En sus marcas...
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CON LA CIFRA RÉCORD de 70.000 candidatos y en medio de carreras de última hora, de vivas y de arengas, el miércoles pasado quedaron cerradas las inscripciones para las elecciones del 28 de octubre. Así comenzó en serio la campaña para gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, después de las escaramuzas políticas de las semanas pasadas.
En cualquier lugar del mundo esa cifra podría considerarse como un fenómeno de participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia, pero en Colombia las cosas son a otro precio por los antecedentes que hablan de presión armada sobre los propios candidatos, constreñimiento sobre el elector, trasteo y compraventa de votos y alteración de los formularios en los cuales se contabilizan los sufragios. Por algo, la Procuraduría demandó, en su totalidad, las últimas dos elecciones para Congreso de la República.
Tras el escándalo de la parapolítica, las autoridades encargadas de llevar a buen suceso las elecciones han tomado medidas que, según analistas, son paños de agua tibia frente a la imaginación de los colombianos a la hora de hacer trampas con tal de hacerse elegir. Por eso, las alarmas sobre los riesgos electorales en gran parte del territorio nacional están disparadas desde hace rato, como lo reconoció hace unos días el Gobierno a través del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que ese peligro lo corre el 25% de los 1.098 municipios del país. Y esos riegos se pueden dividir en dos partes: la primera, es la del proselitismo de grupos armados al margen de la ley a favor de sus candidatos, sobre todo de los paramilitares. Esto a pesar de su desmovilización y de que ya no ejercen presión de forma tan abierta porque tienen los ojos de muchos observadores encima. La segunda, que no por ser menos violenta deja de ser grave, son las artimañas de la politiquería y la corrupción como el trasteo de votos, que llevó al Consejo Nacional Electoral a anular la inscripción de miles de cédulas a lo largo y ancho del país.
Y a eso se le suma la fragilidad del sistema electoral colombiano, que es ágil a la hora de entregar resultados, pero paquidérmico cuando de encontrar fallas se trata. A ello contribuye la falta de capacitación de los jurados de votación y de los testigos electorales. "Como el conteo de votos es manual, incluso una equivocación de buena fe puede adulterar el querer ciudadano", le dijo a CAMBIO el congresista liberal Guillermo Rivera.
Ojos abiertos
Ante la avalancha de denuncias sobre irregularidades de todo tipo que amenazan los comicios del 28 de octubre han sido activadas veedurías ciudadanas como la Misión de Observación Electoral, MOE, de la cual hacen parte cerca de 50 Organizaciones no Gubernamentales, entre las cuales se destacan las principales universidades del país. La MOE ya advirtió, por ejemplo, que por diversos factores 328 municipios corren el peligro de ver adulterados los resultados electorales. Y a esa advertencia también se sumó la Defensoría del Pueblo, que elaboró un informe que la semana entrante le entregará al Gobierno y a las autoridades electorales.
