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Con semejante panorama, a estas alturas conviene pensar en dos posibilidades con respecto al TLC: que el texto suscrito en noviembre sólo será aprobado por el Congreso si le cuelgan varios anexos que lo modifiquen en materia laboral, o que no será enviado por el Gobierno de Bush a consideración del Legislativo para no sufrir un revés en la votación. Así, pues, Colombia debería apuntarse al mal menor, que tiene nombre propio: una nueva extensión por dos años de las actuales preferencias arancelarias.
Lo grave de esa alternativa es que impediría, por una parte, que los inversionistas abran empresas en Colombia para exportar a Estados Unidos, pues no tendrían la seguridad de que puedan enviar sus productos permanentemente. Por otra parte, la no aprobación del TLC enviaría un mensaje difícil de digerir en Bogotá, donde el Gobierno se la ha jugado toda a favor de los gringos. Tal como dijo hace una semana ante la prensa en Washington el vicepresidente Francisco Santos, "si no se aprueba el TLC, se fortalecerá la tesis de quienes en América Latina se oponen a principios como el libre comercio, y tendrá consecuencias continentales pues hará que alguna gente se pregunte si en la región andina vale la pena ser aliado de Estados Unidos".
Pero no todo está perdido para el Presidente. Uribe cuenta con el respaldo de los republicanos y con algunos pesos pesados del partido demócrata como el ex presidente Clinton. Pero debe entender dos cosas. Que para esa colectividad no sólo importan los indicadores de seguridad, sino también el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos. Y que tiene que explicar mejor sus políticas frente a los demócratas y la prensa estadounidense. De lo contrario, el episodio suscitado por el desplante de Gore se le convertirá en algo parecido a la cancelación de la visa a Ernesto Samper en los años 90, un episodio que todavía los colombianos no han terminado de olvidar.