López y su última causa

Jueves 5 de julio: junto a Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, marchó para pedir el acuerdo humanitario. Foto: Archivo Cambio

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EL EX PRESIDENTE Alfonso López Michelsen expresó en una de sus columnas del periódico El Tiempo, hace  varios años, que aspiraba a que su última actuación, como hombre público, fuera ayudar a la suscripción de un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las Farc, que pusiera fin al drama del grupo de secuestrados por cuya liberación se pedía un intercambio con guerrilleros de ese grupo presos en las cárceles. El fallecimiento del ex presidente ésta semana truncó la posibilidad de que su anhelo se convirtiera en realidad. El asesinato de los 11 diputados del Valle, en medio de confusas circunstancias ha polarizado los ánimos y alejado las posibilidades de un acuerdo inmediato.

El interés del ex mandatario por el tema -a quien acompañé los últimos cinco años en este noble empeño- no fue fortuito. En los años 70 él libró una dura batalla en Colombia para que fueran aceptadas, como parte de nuestro ordenamiento constitucional, las normas del Derecho Internacional Humanitario que regulaban, desde el antiguo derecho de gentes, las obligaciones de las partes involucradas en un conflicto en relación con la preservación de la integridad y la libertad de la población civil inocente. Los contradictores de dicha posibilidad habían conseguido hacer creer a la opinión que dicha consagración implicaba, en la práctica, un reconocimiento institucional de la condición de "fuerza beligerante" de las Farc. López, con la paciencia franciscana que siempre lo caracterizó cuando quería persuadir a alguien de las bondades de una tesis, demostró que los compromisos en materia de humanización de la guerra, contenidos en el DIH, no producían ningún efecto en la condición de las partes  en  conflicto  porque el estatus de beligerancia suponía un reconocimiento internacional independiente de su obligación de conducir "limpiamente" la guerra.

La tenacidad del ex presidente fue premiada con la introducción de las normas humanitarias en la Constitución de 1991 y  la consiguiente aprobación legal, durante mi gobierno, de los Protocolos I y II de la Convención de Ginebra que desarrollaron sus contenidos fundamentales. Uno de estos últimos, establecido en el artículo tercero común, consagra la posibilidad que tienen las partes involucradas en un conflicto de suscribir "acuerdo especiales" para humanizar sus enfrentamientos como el intercambio de prisioneros combatientes. La propuesta del intercambio, planteada por las Farc al comenzar el primer mandato del Presidente Uribe, nos llevó con los ex presidentes López y Turbay, por solicitud de los familiares de los secuestrados, a solicitarle al gobierno del Presidente Uribe y a las mismas Farc que aceleraran la suscripción del convenio para el canje de secuestrados por guerrilleros presos. 

Durante los primeros años, la distancia entre las partes pareció reducirse; el Gobierno aceptó que la negociación se hiciera en Colombia, que no participaran las Naciones Unidas como lo había propuesto inicialmente y que los guerrilleros liberados no tuvieran que salir del país. Las Farc, por su parte, redujeron a dos municipios en el departamento del Valle sus pretensiones del despeje para la negociación y entrega, nombraron sus negociadores y aceptaron incluir en el grupo de intercambio a todos los denominados "secuestrados políticos". El fallido intento de rescate militar del ex ministro Gilberto Echeverri y del Gobernador Guillermo Gaviria, que terminó en el asesinato por parte de las Farc de nueve secuestrados, reforzó la necesidad de encontrar una salida no militar al problema. López propuso entonces que no se hablara de "acuerdo humanitario" sino de "acuerdo político con efectos humanitarios" buscando un contexto  dentro del cual le resultara más fácil al presidente Uribe aceptar los términos planteados por la guerrilla. Lúcidamente, López distinguió en una conferencia universitaria en Bogotá, entre los acuerdos humanitarios en medio de la guerra y los acuerdos de paz para terminar la guerra. Suponíamos que esta aclaración tranquilizaría al Gobierno sobre los alcances de la propuesta humanitaria.

En plena campaña presidencial, al finalizar el año 2005, el presidente Uribe aceptó una propuesta de los tres países facilitadores, Francia, España y Suiza, para crear una "zona de encuentro" en parte de los municipios de Pradera  y Florida, que sería vigilada internacionalmente, dentro de la cual se podrían  negociar, en un plazo breve, los términos y condiciones del intercambio propuesto. Con el ex presidente decidimos apoyar la iniciativa sin reservas; visto retrospectivamente, tal vez fue éste el momento en que estuvimos más cerca del acuerdo durante los últimos cinco años. Así lo hicimos saber a los países de la propuesta. El ex presidente hablaba con Francia y yo con España. Para esa época fueron divulgadas en el Concejo de Bogotá unas encuestas en las cuales se demostraba que, por primera vez, la gente a favor del acuerdo superaba a la que lo rechazaba, la mayoría de ésta última por cuenta de su apoyo al Gobierno. Recuerdo que López me dijo al salir de la reunión: "¡Ernesto, qué bueno, esto está saliendo!"