Abril 4 de 2007
El imperio Maya
La parapolítica y reparos a sus familiares, abren interrogantes sobre la gestión del procurador Edgardo Maya.
UN DICHO POPULAR afirma que nadie es culpable de la familia que tiene, una frase que por estos días es repetida por las personas cercanas al Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón. A pocos meses de haber cumplido su sexto año en un cargo en el que fue reelegido, este abogado nacido en Valledupar el 24 de julio de 1951, el mismo día que Simón Bolívar, es la cabeza visible del llamado Ministerio Público, una entidad con más de 3.000 empleados, cuyas funciones constitucionales son: "La guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas". Pero la infortunada coincidencia de que su departamento es uno de los epicentros de la parapolítica, sumada a las acusaciones en contra de varios de sus familiares, tienen al Procurador en una posición incómoda.
Descrito como un profesional de primera línea con una prestigiosa trayectoria a sus espaldas, Maya, bachiller del tradicional Gimnasio Moderno de Bogotá y graduado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, ha consolidado un innegable centro de poder en una entidad cuya mención asusta. Y es que una sanción de la Procuraduría, al cabo de las investigaciones del caso, puede acabar de un tajo con la carrera de un alcalde venal o de uno de los cientos de miles de funcionarios del sector central.
¿Sin dientes?
Por ese motivo no falta quienes dicen que los afilados dientes del Ministerio Público son más la excepción que la regla, tanto en el departamento del Cesar, como en la lucha contra el paramilitarismo y en el caso específico de los numerosos familiares y aliados de Maya en los más diversos puestos públicos.
Él lo niega de manera decidida. "Soy el único Procurador en la historia de Colombia que ha tenido que declararse impedido por causa del asesinato de su esposa", responde Maya, mientras golpea suavemente el sillón de su despacho con las manos y recuerda a Consuelo Araújo Noguera, la ex ministra de Cultura asesinada por las Farc. "Aún así, no me he arredrado frente a los grandes retos que me ha impuesto el cargo", agrega.
A su lado, el Viceprocurador, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, dice: "Eso es cierto". A continuación muestra un documento donde están relacionados 34 casos de masacres, desapariciones y torturas que llevaron a la destitución de funcionarios que actuaron en complicidad con grupos criminales. "Reto a que me demuestren que hay otra institución que haya hecho más que esta Procuraduría en la lucha contra el paramilitarismo", dice Gómez con vehemencia.
Ese es uno de los motivos por los cuales el Procurador y su copiloto consideran injustas las críticas de algunos sectores de opinión, incluidos varios columnistas de prensa, que consideran que el Ministerio Público está rezagado o ha pasado de agache en las investigaciones de la parapolítica. El primer campanazo en el tema sonó cuando la Procuraduría fue francamente tímida en el escándalo que acabaría enviando a la cárcel al senador Álvaro García Romero. Pero sus enemigos dicen que hay más y sostienen que él no sólo tiene en su tierra a parientes y amigos cercanos, sino un innegable poder político, dos poderosas razones que lo estarían inhibiendo para actuar con la decisión con la que ha actuado en otros casos. De ahí que en La Luciérnaga, un conocido programa de humor de Caracol Radio, hablen con sarcasmo del "imperio Maya".
Son tantos los cuestionamientos, los rumores y los interrogantes, que CAMBIO decidió investigar y encontró que, aunque no existen acusaciones concretas contra el Procurador, hay muchas dudas sobre la imparcialidad y el celo en casos críticos para él, en los cuales la Procuraduría debe estar presente. Por ejemplo, están los casos del actual gobernador del Cesar, Hernando Molina Araújo y el del hoy ex senador Álvaro Araújo Castro, detenido en La Picota en un caso en el que también estaría implicado Álvaro Araújo Noguera, hoy prófugo de la Justicia, padre del ex Senador y cuñado de Maya Villazón.
Punto de partida
El primer tema que genera inquietud es la carta que el Procurador envió el 16 de marzo pasado al Congreso pidiéndole estudiar la posibilidad de designar un procurador ad hoc para que actúe en el proceso penal abierto por la Fiscalía contra su hijastro, el Gobernador del Cesar. En respuesta, Maya explica que ha hecho esta solicitud no porque considere que está legalmente impedido, sino por cuestiones de ética, porque quiere evitar cualquier tipo de sospecha o de duda.
No obstante, tal actitud contrasta con el tratamiento que la Procuraduría le dio en el pasado a varias quejas en contra de Molina Araújo y que ya son cosa juzgada. Por ejemplo, según el documento radicado con el número 001-102253-2004, el 29 de junio de 2004 el Procurador recibió una queja contra Molina por "pertenecer y auspiciar grupos de paramilitarismo en Cesar, Magdalena y La Guajira", y la envió al viceprocurador Gómez Pavajeau, quien el 4 de agosto ordenó archivarla.
Gómez responde que su decisión obedeció a que los señalamientos contra Molina se hicieron antes de que asumiera la Gobernación. Es decir, cuando no era servidor público y por consiguiente investigable por la Procuraduría. En su momento, el caso no tuvo resonancia pública y ni al Procurador ni a su segundo de abordo se les ocurrió que, para salvaguardar esa imparcialidad que hoy defienden, la investigación debió ser atendida por un procurador ad hoc.
En el pasado, lo mismo que hoy, el impedimento no era asunto menor. El 12 de febrero de 2004, el Consejo de Estado ordenó a Gómez Pavajeau separarse del conocimiento de una investigación contra altos oficiales del Ejército por fallas en la operación de rescate de la ex ministra Consuelo Araújo. El Consejo dispuso que el Viceprocurador gestionara ante el Congreso la designación de un procurador ad hoc por la simple y sencilla razón de que sus vínculos familiares con los Molina Araújo podían afectar su criterio como juzgador, una decisión que fue revocada luego por la Corte Constitucional, en medio de una fuerte polémica.
Debido a dichos antecedentes hay inquietud sobre la posible actitud del Procurador, tanto en los procesos judiciales en contra del ex senador Álvaro Araújo y su padre. En ambos casos el Ministerio Público tendrá un papel específico relacionado con las garantías que deben rodear las investigaciones y, si es necesario, con la aplicación de las sanciones disciplinarias que puedan surgir. "Garantizo que los agentes especiales de la Procuraduría en esos procesos actuarán con plena libertad y autonomía", subraya Maya Villazón.
Hermanos en la mira
Los casos mencionados no son los únicos que despiertan dudas. Varios hermanos medios del Procurador han sido acusados de no tener las mejores compañías, en casos en los cuales el Ministerio Público debería jugar un papel, como mínimo de vigilancia en las investigaciones. Por ejemplo, a comienzos de marzo pasado una comisión judicial que incautó 76 bienes de Hughes Rodríguez Fuentes, jefe de finanzas del bloque mártires del Cesar de las Auc y pedido en extradición por Estados Unidos, descubrió una lista de 51 personas que aportaron millonarias sumas para un proyecto bautizado Bosconia, supuestamente para la construcción de un frigorífico en ese municipio cesarense.
Entre los aportantes aparecían los nombres de Jaime Blanco Maya, hermano del Procurador por parte de padre y quien usa como primer apellido el de su madre, también los de otras figuras del departamento, como Carlos Alberto Castro Maya, ex parlamentario y socio de la familia Araújo en una empresa distribuidora de licores; Alfredo Cuello Dávila, padre del presidente de la Cámara, Alfredo Cuello Baute, y Álvaro Araújo Noguera.
Fiscales de la Unidad de Lavado de Activos aseguran que no hay evidencia ni de la existencia del frigorífico ni de obra alguna en las dependencias oficiales, y que el verdadero propósito del proyecto era lubricar el aparato de guerra de los paramilitares. Si la Fiscalía investiga penalmente el origen y destino de esos aportes, la Procuraduría deberá tener su delegado.
Aunque el tema no es del resorte del Ministerio Público, Blanco Maya figura también en el caso de la Drummond, empresa de la que fue jefe de Casino. Blanco Maya aparece citado en las denuncias que los trabajadores de la multinacional enviaron a un tribunal de Estados Unidos sobre persecuciones y asesinatos de miembros del sindicato en el campamento de El Paso, Cesar, y otras posibles violaciones de derechos humanos.
Otro caso
Entre las víctimas de los paramilitares que han acudido a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía con la esperanza de hacer valer sus derechos de reparación, hay familiares de Luis Guerra, ex director del hospital de Valledupar Rosario Pumarejo de López, y quien en 2001 fue obligado a salir del departamento por hombres de Jorge 40 que, en su lugar, impusieron al médico Ángel Eleison Maya Daza, también medio hermano del Procurador.
Un miembro de la familia Guerra que pidió reserva de su nombre, le aseguró a CAMBIO que el hospital pasó a hacer parte de las entidades de salud tomadas por los paramilitares, lo mismo que el hospital de Aguachica, David Padilla Villafañe. "Pese a las denuncias de la comunidad sobre manejos administrativos irregulares del médico Maya, la Procuraduría no ha actuado -sostiene la fuente-. Eso es muy diciente".
Periodistas de CAMBIO comprobaron que las quejas sobre la forma irregular en que Maya Daza llegó al cargo, sin cumplir el requisito de participar en un concurso de méritos, y la decisión del gobernador Molina de prorrogar por decreto la permanencia de Maya en el cargo, fueron archivadas en la Procuraduría.
Pero, además, familiares de Guerra sostienen que no sirvió de nada pedirles a las autoridades regionales de Justicia, que investigaran si era cierto o no que el médico, conocido como El Kiri Maya, atendía de vez en cuando a Jorge 40 en el campamento de La Mesa. "Por lo menos la Fiscalía del Cesar ha hecho oídos sordos, entre otras cosas porque allí otro hermano del señor Procurador, el doctor Hernán Maya Daza, es muy influyente por su condición de fiscal delegado ante el Tribunal de Valledupar, cargo que le ha servido también para desempeñarse varias veces como director de Fiscalías".
CAMBIO le transmitió las dudas al Procurador General y aunque éste reconoció su parentesco con Blanco Maya y Maya Daza, afirmó: "Es absurdo, temerario y arbitrario que alguien me quiera relacionar con actuaciones supuestamente anómalas de familiares míos, incluidos parientes a los que hace mucho tiempo no veo" (ver recuadro).
Según Maya Villazón, Maya Daza llegó a la dirección del hospital mucho antes de que él llegara a la Procuraduría. "No he tenido nada que ver con los cargos que ha desempeñado Hernán Maya -asegura el Procurador-. Es un funcionario de más de 20 años de servicio en la rama judicial". Y sobre Blanco Maya, asegura que llegó por sus propios méritos a la Drummond. "No tengo poder de decisión alguno sobre lo que ha pasado allí en el campo de los derechos humanos -afirma-. Las denuncias que hay no comprometen a servidores públicos".
Sanciones revocadas
Un episodio adicional que podría ser interpretado como falta de imparcialidad de la Procuraduría General tuvo lugar hace pocos meses. El 9 de diciembre de 2006, en la clausura de las sesiones de la Asamblea departamental, el gobernador Hernando Molina enfiló baterías contra el procurador regional, Everardo Armenta y lo acusó de querer "descuadernar el Gobierno del Cesar para acabarlo". Conocedores del caso dicen que las acusaciones fueron la reacción a la decisión de Armenta de sancionar por corrupción a ocho altos funcionarios de la Gobernación, entre ellos a los secretarios General, de Educación y de Hacienda.
La mayoría de las sanciones, destituciones e inhabilidades de entre 12 y 13 años, fueron revocadas o modificadas en suspensiones menores en Bogotá (ver recuadro). El Procurador General sostiene que las decisiones de Armenta en el Cesar fueron estudiadas en segunda instancia y revocadas o modificadas por procuradores delegados "que actúan con plena autonomía y fallan en derecho". Y agregó: "Yo no me ocupo personalmente de investigar a los gobernadores ni a sus funcionarios".
Dos semanas antes del incidente en la Asamblea, la Veeduría interna de la Procuraduría -también con sede en Bogotá- había sancionado a Armenta con dos meses de suspensión, tras desempolvar una queja de julio de 2004 por un asunto cuando se desempeñaba como Procurador en La Guajira. El episodio, que asesores de Armenta calificaron como "nimio", fue no pagar las copias de un proceso que se ventilaba ante el Tribunal Administrativo.
Armenta presentó su renuncia pero el Procurador no la aceptó. Funcionarios de la Procuraduría del Cesar aseguran que el propósito tanto de la sanción como la de no aceptación de la renuncia era frenar a Armenta en momentos en que estaba pisando callos. Por su parte, el Procurador General afirma que lo mantuvo en el cargo por su buen desempeño tanto en La Guajira como en Cesar.
Alas protectoras
Quienes sostienen que el Procurador le ha dado un tratamiento preferencial a la gestión de su hijastro en la Gobernación, afirman que también ha influido sobre asuntos municipales en aquellas poblaciones controladas políticamente por el movimiento Alas Equipo Colombia, que era encabezado por Álvaro Araújo Castro.
Por ejemplo, en 2004, Maya Villazón y el entonces Contralor General, Antonio Hernández Gamarra, se convirtieron en los abanderados de congelar las regalías, con el argumento de que eran necesarios el control y la intervención del poder central para frenar el despilfarro que, según cálculos oficiales, superaban los 100.000 millones de pesos en los últimos siete años.
Lo curioso es que el plan de choque tocó a los alcaldes de la región, pero no al gobernador Molina Araújo, que también tenía injerencia en el manejo de los recursos y contra quien había denuncias por desviación de dineros, que terminaron archivadas por la Procuraduría delegada para la Economía y la Hacienda, con sede en Bogotá.
Mientras los procesos contra los alcaldes avanzaron con celeridad y los cuatro últimos mandatarios de La Jagua de Ibirico, cabecera del eje carbonífero del Cesar, terminaron destituidos y en la cárcel en cuestión de días, una queja contra el Gobernador, presentada el 31 de agosto de 2005, fue resuelta a su favor dos años después, el 22 de enero de 2007, según consta en un documento radicado con el número 028-128706.
Hay quienes aseguran que las sanciones disciplinarias y la congelación o descongelación de las regalías han estado determinadas por padrinazgos políticos. Por ejemplo, Osman Mojica Cuadro, uno de los alcaldes de La Jagua, tuvo las regalías congeladas durante más de un año y fue destituido en 2005. El gobernador Molina rechazó varias veces la terna para escoger su reemplazo que le presentó el directorio departamental del Partido Liberal, al que pertenecía Mojica, y sólo la consideró cuando fue incluido Edison Lima, de origen liberal pero en realidad militante del movimiento Alas.
Cuando Lima asumió la Alcaldía en diciembre de 2005, fueron descongeladas las regalías. Desde su posesión y hasta el 12 de febrero, cuando hubo elección formal, Lima gastó la cifra récord de 27.000 millones de pesos en obras mal hechas como la bocatoma del acueducto, mejoras al colegio José Guillermo Castro y numerosos contratos con Asociénaga, que se presenta como liga de municipios pero que es manejada por particulares. Por presión de la comunidad, Lima también tuvo que ser sancionado.
Por otra parte, los alcaldes Carlos Támara, de Becerril; José David, de El Paso, y José del Carmen Galeano, de Chiriguaná, todos apoyados por Alas, están libres de apremios pese a que contra ellos hay denuncias similares a las que se hicieron contra los alcaldes de La Jagua que fueron destituidos y terminaron en la cárcel.
Y ahí no terminan los casos de funcionarios que, en medio de problemas, acabaron bajo las alas de Alas, beneficiados con tratamientos aparentemente benévolos. Por ejemplo, Lourdes Rueda Valle, capturada en junio de 2006 bajo la sindicación de comercialización ilegal de hidrocarburos, volvió a su cargo, y lo mismo sucedió con María Victoria Barreneche Aarón, asesora de paz de la Gobernación del Cesar, que luego de ser capturada en 2004 por el saqueo de recursos del régimen subsidiado de la salud en La Guajira, volvió a ejercer y hoy aspira a la Alcaldía de Codazzi.
Ser y parecer
Durante las reuniones que tuvo con CAMBIO el Procurador respondió de manera exhaustiva y puntual sobre todos y cada uno de los casos mencionados en este informe. Insistió no solo en que su despacho ha sido activo en el tema de la parapolítica, sino que está listo para ir "hasta donde sea necesario" en sus investigaciones. Dejó entrever que en las próximas semanas su oficina hará revelaciones sobre un fenómeno cuyas profundas ramificaciones están siendo conocidas hasta ahora por los colombianos y reiteró que lejos de estar en la retaguardia, la Procuraduría General está a la vanguardia en el asunto.
Y en lo que tiene que ver con sus familiares y allegados en el departamento que lo vio nacer, Edgardo Maya insistió en que se ha abstenido de intervenir cuando las incompatibilidades son evidentes o ha respetado la independencia de los funcionarios a su cargo. "Mi defensa no es retórica. A esta Procuraduría la defienden los hechos y sus resultados saltan a la vista", dice.
Pero más allá de la validez de sus explicaciones, muchos consideran que la avalancha de hechos y sindicaciones han puesto al Procurador General de la Nación a la defensiva. Justa o injustamente, Maya Villazón proviene de una región asolada por la violencia y la corrupción, en la cual un buen número de sus familiares tiene cargos de postín. Por tal motivo es probable que sus actuaciones no sean medidas con la misma vara con la que sería medido un funcionario de otra región o perteneciente a otra familia.
Así las cosas, aunque es del Cesar, a Edgardo Maya se le aplica el precepto de la mujer del César: que no solo tiene que ser, sino parecer. Y a decir verdad, así el Procurador lo sea, hoy en día no lo parece. De tal manera que no resulta exagerado afirmar que más allá de lo realizado, el verdadero balance de la gestión del jefe del Ministerio Público empieza a escribirse con hechos y no con declaraciones, en los casi 21 meses que le quedan en un cargo que, como pocos, trae honores pero también exige muchas responsabilidades.