Qué pasa en la sala penal

Foto: Joana Toro/Cambio

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El propósito de la diligencia era que Ochoa ratificara y ampliara la información que había consignado en una carta enviada a la Corte en la que, sin lugar a dudas,  expresaba que Araújo era responsable del secuestro de Víctor. En opinión del investigador, compartida por otros especialistas, la diligencia habría podido realizarse sin anuncios dentro del expediente y sin los factores condicionantes que pudieron haber inhibido al testigo que echó pie atrás en varias de las cosas que antes había afirmado espontáneamente e incluso por escrito.

"Sin quebrantar el derecho de defensa del procesado, el contenido de la declaración se habría podido verificar primero en lo esencial para luego sí darles la oportunidad a investigado y apoderado para controvertirla. Ocurrió lo contrario y así puede haberse perdido la esencia genuina de la credibilidad del testigo y del factor sorpresa para el investigado", explica el investigador.

En este caso jugó otro factor subjetivo, pero importante. Nadie podría dar garantía de que Elías Ochoa pudiera haber declarado con entera tranquilidad frente a Araújo, hermano de su jefe, la Ministra de Relaciones Exteriores. Si ese hecho incidió en su retractación parcial, la verdad fue la gran damnificada. Y, en consecuencia, la Sala Penal de la Corte habría cometido el primer gran error en estos dos meses.

¿Y la igualdad?

La estrategia de defensa aplicada por los abogados Carlos Augusto Galves Argote y Jaime Enrique Valencia, representantes de Araújo y del también senador Mauricio Pimiento, ha causado admiración en medios del foro jurídico, donde se destaca el hecho de que ambos se han asegurado de que sus clientes puedan "madrugarle a la prueba", al estar presentes en todas aquellas diligencias que atañen en su situación particular. "Cuando llegue el momento de presentar sus alegatos de conclusión tendrán a mano mucho mejores argumentos que los demás para sustentar sus peticiones", comentó un penalista.

El Presidente de la Sala Penal de la Corte sostiene que ese hecho no tiene nada de dudoso o particular, pues el ordenamiento jurídico consagra sin mayores límites el derecho de defensa. Sin embargo, la controversia surge cuando los congresistas que ya están privados de la libertad se quejan de que ellos no tuvieron esas mismas garantías e invocan incluso el derecho a la igualdad.

Foto: Joana Toro