Muro de contención

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De los candidatos inhabilitados con opción de ganar gobernaciones, tres se declararon sorprendidos con el fallo e hicieron saber, por medio de sus campañas, que no se resignarán a que un juez modifique "la voluntad popular". Uno de ellos, William Hernán Pérez Espinel, aspirante a la Gobernación de Casanare, castigado con un fallo de destitución que le impide ejercer funciones públicas hasta noviembre de 2009, considera que, según la Constitución, la soberanía radica en el pueblo y que, en consecuencia, el veredicto popular en las urnas estaría por encima de una decisión disciplinaria.

Apuesta perversa

Los dos otros dos son José Leonidas Soto y Félix Acosta Soto, ambos candidatos a la Gobernación de Vaupés. El primero está inhabilitado hasta noviembre de 2007 y el segundo hasta abril de 2008. Ellos, lo mismo que 30 candidatos a alcaldías y 18 aspirantes a asambleas con sanciones disciplinarias en firme, le habían apostado a su elección, aún conscientes del riesgo de una demanda. Le apostaban a que la lentitud de los procesos judiciales jugaría a su favor y les permitiría cumplir sus períodos sin problema.

El Ministerio Público considera que los impedidos que inscribieron sus candidaturas violaron la ley penal porque en el momento de su postulación juraron no tener antecedentes o inhabilidades. Por eso la semana pasada la procuradora delegada ante el Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, entabló denuncia penal en su contra y pidió al fiscal Mario Iguarán conformar una comisión especial de fiscales para acelerar el proceso.  

BAJO SOSPECHA

Aunque autoridades, medios de comunicación y ONG han hecho causa común para pedir a los electores que no boten su voto respaldando en las urnas a candidatos con inhabilidades, la verdad es que también hay candidatos que no tienen sanciones, condenas o procesos pendientes, pero sobre los cuales recaen graves sospechas.

En estos casos, las campañas en pro del voto limpio e independiente han hecho llamados para que los electores apliquen la sanción social y se abstengan de votar por ellos. Entre los casos más relevantes de este tipo se destacan dos: el de Didier Tavera, candidato a la Gobernación de Santander por el Movimiento de Convergencia Ciudadana, cuya finca, según testimonios recogidos por la Fiscalía, sirvió de lugar de reunión de sicarios al servicio de paramilitares, y el de Alfonso López Cossio, aspirante a la Gobernación de Bolívar, llamado a versión libre por presuntos vínculos con grupos paramilitares al servicio de Enilse López, La Gata.