estructuras partidistas más fuertes en lo regional y nacional. Lo grave no es que haya más o menos colores sino el poder que hay detrás de ellos. La Corte Suprema empezó a develar esos poderes y está pagando caro por eso. Pero siguen enquistados y allí seguirán mientras los colombianos no nos demos a la tarea de quitarles votos, poder y legitimidad. Eso es lo que se juega este 28 de octubre.