Julio 30 de 2007
Con cargo al Estado
Estos son algunos de los casos más representativos que desembocaron en fallos de indemnización
Desatención a comunidades vulnerables y a personas en riesgo y connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con actores armados ilegales, son dos de las principales causas que durante la última década le significaron al Estado colombiano condenas por 350.000 millones de pesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al margen de esos casos, la justicia colombiana investiga otros de similar naturaleza y están pendientes de fallo por parte del Consejo de Estado 62 procesos que también podrían comprometer al erario.
Estos son algunos de los casos más representativos que desembocaron en fallos que hacen forzoso indemnizar a las víctimas, cada una de las cuales recibe, en promedio, 80.000 dólares, según cálculos hechos por el jurista colombiano Ernesto Rey Cantor, juez ad hoc de la Corte Interamericana:
SEIS MILLONES de dólares (cerca de 12.000 millones de pesos) deberá pagarles la Nación a las familias de los 19 comerciantes nortesantandereanos, secuestrados y asesinados el 4 de octubre de 1987 por un grupo paramilitar al mando de Ramón Isaza en Puerto Boyacá, Magdalena Medio.
3.500 MILLONES de pesos valdrá la indemnización por perjuicios a las víctimas de las masacres cometidas por un grupo de autodefensas en los corregimientos de La Granja y El Aro, jurisdicción del municipio antioqueño de Ituango. Las acciones criminales, ocurridas el 11 de junio y el 25 de octubre de 1997, respectivamente, cobraron las vidas de 23 campesinos.
12.500 MILLONES de pesos recibirán los dolientes de seis personas asesinadas y 37 desaparecidas durante una incursión paramilitar ocurrida en enero de 1990 en Pueblo Bello, Urabá antioqueño.
FALTA POR INDEMNIZAR a los afectados por la masacre de 49 personas en Mapiripán, Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997. También a los dolientes de 12 funcionarios judiciales asesinados en La Rochela, Santander, en 1989. En este último episodio el Estado colombiano ya reconoció públicamente su responsabilidad y adoptó medidas específicas para reparar moralmente a los familiares de las víctimas.