Febrero 12 de 2007
Qué pasa en la sala penal
¿Se empantanó el proceso parapolítico en la Corte? ¿Por qué Álvaro Araújo pudo contrainterrogar a un testigo y otros sindicados no? ¿Hay demora en las órdenes de captura? Los magistrados explican.
ESTA ES UNA CORTE que respeta las garantías, pero no le concede privilegios especiales ni al senador Álvaro Araújo ni a ningún procesado", dice el magistrado Alfredo Gómez, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mientras hojea el expediente de la investigación sobre los vínculos entre parlamentarios y paramilitares. Se detiene ante los folios donde hay una relación detallada de todas las pruebas ordenadas desde diciembre de 2006, cuando el caso llegaba a la cresta más alta del interés público, y advierte remarcando cada una de sus palabras: "Tampoco es cierto que le estemos dando largas a nuestra responsabilidad de resolver la situación jurídica de los congresistas que oímos en indagatoria en diciembre".
Como para no dejar lugar a dudas frente a lo que acaba de decir, consulta el calendario que está en su agenda y hace unos cálculos en voz alta. Las primeras indagatorias a Araújo y su colega Dieb Maloof terminaron el 7 de diciembre. De ahí hasta el miércoles de la semana pasada habían corrido -descontado el tiempo de vacaciones judiciales- 27 días hábiles, lo que para él significa que no ha habido un gran desfase en el manejo de los términos, sobre todo si tiene en cuenta que durante este lapso la comisión especial de investigadores se impuso la tarea de realizar 98 diligencias, entre declaraciones, testimonios y recolección de otras pruebas.
Con esas precisiones, requeridas por periodistas de CAMBIO, este magistrado santandereano, que consolidó su prestigio como juez cuando condenó a los autores de la masacre de Vuelta Acuña y a los integrantes del grupo de Los Tiznados, ofreció los primeros elementos de un debate que está en ciernes en la opinión pública sobre la suerte que tendrá un proceso que podría ayudar a depurar las costumbres políticas y a cerrar las brechas abiertas por la violencia y la impunidad.
La inminencia del debate es hoy directamente proporcional al crecimiento de las expectativas que hay en el país y en varios escenarios internacionales sobre un juicio que podría llegar a ser histórico. Cuando concluyeron las vacaciones de fin de año, los colombianos esperaban un sartal de órdenes de captura y medidas de aseguramiento, entre otras razones porque al cerrar 2006 la Corte mostraba un ritmo febril en sus actuaciones. De hecho, envió a prisión a los parlamentarios Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erick Morris casi inmediatamente después de sus indagatorias en noviembre.
Esa sensación creció a finales de enero cuando Elías Ochoa, ex alcalde de Valledupar y actual cónsul en Barquisimeto, Venezuela, y primer servidor público que ha declarado dentro del proceso, ofreció a la Corte un testimonio que involucraba al senador Araújo en el secuestro de su hermano Víctor, ocurrido en plena campaña para las elecciones parlamentarias de 2002. Víctor Ochoa, la víctima, lo ratificó ante la Corte bajo juramento y dijo que el secuestro arrojó beneficios electorales a Araújo. Según expertos consultados, en condiciones normales los dos testimonios habrían tenido la condición de indicios graves. Recordaron que esa fue la "tarifa probatoria" con la que los magistrados ordenaron la detención de Merlano.
Sin embargo, han transcurrido ya dos meses largos desde que la Corte decidió unificar en un expediente todas las denuncias contra congresistas por nexos criminales de ese tipo y conformar, por primera vez en su historia, un equipo de instrucción e investigación. Y todavía hoy no se conocen nuevas decisiones de fondo. ¿Qué puede estar pasando?
Pruebas y careos
Para averiguarlo, CAMBIO consultó varias fuentes, entre ellas magistrados, abogados e integrantes del equipo de apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), que apoya al alto tribunal en la búsqueda de pruebas. En principio, hay tres factores que explican por qué el ritmo febril con el que despegó el proceso se ha ido moderando. El primero es que la investigación ha resultado muy compleja, no sólo por la dificultad para conseguir las pruebas, sino porque se trata de la primera experiencia que tiene la Corte como órgano instructor de sus propios procesos. Si bien la Corte colombiana es uno de los más antiguos tribunales de casación de América Latina, hasta hoy no disponía de un equipo propio de investigación y tenía que apoyarse en las comisiones que impartía a la Fiscalía y a los órganos de Policía Judicial.
En segundo término, la mayoría de abogados que apoderan a los congresistas investigados han sido prolijos en la solicitud de pruebas y han agotado instrumentos garantistas, como por ejemplo los que les permiten a ellos y a sus clientes asistir a todas las declaraciones, contra-interrogar a los testigos y controvertir pruebas, incluso por fuera de los plazos tradicionalmente consagrados para ello. Aunque por las rendijas de esos procedimientos podrían colarse maniobras dilatorias, lo cierto es que la Constitución y la legislación penal permiten su uso como parte sustancial de la estrategia de defensa.
Adicionalmente, si bien la Sala Penal ha dejado en claro que este proceso debe ceñirse al viejo modelo inquisitivo, en la práctica los magistrados auxiliares que conducen el trabajo de campo podrían estar vinculando procedimientos propios del acusatorio. Según Mauricio Cabrera, profesor universitario de Derecho Penal Especial de la Universidad del Rosario, lo que está ocurriendo demuestra que hay una especie de híbrido en el que aparecen elementos propios de un sistema oral. "Ejemplo de ello es el hecho de que los congresistas puedan ahora interrogar a testigos de cargo, carearse con ellos y controvertir de inmediato pruebas no suficientemente estructuradas", opina el especialista.
El trabajo de campo cuenta con el respaldo de nueve de los más experimentados investigadores del CTI de la Fiscalía. Uno de ellos comentó que él no les habría aconsejado a los magistrados auxiliares que trazaron la hoja de ruta de la investigación que permitieran que Araújo estuviera presente durante la declaración que rindió a finales de enero en Barquisimeto el cónsul Elías Ochoa.
El propósito de la diligencia era que Ochoa ratificara y ampliara la información que había consignado en una carta enviada a la Corte en la que, sin lugar a dudas, expresaba que Araújo era responsable del secuestro de Víctor. En opinión del investigador, compartida por otros especialistas, la diligencia habría podido realizarse sin anuncios dentro del expediente y sin los factores condicionantes que pudieron haber inhibido al testigo que echó pie atrás en varias de las cosas que antes había afirmado espontáneamente e incluso por escrito.
"Sin quebrantar el derecho de defensa del procesado, el contenido de la declaración se habría podido verificar primero en lo esencial para luego sí darles la oportunidad a investigado y apoderado para controvertirla. Ocurrió lo contrario y así puede haberse perdido la esencia genuina de la credibilidad del testigo y del factor sorpresa para el investigado", explica el investigador.
En este caso jugó otro factor subjetivo, pero importante. Nadie podría dar garantía de que Elías Ochoa pudiera haber declarado con entera tranquilidad frente a Araújo, hermano de su jefe, la Ministra de Relaciones Exteriores. Si ese hecho incidió en su retractación parcial, la verdad fue la gran damnificada. Y, en consecuencia, la Sala Penal de la Corte habría cometido el primer gran error en estos dos meses.
¿Y la igualdad?
La estrategia de defensa aplicada por los abogados Carlos Augusto Galves Argote y Jaime Enrique Valencia, representantes de Araújo y del también senador Mauricio Pimiento, ha causado admiración en medios del foro jurídico, donde se destaca el hecho de que ambos se han asegurado de que sus clientes puedan "madrugarle a la prueba", al estar presentes en todas aquellas diligencias que atañen en su situación particular. "Cuando llegue el momento de presentar sus alegatos de conclusión tendrán a mano mucho mejores argumentos que los demás para sustentar sus peticiones", comentó un penalista.
El Presidente de la Sala Penal de la Corte sostiene que ese hecho no tiene nada de dudoso o particular, pues el ordenamiento jurídico consagra sin mayores límites el derecho de defensa. Sin embargo, la controversia surge cuando los congresistas que ya están privados de la libertad se quejan de que ellos no tuvieron esas mismas garantías e invocan incluso el derecho a la igualdad.
Jairo Enrique Merlano Fernández echó de menos esas garantías cuando, poco antes de formalizar la renuncia a su investidura parlamentaria, presentó ante la Sala de Casación Civil de la misma Corte una acción de tutela en la que pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra y la nulidad de todo lo actuado desde las indagaciones preliminares. Merlano y su abogado adujeron que la investigación se llevó a cabo a sus espaldas y que no se les permitió la controversia de la prueba.
El pasado 11 de enero, una sala conformada por los magistrados Jaime Alberto Arrubla Paucar, Manuel Isidro Ardila Velásquez, Carlos Ignacio Jaramillo, César Julio Valencia y Edgardo Villamil, negaron la tutela, pero no hicieron consideraciones de fondo. Simplemente, se mantuvieron en su tesis de que las decisiones judiciales de la Corte son intangibles. Merlano prefirió renunciar al Senado y dejar su caso en manos de la Fiscalía, en procura de la garantía de la doble instancia.
A los abogados de Erick Morris y Álvaro García, la Corte les ha permitido asistir a algunas diligencias y ha decretado nuevas pruebas solicitadas por ellos, pero las condiciones son distintas frente a las de sus demás colegas que pueden moverse libremente y contar con la garantía de que su juez natural no les resolverá la situación jurídica antes de agotar el calendario previsto para la práctica de pruebas. "A veces uno tiene la impresión de que en sus casos, la Corte disparó primero y preguntó después, mientras en procesos como el de Álvaro Araújo no se cansa de preguntar antes de disparar, e incluso le permite al propio procesado plantear preguntas aún antes de definirle su situación jurídica", le dijo a CAMBIO uno de los asesores jurídicos de los dirigentes políticos de Sucre.
Para los analistas es claro que la comparación entre uno y otro caso resulta difícil por la particularidad de las sindicaciones. Sin embargo, señalan que con el concurso de un solo testigo Erick Morris fue privado de la libertad. En contraste, hasta la semana pasada había cinco testigos que declararon en contra del senador Dieb Maloof, quien además figura con amplias menciones en el computador de Jorge 40, cuyo hallazgo fue fundamental para impulsar las investigaciones penales que están en curso.
Uno de esos testigos es Jaime Alberto Pérez, hombre de la organización de Jorge 40. Pérez le asegura a la Corte que durante los años 2000 y 2001 fue testigo de excepción de tres reuniones entre Maloof y el jefe paramilitar. Al final, el parlamentario habría recibido 800 millones de pesos para sus gestas proselitistas.
Otro de los testigos es Rafael García, ex jefe de Informática del DAS. García dijo que él mismo acompañó a Maloof, en vehículos oficiales, a hacer diligencias relacionadas con el cobro de comisiones de millonarios negocios de la salud en Barranquilla que eran empleados para cumplir "acuerdos" con estructuras paramilitares en el departamento de Cesar.
Para la verificación de esos dos testimonios están en lista de declarantes, 10 de los 60 nuevos potenciales testigos que están siendo consultados por la Corte y numerosas inspecciones judiciales. Todas deberán cumplirse dentro de la amplitud de garantías de que habla el Presidente de la Sala Penal (ver entrevista), así que es fácil suponer que frente a cada testigo que acuse a un congresista, éste tendrá ocasión de confrontar su testimonio de manera personal.
Esas son las reglas del juego acordadas por el conjunto de los magistrados de la Sala Penal, en virtud de la interpretación que hacen de los códigos. Habrá que ver si ello permite que el avance de las investigaciones, aunque lento, resulte seguro, o si, por el contrario, entre el respeto a pie juntillas de todas las garantías reclamadas por los procesados y las maniobras de los abogados defensores, los procesos terminen por empantanarse.
Foto: Joana Toro