Qué pasa en la sala penal

Foto: Joana Toro/Cambio

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ESTA ES UNA CORTE que respeta las garantías, pero no le concede privilegios especiales ni al senador Álvaro Araújo ni a ningún procesado", dice el magistrado Alfredo Gómez, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mientras hojea el expediente de la investigación sobre los vínculos entre parlamentarios y paramilitares. Se detiene ante los folios donde hay una relación detallada de todas las pruebas ordenadas desde diciembre de 2006, cuando el caso llegaba a la cresta más alta del interés público, y advierte remarcando cada una de sus palabras: "Tampoco es cierto que le estemos dando largas a nuestra responsabilidad de resolver la situación jurídica de los congresistas que oímos en indagatoria en diciembre".

Como para no dejar lugar a dudas frente a lo que acaba de decir, consulta el calendario que está en su agenda y hace unos cálculos en voz alta. Las primeras indagatorias a Araújo y su colega Dieb Maloof terminaron el 7 de diciembre. De ahí hasta el miércoles de la semana pasada habían corrido -descontado el tiempo de vacaciones judiciales-  27 días hábiles, lo que para él significa que no ha habido un gran desfase en el manejo de los términos, sobre todo si tiene en cuenta que durante este lapso la comisión especial de investigadores se impuso la tarea de realizar 98 diligencias, entre declaraciones, testimonios y recolección de otras pruebas.

Con esas precisiones, requeridas por periodistas de CAMBIO, este magistrado santandereano, que consolidó su prestigio como juez cuando condenó a los autores de la masacre de Vuelta Acuña y a los integrantes del grupo de Los Tiznados, ofreció los primeros elementos de un debate que está en ciernes en la opinión pública sobre la suerte que tendrá un proceso que podría ayudar a depurar las costumbres políticas y a cerrar las brechas abiertas por la violencia y la impunidad.

La inminencia del debate es hoy directamente proporcional al crecimiento de las expectativas que hay en el país y en varios escenarios internacionales sobre un juicio que podría llegar a ser histórico. Cuando concluyeron las vacaciones de fin de año, los colombianos esperaban un sartal de órdenes de captura y medidas de aseguramiento, entre otras razones porque al cerrar 2006 la Corte mostraba un ritmo febril en sus actuaciones. De hecho, envió a prisión a los parlamentarios Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erick Morris casi inmediatamente después de sus indagatorias en noviembre.

Esa sensación creció a finales de enero cuando Elías Ochoa, ex alcalde de Valledupar y actual cónsul en Barquisimeto, Venezuela,  y primer servidor público que ha declarado dentro del proceso, ofreció a la Corte un testimonio que involucraba al senador Araújo en el secuestro de su hermano Víctor, ocurrido en plena campaña para las elecciones parlamentarias de 2002. Víctor Ochoa, la víctima,  lo ratificó ante la Corte bajo juramento y dijo que el secuestro arrojó beneficios electorales a Araújo. Según expertos consultados, en condiciones normales los dos testimonios habrían tenido la condición de indicios graves. Recordaron que esa fue la "tarifa probatoria" con la que los magistrados ordenaron la detención de Merlano.

Foto: Joana Toro