Qué pasa en la sala penal

Foto: Joana Toro/Cambio

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Jairo Enrique Merlano Fernández echó de menos esas garantías cuando, poco antes de formalizar la renuncia a su investidura parlamentaria, presentó ante la Sala de Casación Civil de la misma Corte una acción de tutela en la que pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra y la nulidad de todo lo actuado desde las indagaciones preliminares. Merlano y su abogado adujeron que la investigación se llevó a cabo a sus espaldas y que no se les permitió la controversia de la prueba.

El pasado 11 de enero, una sala conformada por los magistrados Jaime Alberto Arrubla Paucar, Manuel Isidro Ardila Velásquez, Carlos Ignacio Jaramillo, César Julio Valencia y Edgardo Villamil, negaron la tutela, pero no hicieron consideraciones de fondo. Simplemente, se mantuvieron en su tesis de que las decisiones judiciales de la Corte son intangibles. Merlano prefirió renunciar al Senado y dejar su caso en manos de la Fiscalía, en procura de la garantía de la doble instancia.

A los abogados de Erick Morris y Álvaro García, la Corte les ha permitido asistir a algunas diligencias y ha decretado nuevas pruebas solicitadas por ellos, pero las condiciones son distintas frente a las de sus demás colegas que pueden moverse libremente y contar con la garantía de que su juez natural no les resolverá la situación jurídica antes de agotar el calendario previsto para la práctica de pruebas. "A veces uno tiene la impresión de que en sus casos, la Corte disparó primero y preguntó después, mientras en procesos como el de Álvaro Araújo no se cansa de preguntar antes de disparar, e incluso le permite al propio procesado plantear preguntas aún antes de definirle su situación jurídica", le dijo a CAMBIO uno de los asesores jurídicos de los dirigentes políticos de Sucre.

Para los analistas es claro que la comparación entre uno y otro caso resulta difícil por la particularidad de las sindicaciones. Sin embargo, señalan que con el concurso de un solo testigo Erick Morris fue privado de la libertad. En contraste, hasta la semana pasada había cinco testigos que declararon en contra del senador Dieb Maloof, quien además figura con amplias menciones en el computador de Jorge 40, cuyo hallazgo fue fundamental para impulsar las investigaciones penales que están en curso.

Uno de esos testigos es Jaime Alberto Pérez, hombre de la organización de Jorge 40. Pérez le asegura a la Corte que durante los años 2000 y 2001 fue testigo de excepción de tres reuniones entre Maloof y el jefe paramilitar. Al final, el parlamentario habría recibido 800 millones de pesos para sus gestas proselitistas.

Foto: Joana Toro