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No es la primera vez que el presidente Álvaro Uribe arremete contra la Corte Suprema de Justicia. Tampoco es la primera vez que casa peleas con periodistas o que les pica pleito a quienes lo contradicen, o decide mandarles mensajes a sus más cercanos colaboradores. Pero es la primera vez que ataca todos los frentes al mismo tiempo y en menos de 24 horas desata una borrasca que ha sacudido las cumbres del poder público.
En esta oportunidad, la beligerancia del Presidente sorprendió no sólo a la Corte Suprema de Justicia -a la que acusó de prejuzgar y de hacer parte de un complot en su contra-, sino a varios funcionarios de la Casa de Nariño, incluido el propio Francisco Santos, que quedó sin aliento cuando oyó que el Presidente, en una entrevista con Radiosucesos RCN el martes en la mañana, dijo que aunque él había pensado inicialmente en Juan Lozano como su fórmula para Vicepresidente, Santos lo había llamado para pedirle que lo escogiera a él.
El germen de la ira presidencial comenzó a incubarse el pasado 11 de septiembre. Ese día Uribe recibió una carta firmada por José Orlando Moncada Zapata, un paramilitar conocido como Tasmania, recluido en la cárcel de Itagüí, que decía que Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, le estaba ofreciendo beneficios judiciales a cambio de un testimonio para incriminar al Jefe del Estado y al empresario Ernesto Garcés Soto en un atentado contra René, un ex comandante de las Auc del suroeste antioqueño, y a Mario Uribe, el primo del Presidente, como alguien que apoya a grupos paramilitares en esa zona.
En la carta, que también tenía la huella digital de Tasmania, éste afirmaba que la propuesta del magistrado Velásquez -coordinador del equipo de investigadores del proceso de la parapolítica-- era respaldada por Alberto Jiménez Morantes y Jackeline Gómez Vargas, funcionarios de la Fiscalía, quienes le habían hecho el ofrecimiento el 10 de septiembre en una reunión en la Fiscalía Octava Especializada de Medellín. "Mi preocupación, señor Presidente, es que el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar. Es lo único que le interesa. A cambio entrega lo que sea", remataba el mensaje.
Luego de leerlo, el Presidente ordenó a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, que verificara si Moncada estaba en la cárcel de Itagüí y si la huella y el número de cédula eran auténticos. No obstante, antes de conocer los resultados de la indagación del DAS, ese mismo día Uribe decidió llamar al magistrado Velásquez para preguntarle si era cierto o no lo que decía Tasmania.