Agosto 10 de 2007
En sus marcas...
El fraude electoral y la intimidación tienen seriamente amenazada la democracia en Colombia
CON LA CIFRA RÉCORD de 70.000 candidatos y en medio de carreras de última hora, de vivas y de arengas, el miércoles pasado quedaron cerradas las inscripciones para las elecciones del 28 de octubre. Así comenzó en serio la campaña para gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, después de las escaramuzas políticas de las semanas pasadas.
En cualquier lugar del mundo esa cifra podría considerarse como un fenómeno de participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia, pero en Colombia las cosas son a otro precio por los antecedentes que hablan de presión armada sobre los propios candidatos, constreñimiento sobre el elector, trasteo y compraventa de votos y alteración de los formularios en los cuales se contabilizan los sufragios. Por algo, la Procuraduría demandó, en su totalidad, las últimas dos elecciones para Congreso de la República.
Tras el escándalo de la parapolítica, las autoridades encargadas de llevar a buen suceso las elecciones han tomado medidas que, según analistas, son paños de agua tibia frente a la imaginación de los colombianos a la hora de hacer trampas con tal de hacerse elegir. Por eso, las alarmas sobre los riesgos electorales en gran parte del territorio nacional están disparadas desde hace rato, como lo reconoció hace unos días el Gobierno a través del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que ese peligro lo corre el 25% de los 1.098 municipios del país. Y esos riegos se pueden dividir en dos partes: la primera, es la del proselitismo de grupos armados al margen de la ley a favor de sus candidatos, sobre todo de los paramilitares. Esto a pesar de su desmovilización y de que ya no ejercen presión de forma tan abierta porque tienen los ojos de muchos observadores encima. La segunda, que no por ser menos violenta deja de ser grave, son las artimañas de la politiquería y la corrupción como el trasteo de votos, que llevó al Consejo Nacional Electoral a anular la inscripción de miles de cédulas a lo largo y ancho del país.
Y a eso se le suma la fragilidad del sistema electoral colombiano, que es ágil a la hora de entregar resultados, pero paquidérmico cuando de encontrar fallas se trata. A ello contribuye la falta de capacitación de los jurados de votación y de los testigos electorales. "Como el conteo de votos es manual, incluso una equivocación de buena fe puede adulterar el querer ciudadano", le dijo a CAMBIO el congresista liberal Guillermo Rivera.
Ojos abiertos
Ante la avalancha de denuncias sobre irregularidades de todo tipo que amenazan los comicios del 28 de octubre han sido activadas veedurías ciudadanas como la Misión de Observación Electoral, MOE, de la cual hacen parte cerca de 50 Organizaciones no Gubernamentales, entre las cuales se destacan las principales universidades del país. La MOE ya advirtió, por ejemplo, que por diversos factores 328 municipios corren el peligro de ver adulterados los resultados electorales. Y a esa advertencia también se sumó la Defensoría del Pueblo, que elaboró un informe que la semana entrante le entregará al Gobierno y a las autoridades electorales.
En el estudio del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría queda plasmada la preocupación por el propósito de grupos al margen de la ley de incidir en administraciones municipales e influir en la destinación de presupuestos y contratación, situación que hace vulnerables a candidatos, dirigentes políticos y electores frente a "posibles actos de presión, constreñimiento, amenazas, hostigamientos y acciones proselitistas en las regiones con el fin de presionar la voluntad del votante o generar perturbación en el proceso electoral". Estas advertencias no han sido exageradas si se tiene en cuenta que Pedro Pablo Agudelo Echeverri, ex alcalde y candidato a la alcaldía de Anorí, fue secuestrado durante ocho días por las Farc y que esa misma guerrilla ya comenzó a realizar paros armados en departamentos como Arauca.
Sobre el tema de la presión de grupos irregulares armados, el miércoles en la noche el presidente Álvaro Uribe, en el balance del primer año de gobierno de su segundo mandato dijo que "no nos podemos dejar alarmar tanto, porque las cosas han cambiado: antes eran cientos los candidatos que tenían que ir a rendirles cuentas a esos grupos cuando los citaban", y pidió que si hoy ocurre eso, en vez de ir a esas citaciones, acudan al Ejército o la Policía a denunciar el caso.
Según la politóloga Claudia López, quien con sus investigaciones ha puesto en blanco y negro la influencia de los paramilitares en la política, hay tres factores que atentan contra las elecciones que se avecinan, además del orden público: "El comportamiento del uribismo y de sus partidos políticos, la falta de compromiso de las agrupaciones políticas a la hora de avalar candidatos y las escasas o casi nulas herramientas que existen para sancionar a los partidos que incurren en irregularidades".
En el primer punto, López dice que el Presidente tiene una gran responsabilidad porque él es el mayor elector del país y que si su comportamiento va a seguir como hasta ahora, cuando respalda a candidatos como José Name Terán para la Gobernación del Atlántico, "pues las cosas van mal, porque ese señor debería estar por lo menos 40 años en la cárcel: ¿cómo será el margen de impunidad en Colombia que Name puede salir a decir que no tiene investigaciones de ninguna clase?".
En el segundo aspecto resalta que por su afán de sumar votos, los partidos políticos parecen carros de basura que van recogiendo todo lo que hay a su paso y no asumen responsabilidades de ningún tipo. "Hay partidos que más parecen una asociación para delinquir que un partido, como Colombia Viva y Colombia Democrática", dice López.
Colombia Viva es el partido del senador Dieb Maloof, quien está preso por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Y Colombia Democrática es la agrupación del senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente, y a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar por los mismos hechos. Además, tres de sus congresistas están presos: Álvaro García Romero, Miguel de la Espriella y Eric Morris Taboada, que siguen moviendo desde la cárcel, cual expertos titiriteros, los hilos políticos de sus regiones. Hilos que también mueve Álvaro Araújo Castro, ex senador de Alas Equipo Colombia, quien no tuvo inconveniente alguno para llamar desde La Picota a Radio Guatapurí -emisora de su familia- para promover la candidatura de Arturo Calderón a la Gobernación del Cesar.
Sobre el riesgo inminente de un posible fraude, el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo sostiene que ante "todos los indicios de corrupción política y de desorden electoral, la respuesta no debe ser la de presentar nuevos proyectos de ley y de reformas constitucionales, sino la de aplicar las normas que existen, porque leyes para reprimir todo eso existen, lo que hay es que hacerlas cumplir".
El ex ministro también llama la atención sobre el desorden que han armado los propios partidos en su afán de sumar votos. Desorden que ha propiciado alianzas impensables en su momento, como que dos partidos uribistas respalden al ex tres veces candidato presidencial Horacio Serpa para la Gobernación de Santander. Lo curioso es que La U y Cambio Radical se vayan con Serpa, contradictor acérrimo del Presidente, y no con Dídier Tavera, el candidato de Convergencia Ciudadana, uno de los ocho partidos de la coalición Uribista. "Pero es que en aras de consolidar una coalición de Gobierno no podemos irnos con un candidato al que testigos acusan de estar al servicio del paramilitarismo", le dijo a CAMBIO un dirigente santandereano.
Sobre las curiosas alianzas, "así algunas sean explicables", el constitucionalista Jaime Castro asegura que "la Ley de Partidos está saltando en pedazos y estamos asistiendo a una rapiña de avales". Avales que incluso algunos candidatos recibieron pero no utilizaron, como Enrique Peñalosa en Bogotá o Eugenio Prieto en Antioquia. Ambos decidieron inscribir sus candidaturas con firmas. Como también lo hizo Arturo Calderón, el candidato del ex senador Araújo en el Cesar. Claro, en cada caso por motivaciones distintas, y aunque no todos se pueden meter en el mismo costal, lo cierto es que la intención política es la de aparecer ante la opinión como aspirantes sin compromisos, "aunque acepto que cada vez es más difícil hacer política independiente", reconoció Peñalosa.
Y Jaime Castro agrega que la legislación sobre la materia, que ha sido copiada de otras partes, está hecha para partidos modernos y organizados, de masas y democráticos, cuyos militantes no son convidados de piedra cuando de escoger candidatos se trata. "Nada de lo cual ocurre en Colombia, porque los nuestros no son partidos sino montoneras, que controlan y manejan los congresistas, y que ahora también están en manos de una burocracia arrogante y bien remunerada que dispone de presupuestos millonarios financiados por el Estado", señala. También denuncia que casi ningún partido escapa a que en el momento de la elaboración de listas y el otorgamiento de avales, en muchos casos, "prevalecen las simpatías o antipatías personales y los intereses políticos de los congresistas y directivos de los partidos".
Quién es quién
Sin embargo, con todos los defectos que afrontan las elecciones y ante el amplio y variopinto listado de candidatos, la ventaja -y el deber- que tienen los colombianos es la de poder escoger a los mejores. Aspirantes hay para todos los gustos y de todos los colores (ver artículos siguientes). Acá algunos de los más representativos en todo el país.
En Antioquia el ex senador Luis Alfredo Ramos, jefe de Alas Equipo Colombia, puntea las elecciones para la Gobernación, seguido de Eugenio Prieto, quien se inscribió con firmas. También están los candidatos Rodrigo Saldarriaga, del Polo Democrático, y Jorge Orlando Gutiérrez.
Para la Alcaldía de Medellín se inscribieron seis candidatos: Luis Pérez Gutiérrez (que tiene el aval liberal) lo hizo con firmas, Sergio Naranjo por Opción Centro, Alonso Salazar a nombre de la Alianza Social Indígena; Luis Guillermo Pardo, del Polo; Gabriel Jaime Rico, del Partido Conservador, y Carlos Cuervo, de Autoridades Indígenas de Colombia.
En el Valle y Cali fue donde mayor número de candidatos se inscribieron: siete para la Gobernación: Fabiola Perdomo, Francisco Lamus, Ricardo Cobo, Juan Carlos Abadía, Orlando Riascos, Alejandro de Lima y Francisco Murgueitio; y ocho para la Alcaldía: Jorge Iván Ospina, Francisco Lloreda, Bruno Díaz, John Maro Rodríguez, Jorge Tobón, Luis Hurtado, Jorge Portocarrero y Carlos Urresty.
En Atlántico disputan la Gobernación con el ex senador José Name Terán, Eduardo Verano, Rodolfo Daníes, Alfonso Camerano, Marieta Morad, Alfredo Palencia y Jaime Amín. La Alcaldía de Barranquilla la pelean Alejandro Char -hizo llave con Name-, Édgar Perea, Máximo Noriega, Billy Hernández y Zoila Álvarez.
Y en Bogotá Enrique Peñalosa y Sa-muel Moreno Rojas están en un cabeza a cabeza en la lucha por quedarse con el segundo cargo del país. También son candidatos Leonor Serrano de Camargo, Antonio Galán, Juan Carlos Flórez y William Vinasco Ch.
SECRETOS DE LA CAMPAÑA
NO ME AMENACES. Luego de que Yamile Medina, aliada política de Mario Uribe, había amenazado con abandonar Colombia Democrática si no quedaba como cabeza de la lista para el Concejo de Bogotá, tuvo que tragarse sus palabras. Emel Rojas, quien contó con el apoyo del senador Gonzalo Gutiérrez -aliado político y amigo personal de Medina- logró encabezar la lista. Medina tuvo que conformarse con el segundo lugar porque en ningún otro partido la recibieron.
LA EX POLICÍA. María Eugenia Riascos, una ex agente de la Policía, busca llegar a la Alcaldía de Cúcuta. Políticamente explota el hecho de haber sido directora del Sisbén durante la primera parte de la administración del actual alcalde Ramiro Suárez. Riascos se peleó políticamente con Suárez Corzo, quien respalda al ex viceministro del Interior Hernando Angarita.
VEEDOR CON LUPA. Rodrigo Llano, veedor del Partido Liberal, se tomó a pecho su misión de evitar que en las listas rojas se colaran candidatos "indeseables". Por esa razón, no dudó en pedirle al ex presidente César Gaviria, jefe de la colectividad, que llamara incluso a media noche al Fiscal General, al Procurador General y al Director de la Policía cuando lo asaltaban dudas sobre algún nombre.
EL HERMANO DE CANO. Roberto Sáenz, hermano de Alfonso Cano, segundo al mando de las Farc, aspira a llegar al Concejo de Bogotá por el Polo Democrático. Como encargado de los programas de reconciliación de la Alcaldía de Lucho Garzón, Sáenz fue portada del periódico The Wall Street Journal, que hizo el contraste entre sus actividades humanitarias y las de su hermano guerrillero.
FAJARDO, EL AVALADOR. Varios aspirantes a alcaldías de otras capitales buscaron al alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, para que les ayudara a conseguir el aval de la Alianza Social Indígena. Los aspirantes estaban convencidos de que eso les daría una ventaja especial por la buena imagen del mandatario de la capital antioqueña.
IMPEDIDO. El senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, ex presidente del Congreso, corre el riesgo de perder la Alcaldía de El Espinal, segunda ciudad del Tolima, por haber inscrito a un candidato que se encuentra impedido. Ese hecho aumenta automáticamente las acciones del aspirante patrocinado por su rival político Emilio Martínez, ex presidente de la Cámara.