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Sin embargo, han transcurrido ya dos meses largos desde que la Corte decidió unificar en un expediente todas las denuncias contra congresistas por nexos criminales de ese tipo y conformar, por primera vez en su historia, un equipo de instrucción e investigación. Y todavía hoy no se conocen nuevas decisiones de fondo. ¿Qué puede estar pasando?
Pruebas y careos
Para averiguarlo, CAMBIO consultó varias fuentes, entre ellas magistrados, abogados e integrantes del equipo de apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), que apoya al alto tribunal en la búsqueda de pruebas. En principio, hay tres factores que explican por qué el ritmo febril con el que despegó el proceso se ha ido moderando. El primero es que la investigación ha resultado muy compleja, no sólo por la dificultad para conseguir las pruebas, sino porque se trata de la primera experiencia que tiene la Corte como órgano instructor de sus propios procesos. Si bien la Corte colombiana es uno de los más antiguos tribunales de casación de América Latina, hasta hoy no disponía de un equipo propio de investigación y tenía que apoyarse en las comisiones que impartía a la Fiscalía y a los órganos de Policía Judicial.
En segundo término, la mayoría de abogados que apoderan a los congresistas investigados han sido prolijos en la solicitud de pruebas y han agotado instrumentos garantistas, como por ejemplo los que les permiten a ellos y a sus clientes asistir a todas las declaraciones, contra-interrogar a los testigos y controvertir pruebas, incluso por fuera de los plazos tradicionalmente consagrados para ello. Aunque por las rendijas de esos procedimientos podrían colarse maniobras dilatorias, lo cierto es que la Constitución y la legislación penal permiten su uso como parte sustancial de la estrategia de defensa.
Adicionalmente, si bien la Sala Penal ha dejado en claro que este proceso debe ceñirse al viejo modelo inquisitivo, en la práctica los magistrados auxiliares que conducen el trabajo de campo podrían estar vinculando procedimientos propios del acusatorio. Según Mauricio Cabrera, profesor universitario de Derecho Penal Especial de la Universidad del Rosario, lo que está ocurriendo demuestra que hay una especie de híbrido en el que aparecen elementos propios de un sistema oral. "Ejemplo de ello es el hecho de que los congresistas puedan ahora interrogar a testigos de cargo, carearse con ellos y controvertir de inmediato pruebas no suficientemente estructuradas", opina el especialista.
El trabajo de campo cuenta con el respaldo de nueve de los más experimentados investigadores del CTI de la Fiscalía. Uno de ellos comentó que él no les habría aconsejado a los magistrados auxiliares que trazaron la hoja de ruta de la investigación que permitieran que Araújo estuviera presente durante la declaración que rindió a finales de enero en Barquisimeto el cónsul Elías Ochoa.