El cazador cazado

El contralor de Bogotá, Óscar González, no ha podido explicar un aumento de 4.000 millones de pesos en su patrimonio.

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La divergencia de criterios jurídicos entre el Procurador General y el Contralor Distrital no está resuelta. El día en que fue abierto formalmente el proceso disciplinario, Maya Villazón le pidió a la Dian que examinara si las inconsistencias en las declaraciones de renta y el reporte tardío de las adquisiciones en Miami le podían haber causado un perjuicio al fisco.

El Contralor sostiene que la compra de los dos apartamentos no tiene interés fiscal para el Estado colombiano, ya que los impuestos causados han sido pagados cumplidamente a las autoridades tributarias de Estados Unidos. "No puede pretenderse un doble pago de impuesto y menos en una inversión en la que no hubo tránsito de capitales entre los dos países", enfatiza González.

Sin embargo, CAMBIO conoció que el estudio hecho por la Procuraduría para resolver de fondo el tema, advierte que cuando el Estatuto Anticorrupción exige que los servidores públicos mantengan actualizada la información sobre sus bienes, no hace distinción alguna entre el patrimonio que puedan tener en Colombia o en el exterior. "No existen tratados ni normas que permitan manejar extraterritorialmente conceptos aislados de patrimonio de quienes tienen el denominador común de servidores públicos -dice el borrador del documento-. El patrimonio es uno solo y ese deslinde es imposible".

A los esposos González Noguera les parece absurdo que se presuma enriquecimiento ilícito, pues todas las operaciones fueron hechas a nombre propio, no de terceros, y en forma abierta y pública. No obstante, el Contralor se abstuvo, por razones de reserva legal, de informar los nombres de los demás miembros de una "sociedad de hecho" que, según él, lo respaldó en la inversión. Por su parte, la Procuraduría advierte que en la información enviada a la Dian no hay evidencia de la existencia de esa sociedad. De hecho, en su declaración de renta inicial, el Contralor reportó los apartamentos a nombre suyo y en las correcciones posteriores él y su esposa asumieron cada uno el 50%.

Está pendiente aún la valoración de algunas pruebas, como la relativa al soporte de los 14 viajes a Miami que hizo el Contralor entre 2004 y 2006  -124 días de permanencia o sea cuatro meses- y los 18 de su esposa a la misma ciudad y durante el mismo lapso. La pareja sostiene que no se trata de viajes inusuales o sospechosos, pues sus hijos viven allí. La Procuraduría encontró que la mayoría de los viajes no fueron autorizados por el Concejo de Bogotá, en el caso del Contralor, ni por el Congreso en el caso de su esposa. El Procurador pidió a la Embajada de Estados Unidos que certifique qué tipo de visa tiene el Contralor y si la que tiene lo habilita para hacer este tipo de inversiones. El capítulo final no se ha cerrado, pues el Contralor no ha podido despejar las dudas que aún tienen los órganos de control.