Septiembre 24 de 2007
El cazador cazado
El contralor de Bogotá, Óscar González, no ha podido explicar un aumento de 4.000 millones de pesos en su patrimonio.
DURANTE LOS 100 días que le quedan para terminar su período, el contralor de Bogotá, Óscar González Arana, tendrá que resolver tres asuntos pendientes con los órganos de control y la Dian. Calculado en días hábiles, el plazo es más apremiante: 63 días. Un lapso en el que deberá explicar a la Procuraduría el origen del dinero con que él y su esposa compraron dos apartamentos en Miami; aclarar a la Fiscalía por qué la declaración privada que cada año lo obliga a presentar la Ley Anticorrupción no coincide con la de renta, y responder a la Dian por una posible evasión fiscal.
Hasta ahora el tiempo parece haber sido su mejor aliado. En febrero pasado, cuando el procurador general, Edgardo Maya, decidió abrirle proceso disciplinario, comisionó durante 40 días a la Dirección de Investigaciones Especiales para practicar pruebas y ordenó, entre otras cosas, preguntar al Banco de la República si González y su señora, Beatriz Alicia Noguera Pardey, funcionaria del Congreso, acataron disposiciones del Estatuto Cambiario e informaron al Emisor sobre el manejo de recursos en el exterior; buscar en bancos de datos públicos y privados información sobre su patrimonio, y revisar el soporte legal de sus frecuentes viajes a Miami (ver gráficos).
Sin embargo, en medio de la lentitud de trámites y diligencias los plazos se han extendido y hoy, siete meses después, no están consolidadas todas las pruebas que sustentarían una eventual formulación de cargos y que le permitirían al Procurador sancionar o absolver al Contralor. Expertos en la aplicación del Código Disciplinario Único consideran que, tal como están las cosas, González Arana terminará sin mayores apremios su período y que cualquier decisión se producirá después de que haya dejado el cargo y cuando haya disminuido el interés por el caso y los alcances de la decisión sean apenas simbólicos.
No obstante, CAMBIO estableció que un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública acaba de concluir la indagación preliminar y tiene listo un llamamiento a indagatoria. Por su parte, fuentes de la Dian sostienen que, a pesar de las limitaciones de la reserva legal, las averiguaciones emprendidas por las inconsistencias que el Procurador General advirtió en las tres últimas declaraciones de renta de González y de su esposa, "marchan sin pausa" y servirán para decidir, en breve, si hay o no lugar a sanciones.
Esta revista tuvo acceso a las investigaciones, conoció sus principales hallazgos y pudo reconstruir el caso que se abrió el 8 de septiembre de 2006, cuando La W reveló que el Contralor y su esposa -asesora del entonces congresista Jairo Merlano-, habían adquirido dos apartamentos en un exclusivo condominio en Brickell Bulevar, Miami, por un valor cercano a los 1,7 millones de dólares -más de 4.200 millones de pesos al cambio de entonces-. Según el informe de La W, podía tratarse de un caso de enriquecimiento injustificado, pues la compra no había sido reportada a las autoridades tributarias y cambiarias.
Inconsistencias
El día de la denuncia, Maya Villazón comparó la información periodística con el contenido de las quejas que en el mismo sentido habían llegado a la Dirección de Investigaciones Especiales -oficina con facultades de Policía Judicial en procesos de especial relevancia- y decidió ponerse a la cabeza de una investigación, que en febrero de 2007 arrojó conclusiones que, aunque preliminares, parecían muy graves.
A juicio del Procurador, las inconsistencias advertidas al comparar las declaraciones de renta presentadas a la Dian y las declaraciones de bienes que el Contralor y su esposa debían hacer cada año ante la Contraloría y el Congreso, respectivamente, indicaban "la existencia de maniobras encaminadas a la obstrucción de la investigación y sanción de conductas que pueden constituir faltas disciplinarias". Para el Procurador, algunas de esas maniobras indicaban que los dos funcionarios habían pasado por alto la obligación de reportar inversiones en el exterior, como lo establece el Estatuto de Régimen Cambiario.
A Maya le llamó la atención que, tras el escándalo desatado por La W y la posterior intervención de la Procuraduría, las declaraciones de renta de González y su esposa habían sido corregidas y "posiblemente ajustadas en sus valores", y encontró inexplicable que dos servidores públicos, con experiencia en cargos de responsabilidad, hubieran hecho caso omiso de obligaciones legales establecidas para combatir la corrupción administrativa y prevenir el lavado de activos.
En ese momento, la indagación no sólo se concentraba en la compra de los apartamentos en Miami, sino que se había hecho extensiva al patrimonio familiar e incluso a movimientos contables de González Arana y Consultores, empresa unipersonal del Contralor. En cifras, los desfases detectados inicialmente en la información sobre los bienes declarados por la pareja eran de 3.999 millones de pesos. En otras palabras, ese era el incremento patrimonial que ninguno de los dos había logrado justificar en las versiones libres y en las explicaciones posteriores.
"Se encuentra que el doctor Óscar González Arana, durante el período en que ha ejercido el cargo de Contralor del Distrito, presenta diferencias patrimoniales que debe justificar de 559.340.102 pesos en 2004 y de 1.323.396.325 en 2005, valores que no logran ser explicados en los recursos cuyo origen se encuentra someramente demostrado
en el presente trámite", dice el informe del Procurador. En el caso de la señora Noguera Pardey, los desfases se acer-caban a 480 millones de pesos en 2004, y a más de 1.636 millones de pesos en 2005.
Diferencia de criterios
Por otra parte, en unas pocas líneas, Maya les reprochaba a los dos investigados su falta de colaboración genuina y espontánea para esclarecer los hechos. Según el Procurador, los documentos de soporte de la compra de apartamentos y vehículos eran fotocopias borrosas, ilegibles en algunos casos. En su opinión, este hecho y la posible manipulación de las declaraciones de renta indicaban que el Contralor, llamado a dar ejemplo, no había colaborado lo suficiente para aclarar la situación.
Uno de los documentos que inicialmente no fue admitido como prueba fue, precisamente, una copia bajada por Internet equiparable a la escritura de los apartamentos, que no estaba apostillada ni traducida del inglés al español como exigen en estos casos las normas internacionales.
El contralor González, que fue Superintendente de Sociedades en el Gobierno de Ernesto Samper, admitió este martes 18 en diálogo con CAMBIO que pudo haberse equivocado en la forma de presentar las pruebas: "Allegué de urgencia unas fotocopias simples, basado en el principio de la buena fe, pues pensé que la Procuraduría le interesaba más la verdad real que la verdad formal" (ver entrevista).
A comienzos de marzo de este año, apoyada en el Estatuto Cambiario, la Procuraduría le preguntó formalmente al Banco de la República si los esposos González Noguera habían reportado transacciones para la compra de los apartamentos en Miami. La respuesta inicial fue negativa. El Contralor decidió hacer el reporte después de la apertura de la investigación y lo hizo, según él mismo, convencido de que no tenía la obligación de presentarlo porque la adquisición de los bienes en Miami no suponía operaciones cambiarias. "No sacamos un solo peso del país -aseguró-. La inversión fue respaldada con un crédito que tuvo como garantía única la hipoteca de los inmuebles.
La divergencia de criterios jurídicos entre el Procurador General y el Contralor Distrital no está resuelta. El día en que fue abierto formalmente el proceso disciplinario, Maya Villazón le pidió a la Dian que examinara si las inconsistencias en las declaraciones de renta y el reporte tardío de las adquisiciones en Miami le podían haber causado un perjuicio al fisco.
El Contralor sostiene que la compra de los dos apartamentos no tiene interés fiscal para el Estado colombiano, ya que los impuestos causados han sido pagados cumplidamente a las autoridades tributarias de Estados Unidos. "No puede pretenderse un doble pago de impuesto y menos en una inversión en la que no hubo tránsito de capitales entre los dos países", enfatiza González.
Sin embargo, CAMBIO conoció que el estudio hecho por la Procuraduría para resolver de fondo el tema, advierte que cuando el Estatuto Anticorrupción exige que los servidores públicos mantengan actualizada la información sobre sus bienes, no hace distinción alguna entre el patrimonio que puedan tener en Colombia o en el exterior. "No existen tratados ni normas que permitan manejar extraterritorialmente conceptos aislados de patrimonio de quienes tienen el denominador común de servidores públicos -dice el borrador del documento-. El patrimonio es uno solo y ese deslinde es imposible".
A los esposos González Noguera les parece absurdo que se presuma enriquecimiento ilícito, pues todas las operaciones fueron hechas a nombre propio, no de terceros, y en forma abierta y pública. No obstante, el Contralor se abstuvo, por razones de reserva legal, de informar los nombres de los demás miembros de una "sociedad de hecho" que, según él, lo respaldó en la inversión. Por su parte, la Procuraduría advierte que en la información enviada a la Dian no hay evidencia de la existencia de esa sociedad. De hecho, en su declaración de renta inicial, el Contralor reportó los apartamentos a nombre suyo y en las correcciones posteriores él y su esposa asumieron cada uno el 50%.
Está pendiente aún la valoración de algunas pruebas, como la relativa al soporte de los 14 viajes a Miami que hizo el Contralor entre 2004 y 2006 -124 días de permanencia o sea cuatro meses- y los 18 de su esposa a la misma ciudad y durante el mismo lapso. La pareja sostiene que no se trata de viajes inusuales o sospechosos, pues sus hijos viven allí. La Procuraduría encontró que la mayoría de los viajes no fueron autorizados por el Concejo de Bogotá, en el caso del Contralor, ni por el Congreso en el caso de su esposa. El Procurador pidió a la Embajada de Estados Unidos que certifique qué tipo de visa tiene el Contralor y si la que tiene lo habilita para hacer este tipo de inversiones. El capítulo final no se ha cerrado, pues el Contralor no ha podido despejar las dudas que aún tienen los órganos de control.