Chantaje 'para'
En un documento de 25 páginas está parte de la fórmula que paramilitares y políticos presos hicieron llegar a la Casa de Nariño para salir de la cárcel.
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EL SÁBADO 27 DE MAYO, el abogado Abelardo de la Espriella, cabeza del bufete de abogados Lawyers Enterprise, recibió una llamada del asesor de la Casa de Nariño, José Obdulio Gaviria, quien le manifestó que el Gobierno había recibido y estudiaba con interés su propuesta para buscarle una salida jurídica al proceso de la parapolítica.
El consejero presidencial le dijo a De la Espriella que coincidía con él en que se trataba de una iniciativa viable en Derecho y "presentable políticamente", entre otras razones porque no parecía una Ley de Punto Final. La propuesta, que de la Espriella desarrolló en un documento de 25 páginas, sugiere activar mecanismos legales para cambiar el delito de concierto para delinquir por el cual están siendo investigados la mayoría de los congresistas, dirigentes y funcionarios detenidos por nexos con los paramilitares, por el delito de sedición.
Si eso llegara a hacerse realidad, podría aplicárseles el principio de la favorabilidad, de tal forma que no se verían expuestos a penas de entre seis y 12 años de prisión, como lo establece el Código Penal para el delito de concierto para delinquir, sino a castigos más benévolos de entre dos y seis años. Pero no solo eso. Como la sedición es un delito político y los delitos políticos son amnistiables e indultables, algunos podrían incluso a aspirar al perdón.
En la exposición de su propuesta, De la Espriella repasa la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia y concluye que no sería la primera vez que el alto tribunal aplicaría ese criterio. Además, el abogado cita numerosos casos en que, tanto la Corte como jueces de menor categoría y fiscales, han echado mano de esa fórmula para resolver de fondo casos que involucraban a militantes, auxiliadores o aliados de guerrilla. Y sugiere un derrotero para llevar la propuesta a puerto seguro (ver recuadro).
En condiciones normales, no tendría nada de extraño que el Gobierno, empeñado en la búsqueda de alternativas para sacar adelante acuerdos de paz con los actores armados, buscara este tipo de conceptos jurídicos. De hecho, el propio Secretario Jurídico de la Presidencia, Mauricio González, le dijo a CAMBIO que para lanzar la propuesta de liberar a los guerrilleros presos de la Farc, el Gobierno oyó opiniones tan calificadas como las del ex magistrado Eduardo Montealegre y el jurista Augusto Ibáñez.
