Julio 30 de 2007
Caminante sí hay camino
El ejemplo de Gustavo Moncayo es la inspiración de miles de víctimas de la violencia para hacerse oír en todo el país.
SI DESPUÉS DE recorrer a pie los 900 kilómetros que hay entre Pasto y Bogotá el profesor Gustavo Moncayo oye un "no" de labios del presidente Álvaro Uribe, no desistirá de su idea de promover un acuerdo humanitario que permita a su hijo Pablo Emilio y a los demás secuestrados recuperar la libertad. Está dispuesto a caminar hasta Venezuela para ver si allí lo oye el presidente Hugo Chávez. "Ese es mi plan B", dice Moncayo mientras avanza, en medio de un calor sofocante y con los pies cubiertos de llagas, entre Girardot y Melgar, seguido de cerca por víctimas de otras tragedias. Y agrega: "No tendría ninguna presentación que vaya a marchar hasta otro país porque en el mío no hay disposición para liberar a los secuestrados".
Se declara cansado de suplicarles al Gobierno, a las Farc, a la comunidad internacional y a la sociedad en general que lo escuchen. Dice que su lamento ha sido, en casi una década, un grito en el desierto porque su hijo Pablo Emilio y otros 46 secuestrados siguen en poder de las Farc en calidad de canjeables por guerrilleros presos. "No podemos seguir esperando a que el Gobierno y las Farc sigan llenándose de odio y alimentando su sed de venganza", afirma.
El resultado de su recorrido hasta Bogotá y de su protesta pacífica es la solidaridad, millones de firmas recogidas y un gran impacto en los medios. Y, sobre todo, la sensación de que su causa ha tenido un efecto adicional: las víctimas se cansaron de guardar silencio.
El sentimiento de Moncayo se ha multiplicado y ya no es el único que se moviliza: indígenas, desplazados y víctimas del paramilitarismo, personas que se sienten amenazadas por las Farc, gente que no ha recibido las ayudas prometidas o simplemente ciudadanos del común que quieren solidarizarse con quienes ha sufrido las mil y una violencias y están clamando por el fin de la confrontación.
"Si las víctimas gritan, o más bien si tienen que salir a gritar, es porque los victimarios han intentado opacarlas-se duele el psiquiatra Ismael Roldán Valencia, de la fundación Víctimas Visibles-Los victimarios son los que han tenido gran protagonismo". Y agrega: "Esta semana estuvieron en el Congreso y las sillas estuvieron vacías, eso es un indicador de lo invisibles que han sido incluso para los mismos legisladores". Fue la misma sensación de desaliento que expresó la líder indígena paez Lisinia Collazos: "Me preocupa ver tantas sillas vacías. ¿Dónde está el compromiso?".
A marchar se dijo
Las víctimas están saliendo a pedirle al país que se pellizque antes de que la situación empeore. En el Congreso, en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de los Artesanos, en las vías entre Cauca y Bogotá y en Antioquia, víctimas de los paramilitares, las guerrillas y el mismo Estado se hicieron visibles esta semana de distintas maneras.
Pese a las amenazas de los grupos armados, a la indiferencia de los gobernantes, a la displicencia de los congresistas, a la tardanza en las ayudas, al riesgo que implica salir a protestar, las víctimas hoy gritan en las calles y a su paso arrastran más voces.
Un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, liderado por el investigador Fernando Sarmiento, revela que por encima de la pobreza, el TLC, los recursos para la educación pública o la falta de garantías salariales, la razón que hoy más mueve a los colombianos a protestar en las calles es la ausencia de paz, la violación de los derechos humanos, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o cualquier tipo de manifestación violenta.
Según la investigación, si entre 1990 y 1997 hubo 163 marchas, movilizaciones y concentraciones por la paz, la cifra ascendió a 472 entre 1998 y 2006. "Sorpresivamente la mayoría de marchas con este propósito ha ocurrido en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe", dice Sarmiento. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2006 se contabilizaron 248 y en lo que va de 2007 ya hay un récord histórico. "Las víctimas del conflicto y quienes se solidarizan con su causa son ahora las que están saliendo a marchar", añade el investigador.
En momentos en los que el Gobierno aduce que hay una reducción en la confrontación armada, cuando hay un proceso con las Auc y conversaciones con el Eln y pese a que con las Farc no hay acercamientos, las voces contra la guerra se multiplican y las víctimas ruegan por un espacio. La razón, coinciden varios analistas, es que sólo hasta ahora empiezan a hacerse visibles, pues el protagonismo lo ha tenido -y lo quieren seguir teniendo- los victimarios. "El caso del profesor Moncayo es sólo una expresión del levantamiento de los que hasta ahora eran consideradas 'los sin voz'", dice el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, defensor del acuerdo humanitario.
Por la vida
La semana pasada en Bogotá confluyeron varias manifestaciones pacíficas para reclamar al Gobierno y a los grupos armados terminar con la violencia. Incluso, movilizaciones como las de los indígenas del Cauca, que en un principio fueron motivadas por la falta de garantías para sobrevivir en sus territorios ancestrales, se convirtieron en una manifestación por la vida. A esta también se unieron comunidades negras. Todos están unidos por el cansancio de la guerra.
Ezequiel Vitonás encabezó la Movilización por la Dignidad, una marcha de 1.700 indígenas que salió el domingo 22 desde Santander de Quilichao, Cauca, y que el jueves en la tarde llegó a Bogotá. Paeces, guambianos y totoróes se concentraron en la Plaza de Bolívar con una consigna: "Fuera grupos armados de nuestros territorios ancestrales". Horas antes se habían encontrado en Melgar con el profesor Moncayo: "Tenemos que hacernos oír de alguna manera -le dijo Vitonás-. Es la vida lo que está en juego".
Todos han padecido los horrores de las Auc, el Eln o las Farc, incluso del Estado mismo. Las víctimas que hasta ahora parecían invisibles suman hoy cerca de 70.000. Muchas se han unido en distintos movimientos en busca de espacios para ser reconocidas y de garantías para sobrevivir. "A raíz de la Ley 975, las víctimas aparecieron en el escenario
-explica el ex canciller Augusto Ramírez, miembro de la Comisión Nacional de Conciliación-. Antes, de las únicas que se hablaba en el país era de los desplazados. Hoy van a empezar a hacerse visibles y lo importante de esto es que hay una movilización nacional por la vida".
Por su parte, Bernal Cuéllar considera que las movilizaciones son un jalón de orejas para la dirigencia colombiana porque evidencian que faltan espacios y mecanismos de respeto y defensa de los derechos de las víctimas. "El de Moncayo es un acto simbólico y de admiración que ha logrado que el país sienta como suya la causa de la libertad -asegura el ex procurador-. Y es un llamado al Gobierno y a las Farc para que hagan propuestas razonables".
Intimidaciones y amenazas
Por declararse víctima de las Auc y denunciar la apropiación violenta de las tierras de los campesinos por parte de los jefes desmovilizados, Yolanda Izquierdo, líder comunal de Córdoba, fue asesinada. Con ella son ya son 7 los líderes muertos por pretender que jefes paramilitares cumplan con las exigencias de la Ley. El objetivo era acallar a las otras víctimas.
Los crímenes están impunes pese a que ocurrieron después del desarme de las Auc y lo peor es que las amenazas continúan y en la Fiscalía hay más de 160 denuncias de otras víctimas. Por preguntar dónde están sus muertos y desaparecidos son perseguidas, como se hizo evidente en Medellín durante la versión libre del ex jefe paramilitar Fredy Rendón, El Alemán. Marchas de desmovilizados intimidaron a las víctimas. Y no sólo eso, durante las versiones de otros jefes, las víctimas fueron grabadas durante una protesta pacífica.
"Ha habido intimidaciones, amenazas y asesinatos y eso es una alarmante respuesta al movimiento de las víctimas -asegura Sergio Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo de la OEA-.Esto afecta enormemente el proceso de paz porque tenemos por delante un movimiento gigante de víctimas que lo que requieren es respeto y protección. El Estado colombiano debe tomar medidas".
María Helena Toro, una de las fundadoras del movimiento Madres de la Candelaria, pide que le digan dónde están cinco familiares desaparecidos por los paramilitares desde hace una década. Para hacerse oír tuvo que unirse a otras familias para gritar todos los miércoles en el Parque Berrío de Medellín: "¿Dónde están, dónde están?". Pese a que el jefe desmovilizado Diego Fernando Murillo, Don Berna, se comprometió a informarle qué pasó con tres de ellos, sigue sin saber. "Después de mucho rogar pude ir a la cárcel de Itagüí para que, de frente, Don Berna, Mancuso, El Alemán y Ramón Isaza me dijeran qué ocurrió".
Espera que le indiquen dónde están enterrados Juan Carlos Ortiz, Claudia Helena Orrego y Mercedes Toro. No sabe qué pasó con su hijo Franklin y su amigo Guillermo Serna. "Me dan la verdad por partecitas -dice-. Don Berna dice que de pronto me responde El Alemán, pero eso es uno como rogando para que le digan las cosas". Y agrega: "Por eso tenemos que seguir pidiendo respaldo de la sociedad aunque en el Congreso no les importe. Las víctimas no nos callamos porque si nos dejamos intimidar qué sentido tendría todo este esfuerzo que estamos haciendo".
Licinia Collazos, víctima de la masacre del Alto Naya, cometida por hombres del bloque Calima de las Auc entre el 10 y el 12 de abril de 2001, en los límites entre Cauca y Valle, recuerda que mataron a su esposo y a otras 19 personas que eran sus amigos. "Estoy reclamando justicia porque no sólo los mataron con motosierras, nos convirtieron a los sobrevivientes en víctimas -afirma-.
¿Qué soy yo ahora? Otra víctima, pero del desplazamiento. Los que sobrevivimos fuimos llevados a la finca La Laguna -en Timbío, Cauca- donde hacemos proyectos productivos. Pero nos tocó correr y correr".
Cuenta que mataron a su esposo Audilio Rivera, a dos primos y a varios amigos y que desaparecieron a muchos tirándolos al río. "De esos nadie se acuerda, pero créame que las familias se levantan todos los días preguntándose dónde están". El jueves se entrevistó con una delegación de indígenas del Cauca que llegó a Bogotá para clamar por el respeto de las comunidades aborígenes y pedir garantías para sus vidas. Todos víctimas: de la guerra, del abandono, del olvido...
En busca de respeto
En el 60% de su cuerpo hay cicatrices de quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Es Luz Mery Estrada, de 38 años. Es viuda, su esposo Jorge Iván Arango fue uno de los 85 muertos que dejó la explosión provocada por el Eln en el poliducto de Machuca, en Segovia, Antioquia, el 18 de octubre de 1998. Allí también murió su hijo Nayíber Asdrúbal, de 7 años, y quedó herido su otro pequeño, Edward Esteban. "Hoy rompo mi silencio porque como víctima este país no se ha acordado de mí -dice la mujer que reclama para ella y su hijo ayuda humanitaria-. Estoy vivita, eso les he dicho a los señores del Gobierno porque después de que estuve en la clínica tres meses me dicen que la ayuda humanitaria es para los muertos".
Después de siete años le pide a Acción Social que resuelva su situación. "Si uno no protesta en este país nadie le para bolas -asegura-. Pero vengo a Bogotá y encuentro que en el Congreso no están los padres de la patria para escucharnos, que todo el mundo cree que ya nos dieron las ayudas a todas las víctimas de Machuca, y que si me hubiera muerto mi familia podría de pronto reclamar alguna ayuda".
Recuerda que en 1995 el Eln asesinó a su primer esposo, Eduardo Antonio Alzate, y se pregunta por las garantías para las víctimas. "Después de mucho rogar por fin se apiadaron de mí y por tener el 60% del cuerpo quemado me dijeron que tenía derecho a 500.000 pesos porque no había perdido una mano, un pie o un ojo".
Leiner Palacio sobrevivió el 2 de mayo de 2002 a la explosión de los cilindros bomba que las Farc lanzaron contra la iglesia de Bojayá, Chocó, donde murieron 119 personas. "No nos oyen pero no estamos mudos", dice directo y hace énfasis en que cinco años después de la tragedia, Bojayá sigue padeciendo el conflicto y que la promesa del Gobierno de reconstruir esa población no es suficiente. "Al dolor hay que añadirle el desaliento de ver que nos tratan a veces como si estuviéramos pidiendo limosna para que nos atienda el Gobierno", se lamenta Palacio y cuenta que tras la explosión empezaron a reconstruir un pueblo nuevo. "Por lo demorado los bautizamos Se Verá -dice-. Cuando por fin dijeron que estaba casi listo, el acueducto no funciona, el alcantarillado tampoco, la planta de energía de vez en cuando".
Palacio afirma que en Bojayá sienten miedo, que han asesinado a más de 40 personas después de la tragedia, que hay 350 familias desplazadas viviendo en Quibdó. "La guerra no se va", dice y asegura que lo que más duele es ver cómo los victimarios se quieren lavar las manos: "El Alemán dijo en su versión libre que no tuvo culpa, pero nosotros pensamos que sí y que debe responder por ponernos como carne de cañón".
No es exagerado decir que son millones las víctimas de la violencia. Muy pocos se salvan de ella o de haber visto sufrir a alguien. Por eso Palacio hace un llamado: "Unámonos a ver si conseguimos más respeto".
Mirar a las víctimas
Los 30.000 desaparecidos, los cerca de 3.200 secuestrados, los tres millones de desplazados y las miles de víctimas de asesinatos y masacres que registra hoy el conflicto mueven a los colombianos para reclamar que esos crímenes no queden impunes. "Colombia no puede continuar como un cementerio en el que se entierran sus tragedias y se olvidan los horrores que se han cometido", dice Carlos Lizcano, hijo del ex congresista Óscar Tulio, en poder de las Farc desde hace siete años.
Las víctimas esperan que sus clamores sean oídos, que encuentren alguna respuesta. El profesor Moncayo cree que si su marcha no sirve para abrirles el corazón al Gobierno y las Farc, servirá por lo menos para que el país abra los ojos y se solidarice con las víctimas.
Una primera respuesta al llamado de Moncayo la tiene el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien sostiene que el Presidente dirá "sí" al acuerdo humanitario. "Será un 'sí' condicionado a que no haya despeje'", dice Moncayo. El profesor, que llegará esta semana a Bogotá luego de dejar atrás a indígenas, comunidades negras, víctimas del secuestro, del desplazamiento, de la desaparición forzada y de todos los tipos de violencia, es hoy por hoy el símbolo de las víctimas que quieren romper el silencio y gritar para ser escuchadas, para que el Gobierno, el Congreso y la sociedad toda entiendan que ha llegado la hora de dirigir la mirada hacia ellas. Como escribió Hernando Gómez Buendía en una reciente columna, "los beneficios legales para las Auc, el indulto a los presos de las Farc y las ofertas para el Eln no se justifican si no ayudan a las víctimas".
LA AYUDA OFICIAL
"Hemos levantado de entre los escombros 160 pueblos destruidos durante ataques terroristas", dice Marlene Mesa, directora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, adscrito a Acción Social la Presidencia. Cita la cifra para hacerle contrapeso a las afirmaciones de algunas Ong que sostienen que el Gobierno ha sido indiferente a la suerte de las víctimas de los grupos armados.
Según Mesa, desde 2002 hasta hoy más de 30.000 familias de víctimas han recibido ayuda por 425.000 millones de pesos, en aplicación de un modelo que supone reparación social y que es anterior a la Ley de Justicia y Paz. "Nos pusimos al día en los pagos que estuvieron retrasados entre 1999 y 2001 -dice-. Un lapso en el que la capacidad del Estado se vio desbordada porque el país sufrió, en promedio, tres asaltos semanales a poblaciones".
Para garantizar el pago de compensaciones equivalente a 40 salarios mínimos por familia, el programa debió multiplicar por siete su presupuesto anual de 10.000 millones de pesos. Los 70.000 millones con que hoy cuenta hacen parte del Presupuesto Nacional y no incluyen un solo peso de cooperación internacional. "Aquí no se cuenta con ayuda internacional porque las comunidades de países han dejado en claro que la atención a las víctimas de conflictos internos es responsabilidad exclusiva del respectivo Estado", explica Mesa.
Acción Social también tiene a cargo la administración del Fondo de Reparación creado por la Ley de Justicia y Paz, pero la provisión de sus recursos está rezagada porque depende de la evolución del proceso con los paramilitares. Hasta el momento los bienes que ha recibido son dos fincas, tres lotes y algunas cabezas de ganado que entregó Jorge Pirata. Ofertas hechas por Mancuso y Macaco por de 87 millones de dólares son, por ahora, simples expectativas.
INDOLENCIA
La sesión especial que el martes 24 organizó en el Congreso el senador liberal Juan Fernando Cristo con el apoyo de la Fundación Víctimas Visibles para que cerca de 40 víctimas de la violencia contaran sus historias, dejó un mal sabor. La mayoría de los congresistas abandonó el recinto. Sólo los del Polo Democrático, casi todos los liberales, dos conservadores, dos de La U y uno de Cambio Radical se quedaron para oírlas. "Es muy triste ver que donde se hacen las leyes de la impunidad, no se nos escucha a las víctimas", dijo Luz Marina Hache, una de las víctimas que contó su experiencia.
Las víctimas no despertaron el mismo interés que despertaron los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque y Ramón Isaza el 28 de julio de 2004, cuando llegaron acolitados por las entonces congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda y hablaron en el salón Elíptico. En perfecto silencio, oyeron el discurso arrogante de Mancuso: "Como recompensa a nuestro sacrificio por la Patria, haber liberado de la guerrilla a media República y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba, o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel".
También fue mejor recibido el vocero del Eln, Francisco Galán, que el 5 de junio de 2004 participó en un foro sobre minas antipersona.