Chantaje 'para'
En un documento de 25 páginas está parte de la fórmula que paramilitares y políticos presos hicieron llegar a la Casa de Nariño para salir de la cárcel.
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El Viceministro contó que llevó al alcalde Lucho Garzón y al gerente del Acueducto Edgar Ruiz, para resolver problemas concretos, y dijo está haciendo esfuerzos para resolver, si la Corte Suprema lo autoriza, otras solicitudes. "La principal es que todos sean trasladados a cuarteles militares o de Policía, en sitios donde estén más cerca de sus familias", dijo Reyes.
No obstante, el ambiente generalizado es de sospecha. Los anuncios del Gobierno en el sentido de que liberará sin contraprestación alguna a los guerrilleros presos de las Farc y que otorgaría a Rodrigo Granda, el llamado Canciller de las Farc, el estatus de promotor de paz (rechazado por el propio Granda), han sido interpretados como una forma de abonar el terreno para conceder beneficios similares para los paramilitares y sus aliados.
Todo indica que existe una innegable similitud entre la propuesta del Gobierno para liberar a los presos de las Farc y la que sugiere el abogado De La Espriella para los aliados de los paramilitares detenidos y no vinculados a delitos atroces: un tratamiento especial reservado a los delincuentes políticos, como la cesación del procedimiento y el indulto. Como quien dice: todos en la cama y no unos en la cama y otros en el suelo.
González le explicó a CAMBIO que la Ley de Justicia y Paz es aplicable a los presos de las Farc y permite que un grupo reconocido como representativo de la organización pueda ser postulado para recibir los beneficios que otorga la ley si se compromete a no volver a las armas, es decir, si se desmoviliza. En este caso, a sus miembros podría concedérseles el indulto después de un paso transitorio por un centro especial de reclusión, habilitado en Chiquinquirá, Boyacá, donde tendrán oportunidad de demostrar que reúnen las condiciones para recibir los beneficios. Los sindicados de delitos atroces se someterían al examen de los fiscales de Justicia y Paz de la Fiscalía, de la misma forma que los están haciendo los jefes paramilitares recluidos en Itagüí.
Las opciones
Altos funcionarios judiciales que pidieron reserva de su nombre, no descartan la posibilidad de que, en aras del principio constitucional de la igualdad, abogados de los aliados de los paramilitares aleguen que ellos deben recibir un tratamiento similar. Por eso, a la luz de la propuesta de excarcelar a los presos de las Farc y aunque aun falta por conocerse cuál es la razón de Estado que justificaría lo que el Gobierno ha anunciado que hará el 7 de junio, la pregunta es si los congresistas presos por supuestos nexos con las Auc no estarán pensando en la posibilidad de declararse miembros de la organización para que, homologada su situación con los presos de las Farc, obtengan los mismos beneficios. Es decir, los derivados de ser declarados delincuentes políticos. Así las cosas, la posible liberación de Ingrid Betancur (ver recuadro), según lo dejó entrever la semana pasada el Presidente francés Nicolas Sarkozy, serviría para validar la fórmula ante una opinión pública que todavía la ve con escepticismo.
