Junio 1 de 2007
Chantaje 'para'
Cambio revela la fórmula que paramilitares y políticos presos hicieron llegar a la Casa de Nariño para salir de la cárcel.
EL SÁBADO 27 DE MAYO, el abogado Abelardo de la Espriella, cabeza del bufete de abogados Lawyers Enterprise, recibió una llamada del asesor de la Casa de Nariño, José Obdulio Gaviria, quien le manifestó que el Gobierno había recibido y estudiaba con interés su propuesta para buscarle una salida jurídica al proceso de la parapolítica.
El consejero presidencial le dijo a De la Espriella que coincidía con él en que se trataba de una iniciativa viable en Derecho y "presentable políticamente", entre otras razones porque no parecía una Ley de Punto Final. La propuesta, que de la Espriella desarrolló en un documento de 25 páginas, sugiere activar mecanismos legales para cambiar el delito de concierto para delinquir por el cual están siendo investigados la mayoría de los congresistas, dirigentes y funcionarios detenidos por nexos con los paramilitares, por el delito de sedición.
Si eso llegara a hacerse realidad, podría aplicárseles el principio de la favorabilidad, de tal forma que no se verían expuestos a penas de entre seis y 12 años de prisión, como lo establece el Código Penal para el delito de concierto para delinquir, sino a castigos más benévolos de entre dos y seis años. Pero no solo eso. Como la sedición es un delito político y los delitos políticos son amnistiables e indultables, algunos podrían incluso a aspirar al perdón.
En la exposición de su propuesta, De la Espriella repasa la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia y concluye que no sería la primera vez que el alto tribunal aplicaría ese criterio. Además, el abogado cita numerosos casos en que, tanto la Corte como jueces de menor categoría y fiscales, han echado mano de esa fórmula para resolver de fondo casos que involucraban a militantes, auxiliadores o aliados de guerrilla. Y sugiere un derrotero para llevar la propuesta a puerto seguro (ver recuadro).
En condiciones normales, no tendría nada de extraño que el Gobierno, empeñado en la búsqueda de alternativas para sacar adelante acuerdos de paz con los actores armados, buscara este tipo de conceptos jurídicos. De hecho, el propio Secretario Jurídico de la Presidencia, Mauricio González, le dijo a CAMBIO que para lanzar la propuesta de liberar a los guerrilleros presos de la Farc, el Gobierno oyó opiniones tan calificadas como las del ex magistrado Eduardo Montealegre y el jurista Augusto Ibáñez.
Sin embargo, este caso no tiene la misma presentación, pues De la Espriella, como abogado del congresista José de los Santos Negrete y otros de los firmantes del Pacto de Ralito, tiene un interés directo en el tema y además, según los registros del Inpec, todas las semanas visita La Picota donde están recluidos los investigados que se beneficiarían si la propuesta prospera.
Aunque el abogado dice que se trata de un concepto que comenzó a ventilar aun antes de que Corte y Fiscalía dictaran las primeras medidas de aseguramiento, lo cierto es que, según algunas fuentes del propio penal, su fórmula se fortaleció y despertó la atención de la Casa de Nariño después de que los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí y algunos congresistas recluidos en La Picota empezaron a enviar razones con el mensaje subliminal de que estarían dispuestos a decir verdades que podrían poner en problemas al alto Gobierno. Hay hechos que así lo demostrarían.
Visita a La Picota
El viernes 11 de mayo, tres días antes de que la Corte Suprema enviara a prisión preventiva a los firmantes del Pacto de Ralito, las ex congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias, reconocidas por su cercanía a algunos jefes paramilitares, llegaron a La Picota con un mensaje de Salvatore Mancuso que podría explicar el por qué de las recientes propuestas del Gobierno para excarcelar guerrilleros y personas vinculadas con las Auc.
Según dos testigos de la visita, Pineda y Arias se reunieron con los detenidos por la parapolítica que ese día iban a jugar un partido de fútbol contra reclusos de otros patios, y les dijeron que Mancuso, que comenzaría a rendir versión libre la semana siguiente, iba a revelar sus vínculos con algunos de ellos. Sin embargo, les aseguraron que no debían preocuparse por eso, pues era parte de una estrategia para demostrar que como los políticos detenidos habían sido testigos de excepción de varias actuaciones de los paramilitares, también estaban en condición de contar ciertas verdades que podrían desestabilizar el país.
Según las emisarias, Mancuso creía que sólo así, mediante mecanismos de presión, el Gobierno cumpliría los compromisos adquiridos con los jefes de las Auc y se preocuparía por buscar alternativas favorables para todos. Pineda, que el lunes siguiente sería detenida y recluida en El Buen Pastor, les aseguró: "Esto será lo mejor para todos".
La reacción inicial de los políticos detenidos fue de silencio total, silencio que rompió el ex senador Álvaro Araujo cuando dijo: "A estas alturas, yo ya no sé qué es mejor o peor para nosotros". Pero según visitantes asiduos de Itagüí y La Picota, el senador Miguel de La Espriella, el mismo que reveló la existencia del Pacto de Ralito, sí creía saber que era la mejor y por eso se dio a la tarea de convencer a sus compañeros de que había llegado la hora de mover fichas con el Gobierno, porque era evidente que la Corte estaba decidida a seguir adelante con el proceso y a no dar marcha atrás en sus decisiones.
De La Espriella, quien pocos días antes de ir a prisión había visitado la Casa de Nariño para llevar un mensaje similar de Mancuso --interpretado por altos funcionarios del Gobierno como una amenaza velada de chantaje-- les dijo que él mismo podría subirle la velocidad a su ventilador y contar, por ejemplo, que habría sido testigo de uno de los encuentros del hoy vicepresidente Francisco Santos con Carlos Castaño, para hablar sobre la creación de un bloque de las Auc en Bogotá. Y Santos fue, precisamente, uno de los principales blancos de ataque de Mancuso, que convirtió la versión libre en una catapulta de acusaciones contra terceros.
El libreto de 'Báez'
Abogados que siguen de cerca los procesos contra los congresistas detenidos por presuntos nexos con paramilitares, aseguran que Ernesto Baez, el locuaz y controvertido ex vocero político de las Auc, estaría preparando un libreto con acusaciones similares a las que ha hecho Mancuso, y que las lanzaría si el día fijado para dar su versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el Gobierno no ha dado señales de que está buscando salidas políticas a un proceso que hoy está completamente judicializado.
¿Ha recibido algún funcionario del Gobierno amenazas de chantaje? La respuesta podrían darla tres altos funcionarios que visitan con cierta asiduidad La Picota: el ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, su secretario privado José Ignacio Burgos, y el viceministro de Justicia Guillermo Reyes.
Reyes le confirmó a CAMBIO que ha visitado entre 12 y 15 veces la cárcel, pero aseguró que sus gestiones han tenido que ver estrictamente con las funciones de su cargo. "Deben estar libres de suspicacias, pues lo que he recibido son quejas que se refieren a las malas condiciones en las que se encuentran: malos olores por filtraciones de aguas negras, pulgas y otras incomodidades -afirmó--. No han hablado sobre ninguna suerte de salvavidas jurídico".
El Viceministro contó que llevó al alcalde Lucho Garzón y al gerente del Acueducto Edgar Ruiz, para resolver problemas concretos, y dijo está haciendo esfuerzos para resolver, si la Corte Suprema lo autoriza, otras solicitudes. "La principal es que todos sean trasladados a cuarteles militares o de Policía, en sitios donde estén más cerca de sus familias", dijo Reyes.
No obstante, el ambiente generalizado es de sospecha. Los anuncios del Gobierno en el sentido de que liberará sin contraprestación alguna a los guerrilleros presos de las Farc y que otorgaría a Rodrigo Granda, el llamado Canciller de las Farc, el estatus de promotor de paz (rechazado por el propio Granda), han sido interpretados como una forma de abonar el terreno para conceder beneficios similares para los paramilitares y sus aliados.
Todo indica que existe una innegable similitud entre la propuesta del Gobierno para liberar a los presos de las Farc y la que sugiere el abogado De La Espriella para los aliados de los paramilitares detenidos y no vinculados a delitos atroces: un tratamiento especial reservado a los delincuentes políticos, como la cesación del procedimiento y el indulto. Como quien dice: todos en la cama y no unos en la cama y otros en el suelo.
González le explicó a CAMBIO que la Ley de Justicia y Paz es aplicable a los presos de las Farc y permite que un grupo reconocido como representativo de la organización pueda ser postulado para recibir los beneficios que otorga la ley si se compromete a no volver a las armas, es decir, si se desmoviliza. En este caso, a sus miembros podría concedérseles el indulto después de un paso transitorio por un centro especial de reclusión, habilitado en Chiquinquirá, Boyacá, donde tendrán oportunidad de demostrar que reúnen las condiciones para recibir los beneficios. Los sindicados de delitos atroces se someterían al examen de los fiscales de Justicia y Paz de la Fiscalía, de la misma forma que los están haciendo los jefes paramilitares recluidos en Itagüí.
Las opciones
Altos funcionarios judiciales que pidieron reserva de su nombre, no descartan la posibilidad de que, en aras del principio constitucional de la igualdad, abogados de los aliados de los paramilitares aleguen que ellos deben recibir un tratamiento similar. Por eso, a la luz de la propuesta de excarcelar a los presos de las Farc y aunque aun falta por conocerse cuál es la razón de Estado que justificaría lo que el Gobierno ha anunciado que hará el 7 de junio, la pregunta es si los congresistas presos por supuestos nexos con las Auc no estarán pensando en la posibilidad de declararse miembros de la organización para que, homologada su situación con los presos de las Farc, obtengan los mismos beneficios. Es decir, los derivados de ser declarados delincuentes políticos. Así las cosas, la posible liberación de Ingrid Betancur (ver recuadro), según lo dejó entrever la semana pasada el Presidente francés Nicolas Sarkozy, serviría para validar la fórmula ante una opinión pública que todavía la ve con escepticismo.
Por todo lo anterior, según la propuesta de De la Espriella, en manos del Gobierno, el delito político no sólo sería indultable, sino que no supone la pérdida de derechos políticos. Una solución aún más benéfica para los congresistas detenidos que la que lanzó al aire el Gobierno hace más o menos 15 días, que contemplaba la muerte política.
Pero ese no es el único elemento de la estrategia. CAMBIO estableció que, en caso de encontrar obstáculos, hay varios planes alternativos. El primero es aumentar la presión contra el Gobierno, a través de declaraciones contra algunos de sus miembros, comenzando por Francisco Santos quien recibiría nuevas andanadas. "La intención es golpear a alguien cercano a Álvaro Uribe y nadie es mejor candidato que su Vicepresidente. Sería una demostración de fuerza evidente para lograr que el Gobierno se pliegue a los deseos de darles a los detenidos una salida jurídica", aseguró un interlocutor de los presos de La Picota.
Otra opción es buscar que la Corte Suprema acepte el cambio de tipificación de los delitos, pero a pesar de todos los intentos formales e informales el alto tribunal se ha mantenido incólume. Debido a ello existe la tesis de presentar una tutela en la Corte Constitucional, por lo cual el próximo retiro de uno de sus magistrados y la elección de su reemplazo han despertado toda la atención de los abogados de los detenidos.
Ante la evidente presión de paramilitares y parapolíticos, la gran inquietud es la actitud del Gobierno. Para los más suspicaces, la propuesta presidencial de la excarcelación que comenzó con los guerrilleros de la Farc sería una prueba de que la Casa de Nariño ha empezado a ceder ante el chantaje. "¿Si Álvaro Uribe está dispuesto a liberar a varios de sus más encarnizados enemigos, como ocurre con los guerrilleros de las Farc, por qué no estaría dispuesto a liberar a quienes le acompañaron en política y lo podrían enredar?", se preguntó la semana pasada un senador liberal.
Sin embargo, eso es confundir peras con manzanas, alegan en el Gobierno. "El Presidente está convencido de que esta es la manera de revelar la verdad, no de ocultarla. No se trata de evadir la justicia, sino de fortalecerla", sostuvo un asesor presidencial.
Como ocurre en estos casos, los eventos de los próximos días definirán si la estrategia salida de La Picota y la política que adopte el Gobierno, coinciden. El problema es que el Presidente abrió una caja de Pandora. Si algunos o todos los detenidos por paramilitarismo y parapolítica salen a la calle, Álvaro Uribe deberá defenderse eternamente de la acusación de haber sido demasiado blando y de la especulación sobre sus verdaderas motivaciones. Y si decide endurecer su postura se expone a un chaparrón de acusaciones contra varios de sus colaboradores y probablemente contra sí mismo, producto del endurecimiento de unos detenidos que pueden considerar que estuvieron a punto de salir, pero se les quemó el pan en la puerta del horno. Como quien dice: palo porque bogas y palo porque no bogas.
EL DERROTERO
Un nuevo actor podría entrar en juego si sale adelante la propuesta para convertir en delincuentes políticos a congresistas aliados de los paramilitares: la Corte Constitucional. Así lo sugiere el derrotero que el abogado Abelardo de la Espriella incluyó en la propuesta que le hizo llegar al Gobierno.
1. LOS APODERADOS de los congresistas pedirían en bloque a la Corte Suprema cambiar "la adecuación típica" del delito de concierto para delinquir, por el de sedición. La solicitud estaría apoyada en la jurisprudencia aplicada por el alto tribunal en casos similares.
2. EN CASO DE QUE LA CORTE NIEGUE la petición, los abogados considerarán que el alto tribunal estaría actuando en contravía del principio universal de la favorabilidad en materia penal y, en consecuencia, violando un derecho fundamental, lo que daría base para presentar una tutela.
3. SI LA TUTELA FUESE NEGADA, acudirían a la Corte Constitucional para pedir su revisión. La intención coincide en vísperas del retiro por periodo cumplido del magistrado Álvaro Tafur Galvis, cuya vacante es desde ya objeto de una puja de la que el Gobierno no está ausente.
4. COMO ES POSIBLE que para entonces el Gobierno haya avanzado en el proceso de excarcelación de miembros de las Farc, reconocidos como delincuentes políticos, los defensores de la iniciativa que beneficiaría a los aliados de las Auc, invocarán el derecho a la igualdad.
RECUADRO MAGISTRADO
Altos funcionarios judiciales que pidieron reserva de su nombre, no descartan la posibilidad de que, en aras del principio constitucional de la igualdad, abogados de los aliados de los paramilitares aleguen que ellos deben recibir un tratamiento similar. Por eso, a la luz de la propuesta de excarcelar a los presos de las Farc y aunque aun falta por conocerse cuál es la razón de Estado que justificaría lo que el Gobierno ha anunciado que hará el 7 de junio, la pregunta es si los congresistas presos por supuestos nexos con las Auc no estarán pensando en la posibilidad de declararse miembros de la organización para que, homologada su situación con los presos de las Farc, obtengan los mismos beneficios. Es decir, los derivados de ser declarados delincuentes políticos. Así las cosas, la posible liberación de Ingrid Betancur (ver recuadro), según lo dejó entrever la semana pasada el Presidente francés Nicolas Sarkozy, serviría para validar la fórmula ante una opinión pública que todavía la ve con escepticismo.
Por todo lo anterior, según la propuesta de De la Espriella, en manos del Gobierno, el delito político no sólo sería indultable, sino que no supone la pérdida de derechos políticos. Una solución aún más benéfica para los congresistas detenidos que la que lanzó al aire el Gobierno hace más o menos 15 días, que contemplaba la muerte política.
Pero ese no es el único elemento de la estrategia. CAMBIO estableció que, en caso de encontrar obstáculos, hay varios planes alternativos. El primero es aumentar la presión contra el Gobierno, a través de declaraciones contra algunos de sus miembros, comenzando por Francisco Santos quien recibiría nuevas andanadas. "La intención es golpear a alguien cercano a Álvaro Uribe y nadie es mejor candidato que su Vicepresidente. Sería una demostración de fuerza evidente para lograr que el Gobierno se pliegue a los deseos de darles a los detenidos una salida jurídica", aseguró un interlocutor de los presos de La Picota.
RECUADRO INGRID
Altos funcionarios judiciales que pidieron reserva de su nombre, no descartan la posibilidad de que, en aras del principio constitucional de la igualdad, abogados de los aliados de los paramilitares aleguen que ellos deben recibir un tratamiento similar. Por eso, a la luz de la propuesta de excarcelar a los presos de las Farc y aunque aun falta por conocerse cuál es la razón de Estado que justificaría lo que el Gobierno ha anunciado que hará el 7 de junio, la pregunta es si los congresistas presos por supuestos nexos con las Auc no estarán pensando en la posibilidad de declararse miembros de la organización para que, homologada su situación con los presos de las Farc, obtengan los mismos beneficios. Es decir, los derivados de ser declarados delincuentes políticos. Así las cosas, la posible liberación de Ingrid Betancur (ver recuadro), según lo dejó entrever la semana pasada el Presidente francés Nicolas Sarkozy, serviría para validar la fórmula ante una opinión pública que todavía la ve con escepticismo.
Por todo lo anterior, según la propuesta de De la Espriella, en manos del Gobierno, el delito político no sólo sería indultable, sino que no supone la pérdida de derechos políticos. Una solución aún más benéfica para los congresistas detenidos que la que lanzó al aire el Gobierno hace más o menos 15 días, que contemplaba la muerte política.
Pero ese no es el único elemento de la estrategia.
CAMBIO estableció que, en caso de encontrar obstáculos, hay varios planes alternativos. El primero es aumentar la presión contra el Gobierno, a través de declaraciones contra algunos de sus miembros, comenzando por Francisco Santos quien recibiría nuevas andanadas. "La intención es golpear a alguien cercano a Álvaro Uribe y nadie es mejor candidato que su Vicepresidente. Sería una demostración de fuerza evidente para lograr que el Gobierno se pliegue a los deseos de darles a los detenidos una salida jurídica", aseguró un interlocutor de los presos de La Picota.