Octubre 12 de 2007
¿Qué le pasa a Uribe?
Tras el choque con la Corte, las peleas con la prensa y su distanciamiento de Francisco Santos, hay inquietud por las consecuencias de la más reciente ofensiva del Presidente.
No es la primera vez que el presidente Álvaro Uribe arremete contra la Corte Suprema de Justicia. Tampoco es la primera vez que casa peleas con periodistas o que les pica pleito a quienes lo contradicen, o decide mandarles mensajes a sus más cercanos colaboradores. Pero es la primera vez que ataca todos los frentes al mismo tiempo y en menos de 24 horas desata una borrasca que ha sacudido las cumbres del poder público.
En esta oportunidad, la beligerancia del Presidente sorprendió no sólo a la Corte Suprema de Justicia -a la que acusó de prejuzgar y de hacer parte de un complot en su contra-, sino a varios funcionarios de la Casa de Nariño, incluido el propio Francisco Santos, que quedó sin aliento cuando oyó que el Presidente, en una entrevista con Radiosucesos RCN el martes en la mañana, dijo que aunque él había pensado inicialmente en Juan Lozano como su fórmula para Vicepresidente, Santos lo había llamado para pedirle que lo escogiera a él.
El germen de la ira presidencial comenzó a incubarse el pasado 11 de septiembre. Ese día Uribe recibió una carta firmada por José Orlando Moncada Zapata, un paramilitar conocido como Tasmania, recluido en la cárcel de Itagüí, que decía que Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, le estaba ofreciendo beneficios judiciales a cambio de un testimonio para incriminar al Jefe del Estado y al empresario Ernesto Garcés Soto en un atentado contra René, un ex comandante de las Auc del suroeste antioqueño, y a Mario Uribe, el primo del Presidente, como alguien que apoya a grupos paramilitares en esa zona.
En la carta, que también tenía la huella digital de Tasmania, éste afirmaba que la propuesta del magistrado Velásquez -coordinador del equipo de investigadores del proceso de la parapolítica-- era respaldada por Alberto Jiménez Morantes y Jackeline Gómez Vargas, funcionarios de la Fiscalía, quienes le habían hecho el ofrecimiento el 10 de septiembre en una reunión en la Fiscalía Octava Especializada de Medellín. "Mi preocupación, señor Presidente, es que el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar. Es lo único que le interesa. A cambio entrega lo que sea", remataba el mensaje.
Luego de leerlo, el Presidente ordenó a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, que verificara si Moncada estaba en la cárcel de Itagüí y si la huella y el número de cédula eran auténticos. No obstante, antes de conocer los resultados de la indagación del DAS, ese mismo día Uribe decidió llamar al magistrado Velásquez para preguntarle si era cierto o no lo que decía Tasmania.
La llamada no sólo tomó por sorpresa al magistrado sino que le pareció inusual. "Doctor Iván, ¡tanto tiempo sin hablar con usted!", recuerda que le dijo el Presidente, quien acto seguido le preguntó si era cierto que estaba buscando o ya había recibido el testimonio de un paramilitar que lo involucraba a él en un asesinato. "Presidente, en los expedientes de la Corte no hay ningún testimonio en ese sentido, entre otras cosas porque no podría haberlo: la Corte no es competente para investigarlo a usted", le respondió el magistrado.
Velásquez no supo si Uribe estaba irritado o no. "Él siempre habla duro y aquel día no fue la excepción -le dijo el magistrado a CAMBIO-. Pero me pareció inusual que el Presidente de la República llamara a un tribunal de justicia para preguntar sobre el contenido de un expediente o el trámite de investigación". El Presidente sabía que la Corte no tenía competencia para investigarlo, pero el magistrado lo sintió preocupado y por eso le dio una explicación adicional: "No es cierto que yo le haya ofrecido a José Orlando Moncada, directamente ni por interpuestas personas, beneficio judicial alguno".
Velásquez y la magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo se habían reunido con Tasmania el 10 de septiembre, según el magistrado, por solicitud del paramilitar, quien había dicho que tenía información valiosa para el proceso de la parapolítica. Ambos funcionarios se hicieron acompañar por una fiscal y un funcionario del CTI y aseguran que en la conversación nunca se mencionó el nombre del Presidente.
Rayos y centellas
No obstante que la comunicación entre el Jefe del Estado y el magistrado Velásquez fue el 11 de septiembre, éste último guardó silencio durante casi un mes y sólo el jueves 4 de octubre le comunicó lo ocurrido a Sigifredo Espinosa, presidente (e) de la sala penal de la Corte, quien lo citó a una reunión de la sala en pleno para que explicara lo ocurrido. "La llamada del Presidente generó preocupación y malestar, pero la Corte decidió guardar un silencio prudente -cuenta Velásquez--. Si algo trascendía no iba ser por iniciativa nuestra".
Y el asunto trascendió el lunes en horas de la noche, por iniciativa del Presidente que decidió romper su silencio tras recibir del DAS la confirmación de la autenticidad de la huella y el número de cédula de Tasmania. Los noticieros de televisión lanzaron "extras", para anunciar que en un comunicado expedido a las 7:45, la Casa de Nariño acusaba a funcionarios de la Fiscalía y al magistrado auxiliar de la Corte de estar orquestando un complot contra el Jefe del Estado.
Fue el comienzo de la borrasca. A eso de las 8:00 p.m., el director del programa Hora 20 de Caracol radio, Néstor Morales, llamó al presidente de la Corte, César Valencia Copete, para que respondiera al comunicado de Palacio. "Estos hechos son gravísimos e implican claros actos de obstrucción a la labor que viene desempeñando esta corporación", dijo Valencia. Poco después, cuando los panelistas invitados debatían el tema, Uribe llamó para intervenir en la discusión: "No es justo que busquen testigos para que le digan al país que yo soy un asesino", afirmó.
La ofensiva presidencial se prolongó hasta la media noche en varios programas de radio y televisión, y continuó al día siguiente desde bien temprano, cuando habló en las principales cadenas de radio. Fue entonces cuando quedó claro que, además de la Corte, también lo había sacado de casillas El Tiempo. Y por partida doble. A propósito de la descalificación que Uribe había hecho días antes del periodista Gonzalo Guillén, a quien llamó "calumniador profesional" y acusó de ser el inspirador del libro Queriendo a Pablo, odiando a Escobar, de la ex amante del capo Virginia Vallejo, el editorial advertía sobre los posibles efectos de las "chispoteadas" presidenciales "en un país donde los periodistas han sido blancos de tanta violencia e intimidación" y en el exterior donde "se perciben más bien como salidas en falso".
Pero no sólo el editorial tenía en ascuas a Uribe. También estaba molesto porque un artículo de primera página decía que estaba muy golpeado por las grabaciones de los congresistas detenidos en La Picota que indicaban que algunos estaban comprando testigos y funcionarios, y por el editorial de The New York Times que pedía demorar el TLC con Colombia hasta que el Gobierno "haga más por enviar a la Justicia a los matones paramilitares y a sus patrocinadores políticos".
Sensiblemente alterado, el Presidente dijo en las entrevistas radiales que se trataba de un periodismo "sin profundidad", basado en "chismes y rumores". Pero aún le quedaba de reserva otra carga de profundidad que fue la que lanzó contra el periodista Daniel Coronell, director de Noticias Uno, quien en su más reciente columna en Semana avalaba algunas afirmaciones del libro de la Vallejo sobre supuestas relaciones del capo con Uribe, y escribió que éste había usado un helicóptero de Escobar para tratar de rescatar de una zona rural hasta Medellín el cuerpo de su padre asesinado por las Farc.
En La FM de RCN, durante más de una hora, el Presidente se enfrascó con Coronell en una agria polémica para negar sus supuestas relaciones con Escobar y con César Villegas, un controvertido personaje que fue jefe de planeación de la Aeronáutica Civil cuando Uribe era director hace 25 años y quien acabó implicado en el proceso 8.000. Iracundo, el Presidente ofreció renunciar si el periodista le probaba que había visitado a Villegas cuando estuvo en la cárcel y no escatimó epítetos para descalificarlo: miserable, difamador, cínico...
Minutos después, en Radiosucesos RCN trajo a cuento lo de la Vicepresidencia de Santos, que fue lo que más desconcertó a los funcionarios de Palacio que oían a su jefe.
Lazos familiares
Si bien es cierto que el país está acostumbrado a las salidas de madre del Presidente, la de esta semana tiene pocos antecedentes y esto permite pensar que detrás de todo hay razones mucho más poderosas que las "sospechosas" insinuaciones que el paramilitar Tasmania hizo en la carta que fue el florero de Llorente que desató la tormenta.
Personas que conocen muy bien a Uribe sostienen que en el fondo de la desconcertante reacción está un episodio que hasta ahora ha pasado relativamente desapercibido y que tiene que ver con uno de sus familiares más queridos: el senador Mario Uribe Escobar, su primo y compañero de batallas políticas, quien lo acompañó en su paso por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia y con quien llegó al Congreso, pero además con quien comparte afinidades por las fincas y el ganado.
La noticia de que la Corte Suprema de Justicia había llamado al senador cogió al Presidente fuera de base, pues estaba en Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU. Pero sobre todo lo desconcertó y le dejó mal sabor el hecho de que el alto tribunal, a diferencia de lo que había hecho con los otros congresistas supuestamente vinculados con grupos paramilitares, hubiera llamado a Uribe Escobar a indagatoria, sin darle la oportunidad de rendir versión libre, como lo había solicitado en forma expresa el senador.
Por primera vez, el Presidente llegó a considerar que eso podía obedecer a una persecución política por parte de algunos magistrados de la Corte. Sin embargo, declaró que en lo político respetaba la decisión de la Corte pero que en lo personal le producía un "profundo dolor". El nombre de Uribe Escobar aparece también en la carta de Tasmania a quien supuestamente el magistrado Velásquez le había ofrecido beneficios por implicar también al primo del Jefe del Estado como una persona con nexos con paramilitares.
Para quienes conocen de cerca el talante de Uribe, es evidente que el tema familiar toca sus fibras más íntimas. Así quedó demostrado en casos como el debate que adelantó en el Congreso el senador del Polo Gustavo Petro sobre parapolítica en Antioquia, en el que mostró una fotografía en la que aparecía un hermano del Presidente, Santiago, en compañía de uno de los hermanos Ochoa. Entonces como ahora, Uribe se tomó los medios de comunicación para descalificar al parlamentario a quien desafió y llamó "guerrillero vestido de civil" y para enviar el mensaje de que lo que era con su familia era con él.
Daño institucional
El martes en la noche, en conversación con CAMBIO, el presidente Uribe fue enfático al afirmar que seguiría pronunciándose en público sobre el caso. "Estoy pidiendo una investigación, no haciéndole obstrucción a la Justicia", afirmó, y también que tenía elementos para pensar que la Corte no había sido sincera con él y que había tratado de sumar a otras dependencias de la rama judicial en su contra. La corte rechazó esos señalamientos pero Uribe mantuvo su posición: "¿Qué hubiera pasado si llegan a decir que un paramilitar desde la cárcel acusa al Presidente de haberlo contactado para matar a otro paramilitar?", preguntó.
Que el Jefe del Estado hizo uso de su gran popularidad, no hay duda. Las llamadas de los oyentes a la radio y los comentarios hechos vía Internet dejaron al Presidente relativamente bien parado, pues muchos afirmaron que estaba actuando en legítima defensa.
No obstante, ex magistrados como Alfredo Beltrán, ex presidente de la Corte Constitucional y conjuez de la Corte Suprema, insistieron en que la separación de los poderes públicos es el soporte fundamental del sistema democrático. En ese sentido, la llamada del Presidente a un magistrado de la Corte Suprema para averiguar por una investigación podría interpretarse, y así lo hizo la Corte Suprema, como obstrucción a la justicia. De hecho, Beltrán destacó el poder de intimidación que tiene una llamada presidencial
Pero el desconcierto y la perplejidad que despertó la ofensiva presidencial no se limitó a la Corte, a los medios y a la opinión en general. También llegó al alto Gobierno y aunque entendieron el codazo que Uribe le metió al Vicepresidente, para algunos es un episodio más de la confrontación entre la ex canciller María Consuelo Araújo y su familia con Santos, a quien culpan de la detención de su hermano Álvaro y de la orden de captura contra su padre. La Conchi, quien aún tiene grandes aliados en la Casa de Nariño, le ha dicho a Uribe que su número dos no ha sido leal con el Gobierno, un argumento que ha comenzado a calar porque la profundización del escándalo de la parapolítica afecta a cada vez más allegados a la administración y al Presidente.
Menor temperatura
Al cierre de esta edición las aguas parecían volver a su cauce. El Presidente pidió al Fiscal General aclarar los hechos y éste anunció que abrirá la investigación correspondiente para determinar qué fue exactamente lo que sucedió en el engorroso episodio de la diligencia del magistrado auxiliar de la Corte y funcionarios de la Fiscalía con Tasmania.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, mantuvo su pleno respaldo al magistrado Velásquez y emitió un comunicado de tono mesurado en el que desmiente el complot contra del Jefe del Estado y destaca que las decisiones de la corporación son colegiadas y no individuales. Y el vicepresidente Santos prefirió mantener un discreto silencio.
Más allá de la menor temperatura que registraba el miércoles, la fiebre sigue, como lo evidencia la preocupación entre los analistas. Para comenzar, aunque para muchos de sus partidarios la fuerte respuesta del Presidente es justificada y responde a su carácter fogoso y frentero, hay serias dudas sobre la conveniencia de adelantar este tipo de polémicas en los medios. Para la opinión es difícil seguir las diferentes versiones e interpretaciones sobre un tema tan delicado pero aun así la gente toma partido, y mientras algunos cierran filas en torno al Presidente, otros se ponen firmes con la Corte. El resultado es que la imagen de los poderes públicos se ve afectada, lo cual implícitamente golpea la estructura y la legitimidad misma del Estado.
Lo más grave de todo es que, como dice el refrán "en río revuelto, ganancia de pescadores". Un aspecto que destaca el analista Camilo González Posso: "Los verdaderos enemigos, aquellos que están en el monte o los que desde la cárcel han tratado de mantener vigentes sus maquinarias de narcotráfico y violencia deben estar regodeándose ante un espectáculo nada edificante".
En este sentido, un ataque frontal del Presidente contra la Corte Suprema, que se ha jugado el todo por el todo para destapar el horripilante maridaje de paramilitares y políticos, mina el trabajo de la institución para concluir con éxito sus investigaciones. A la luz de lo ocurrido, frente a las posibles decisiones futuras no faltará quien diga que en ellas hay dosis de revanchismo para sembrar un manto de duda sobre la imparcialidad de la Corte para impartir Justicia.
Y a este factor hay que agregarle el costo que el episodio tiene para la imagen de Colombia en la comunidad internacional. Si el lunes, el tránsito favorable del TLC con los Estados Unidos parecía complicado, ahora un resultado positivo será mucho más difícil tanto por la pugnacidad del Presidente con los medios como por el enfrentamiento con la Justicia. No sería extraño, entonces, que los enemigos del Tratado utilicen esta nueva munición para intentar sepultarlo. Una munición que irónicamente les ha sido servida en bandeja el Presidente que tantos sacrificios ha hecho para convencer a los congresistas norteamericanos de darle luz verde a la iniciativa. Dicho de otra manera, la receta que dio en días pasados The New York Times de apretar al Gobierno colombiano tiene ahora no sólo muchas más posibilidades de ser aplicada sino que cuenta con más partidarios. Y en otras latitudes, la lectura de los cables de las agencias de noticias volverá a dejar la impresión de que en Colombia la Justicia lleva las de perder.
Dicho lo anterior, pocos ponen en duda que la opinión interna seguirá dando su apoyo al presidente Uribe. Tal como ha ocurrido en el pasado cuando ha enfrentado a sus contradictores, el mandatario ha salido ganando y en este caso no parece ser la excepción: el Opinómetro, Datexco y La W Radio del miércoles 10 de octubre indica que el 40.5% está con Uribe, y el 11.4% con la Corte y el resto no ha tomado partido. Y falta más. Con cerca de tres años de Gobierno por delante y no obstante que este tipo de enfrentamientos no le hacen bien ni a las instituciones ni al país, nadie puede garantizar que el Presidente se va a abstener de casar nuevas peleas. De hecho, es muy probable que haya ganado esta batalla, pero eso no le garantiza el triunfo final. No puede perder de vista que sus rivales no están en las Cortes y que los que ha dejado tendidos en el terreno no son los verdaderos enemigos.
Quién es quién
Iván Velásquez. Magistrado auxiliar y coordinador de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Corte Suprema. Tiene 20 años de experiencia en la rama judicial y hace siete años fue Procurador y Fiscal Regional en Antioquia. Está incluido en la lista de aspirantes a magistrado en propiedad de la sala de casación penal. Dice que no ofreció beneficios a un paramilitar a cambio de que incriminara al Presidente y todo es una maniobra para desprestigiarlos a él y a la Corte cuando adelantan el proceso de la parapolítica que involucra a congresitas, la mayoría oficialistas.
'Tasmania'. Paramilitar capturado en enero de 2005, se acogió a sentencia anticipada y confesó ser el asesino de René, ex jefe de las Auc del suroeste antioqueño.
Ernesto Garcés Soto. Cafetero antioqueño, investigado y exonerado en 2000 como presunto promotor de grupos de autodefensas en Antioquia. Fue uno de los que financió la primera campaña de Álvaro Uribe, pero se distanció e hizo parte de los cuadros de apoyo de la efímera aspiración presidencial del ex ministro Álvaro Leyva Durán.
Alberto Jiménez Morantes y Jackeline Gómez Vargas: Funcionarios del CTI que, según Tasmania, lo buscaron en la cárcel para ofrecerle beneficios. Sus superiores en la fiscalía afirman que los dos son eficientes profesionales y que no tienen tacha en sus hojas de vida.