"La Corte es valiente, no temeraria", dice Mauricio Solarte, presidente de la Sala Penal

CAMBIO: Algunos analistas han sugerido que parte de la motivación con la que actúa la Corte se relaciona con sus diferencias con el Gobierno y el Presidente, que está alineado con la Corte Constitucional en el tema de los fallos de tutela contra sentencias judiciales.

MAURICIO SOLARTE: Más que una suspicacia,  ese es un pensamiento perverso que podría estar dirigido a generar distorsiones. Nosotros tenemos una opinión frente al tema de la tutela y la hemos planteado abiertamente. Pero el proceso que está en curso en relación con algunos congresistas está guiado por el ordenamiento jurídico y por nuestra conciencia como jueces.

¿Cómo entiende el exacerbado nerviosismo que se advierte en el Congreso?

La Corte respeta y defiende la institucionalidad. Quiere un Congreso actuante muy firme porque el país lo necesita y desde luego ninguna actuación nuestra podría estar orientada a hacerle mella. Lo que la Corte tiene no es un proceso contra el poder legislativo sino contra algunos de sus miembros. Una de las condiciones del juez, además de su probidad, debe ser su firmeza pero también su prudencia. Nuestro mensaje a los demás órganos del poder y a la sociedad es este:  la Corte actuará con valentía pero sin temeridad

¿Ustedes han advertido algún conato de presión?

No. Si existiera, lo denunciaríamos.  La Corte va a velar para que la dejen trabajar en paz, tranquilamente y no va a atender ningún dictado diferente al del ordenamiento jurídico.

¿Se demoraron ustedes en iniciar el proceso? Varios de los casos hoy investigados fueron denunciados hace ya tiempo en el Congreso y los medios...

No ha habido demora alguna. Esta investigación toma un impulso definitivo y amerita un tratamiento especial a raíz de las denuncias de la doctora Clara López. En ellas se encontró un filón probatorio importante y un hilo conductor entre las diligencias que estaban de tiempo atrás en distintos despachos de los magistrados. Esas denuncias permitieron confirmar la existencia de un factor común reflejado en los hechos investigados: el fenómeno paramilitar. Por eso la Sala ordenó que todos los casos se juntaran en un expediente único y que no hubiera un solo magistrado ponente, sino que el proceso fuera una empresa colectiva de todos los magistrados.

¿Qué responderle entonces al ciudadano del común que siente que podría haber una demora excesiva en la atención de estas denuncias?

Nosotros tenemos dificultades para la investigación porque nuestra estructura no está hecha para ella. El único caso en que debemos hacer la tarea instructiva es en el juzgamiento a los parlamentarios. Eso nos causa dificultad. Tenemos, insólitamente, un cúmulo de más de 20 competencias que no nos permiten actuar con la debida celeridad en todos los asuntos. En 2005, tomamos 906 decisiones de casación, 161 de revisión; 175 de única instancia; 58, de segunda instancia; 222 de extradición y atérrese: ¡4.608 decisiones de tutela! Por eso le estamos dando a nuestra congestión un tratamiento de choque, con magistrados auxiliares que hemos incorporado con el apoyo del Consejo Superior de la Judicadura. Ahora se avecina una nueva era con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.