El cazador cazado
El contralor de Bogotá, Óscar González, no ha podido explicar un aumento de 4.000 millones de pesos en su patrimonio.
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DURANTE LOS 100 días que le quedan para terminar su período, el contralor de Bogotá, Óscar González Arana, tendrá que resolver tres asuntos pendientes con los órganos de control y la Dian. Calculado en días hábiles, el plazo es más apremiante: 63 días. Un lapso en el que deberá explicar a la Procuraduría el origen del dinero con que él y su esposa compraron dos apartamentos en Miami; aclarar a la Fiscalía por qué la declaración privada que cada año lo obliga a presentar la Ley Anticorrupción no coincide con la de renta, y responder a la Dian por una posible evasión fiscal.
Hasta ahora el tiempo parece haber sido su mejor aliado. En febrero pasado, cuando el procurador general, Edgardo Maya, decidió abrirle proceso disciplinario, comisionó durante 40 días a la Dirección de Investigaciones Especiales para practicar pruebas y ordenó, entre otras cosas, preguntar al Banco de la República si González y su señora, Beatriz Alicia Noguera Pardey, funcionaria del Congreso, acataron disposiciones del Estatuto Cambiario e informaron al Emisor sobre el manejo de recursos en el exterior; buscar en bancos de datos públicos y privados información sobre su patrimonio, y revisar el soporte legal de sus frecuentes viajes a Miami (ver gráficos).
Sin embargo, en medio de la lentitud de trámites y diligencias los plazos se han extendido y hoy, siete meses después, no están consolidadas todas las pruebas que sustentarían una eventual formulación de cargos y que le permitirían al Procurador sancionar o absolver al Contralor. Expertos en la aplicación del Código Disciplinario Único consideran que, tal como están las cosas, González Arana terminará sin mayores apremios su período y que cualquier decisión se producirá después de que haya dejado el cargo y cuando haya disminuido el interés por el caso y los alcances de la decisión sean apenas simbólicos.
No obstante, CAMBIO estableció que un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública acaba de concluir la indagación preliminar y tiene listo un llamamiento a indagatoria. Por su parte, fuentes de la Dian sostienen que, a pesar de las limitaciones de la reserva legal, las averiguaciones emprendidas por las inconsistencias que el Procurador General advirtió en las tres últimas declaraciones de renta de González y de su esposa, "marchan sin pausa" y servirán para decidir, en breve, si hay o no lugar a sanciones.
Esta revista tuvo acceso a las investigaciones, conoció sus principales hallazgos y pudo reconstruir el caso que se abrió el 8 de septiembre de 2006, cuando La W reveló que el Contralor y su esposa -asesora del entonces congresista Jairo Merlano-, habían adquirido dos apartamentos en un exclusivo condominio en Brickell Bulevar, Miami, por un valor cercano a los 1,7 millones de dólares -más de 4.200 millones de pesos al cambio de entonces-. Según el informe de La W, podía tratarse de un caso de enriquecimiento injustificado, pues la compra no había sido reportada a las autoridades tributarias y cambiarias.
