El feudo de Ramiro

Suárez, el alcalde 'cacique'

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Villamizar, que es ingeniero civil, durante año y medio fue el encargado de diseñar las principales obras de infraestructura de la ciudad, mientras que Vélez y García eran los que manejaban los contratos más cuestionados, antes y después de que Suárez fuera detenido por vínculos con paramilitares del bloque Catatumbo.

En el departamento  es un secreto a voces que Suárez Corzo movió sus fichas para conseguir apoyos tan difíciles como el del senador liberal Juan Fernando Cristo, quien alguna vez denunció ante el presidente Álvaro Uribe que el propio Suárez y el senador Manuel Guillermo Mora -patrocinado políticamente por el Alcalde- querían matarlo por haber denunciado la influencia de los paramilitares en el gobierno local.

Según una fuente de la Dirección Seccional de Fiscalías, están en proceso de verificación denuncias según las cuales parte de los apoyos fueron obtenidos por medio de contratos de interventoría de millonarias obras como la construcción de los puentes de La Gazapa y La Redoma de San Mateo en Cúcuta.

En la contienda por la Alcaldía de Cúcuta, la aspiración del ex viceministro del Interior Hernando Angarita, cuenta con el apoyo de los mismos que apoyan a Villamizar para la Gobernación. En escenarios públicos, como consejos comunales, el alcalde Suárez ha dicho que "la ciudad quedaría en muy buenas manos" si es elegido Angarita.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, la ONG más crítica de la administración de Suárez, le propuso a este renunciar y acogerse a la Ley de Justicia y Paz. La propuesta fue hecha en una carta en la que le recordó que cuatro jefes desmovilizados lo sindicaron de haber ordenado varios asesinatos para deshacerse de "personas incómodas" para su administración. "Si el Alcalde se va -asegura Cañizares- la ciudad y el departamento se podrán liberar, por fin, de una influencia funesta que amenaza con prolongar la horrible noche que ha vivido la región". "A palabras necias, oídos sordos", respondió el Alcalde. Según él, los ataques se han recrudecido por causa de la campaña y la Fiscalía no ha podido resolverle de nuevo su situación jurídica  porque no hay pruebas en su contra.