Las nuevas revelaciones de Rafael García, ex jefe de informática del DAS, sobre la 'parapolítica'

Cuando llegó al Palacio de Justicia, Rafael García Torres lucía ansioso. Y lo estaba, a juzgar por el tono y las características de la que sería la primera de cuatro sesiones de una extensa declaración, bajo juramento, ante la Corte Suprema.

Eran las 10:00 a.m. del pasado martes 21 de noviembre cuando uno de los jóvenes magistrados auxiliares de la Sala Penal le hizo la única pregunta que García escucharía ese día: "¿Qué sabe usted de los hechos que son materia de investigación?". Desde ese momento y en las siguientes ocho horas -hasta las 6:50 p.m.-, con un breve receso para almorzar, García fue el dueño único de la palabra.

"Voy a hacer un breve resumen de cómo comenzó todo esto, con el fin de contextualizar la situación", contestó y luego se lanzó a contar una reveladora historia de la manera cómo, según él, los jefes paramilitares de Cesar y de la Sierra Nevada de Santa Marta, encabezados por Jorge 40, han influido en la historia reciente del país.

Los magistrados Esperanza Navas Camargo, Jorge Hernán Díaz Soto e Iván Velásquez Gómez y la procuradora delegada ante la Corte, Elsa Patricia Carreño, lo escucharían durante casi nueve horas sin interrumpirlo, ni siquiera para alguna acotación. Las preguntas y contrapreguntas vendrían en los días siguientes. La misma actitud de expectativa la mantuvo el abogado Juan Heredia Fernández, defensor suplente de los congresistas Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar, quienes serían blanco de los 'dardos' del testigo.

En el hall del primer piso del Palacio, los periodistas que montaban guardia allí no esperaban gran cosa de la declaración. A decir verdad, tampoco algunos funcionarios que apoyan las investigaciones del alto tribunal sobre los alcances de la penetración del paramilitarismo en las más altas instancias de decisión del país. Unos y otros consideraban que el convicto ex jefe de informática del DAS, condenado por borrar antecedentes de mafiosos, repetiría, como libreto ya conocido, su versión sobre un fraude mediante el cual los 'paras' -con su concurso personal- consiguieron curules para sus patrocinados.

No fue así. Esta vez este hombre, reconocido hasta hoy como principal testigo de cargos contra el ex jefe del DAS y ex cónsul en Milán, Jorge Noguera, se presentó ante la Corte como miembro del ala política del bloque norte de las autodefensas. Dijo que para aceptar su cargo en el principal organismo de seguridad del país, en septiembre de 2002, tuvo que consultarle a Jorge 40 y se situó, históricamente, en un espacio privilegiado que le permitiría incluso ser depositario de secretos de las autodefensas y de sus políticos.

Y si bien volvió a referirse al fraude, como lo hizo antes ante la Fiscalía y la Procuraduría, buena parte de su testimonio lo mostró como una cajita de sorpresas. CAMBIO conoció íntegramente su declaración, que podría fortalecer los insumos que tiene la Corte para resolver la situación jurídica de varios parlamentarios y, con base en ella, rescató algunos de sus principales episodios que forman parte de esta historia, en versión de García. 

Araujo y Sagem

El 20 de septiembre de 2002, pocos días después de asumir su cargo en el DAS, Rafael García fue invitado a almorzar al restaurante Pozzeto por el ingeniero José Morillo, gerente de Informática de la Registraduría Nacional, quien llegó en compañía de una joven que se presentó como Ana María Araújo Castro, hermana del senador Álvaro Araújo.

Morillo habló sin rodeos. "Me contó -le dijo García a la Corte- cómo había llegado al cargo recomendado por Álvaro Araújo y me dijo que debíamos conformar un frente común aquí en Bogotá porque pertenecíamos al mismo círculo". Morillo se mostró enterado de que el DAS, incluso antes de la llegada de Noguera, tenía contratos en el área de sistemas con la firma MT Base y le ofreció a García presentarle, como lo haría poco después, a Francisco Duque Chacón, gerente de esa empresa.

Según la declaración de García, para esos días Noguera ya le había confiado que entre los compromisos que tenía con el bloque norte de las autodefensas estaba el de reservarle a Jorge 40 comisiones que oscilaban entre el 5 y el 10 % de los principales contratos del DAS. Por eso la aproximación a Duque les serviría a la postre a Noguera y a Giancarlo Auqué, su secretario general, para convenir con MT Base los pagos de las comisiones por negocios que llegaron a los 24.000 millones de pesos.

El ingeniero José Morillo, que desde aquel día se hizo amigo de García y lo invitó con frecuencia a su casa y a varias reuniones sociales, quería que un modelo similar fuera implantado en la Registraduría. Y la coyuntura estaba dada: la firma Sagem, que ya había tenido negocios con la organización electoral, andaba interesada en hacerse a un multimillonario contrato de cedulación. En ese caso, según García, parte de las comisiones, que se irían para el bloque norte, serían canalizadas a través del senador Araújo.

Quizá para probar que estaba al tanto de todo el asunto, en la reunión en Pozzetto Morillo le dijo a García -sin que Martha Araújo lo desmintiera- que en un negocio anterior con Sagem parte de la comisión había sido un apartamento en el exclusivo sector de Rosales, en Bogotá. El apartamento fue vendido en 180 millones de pesos, recibidos por el parlamentario con destino al jefe paramilitar del Cesar.

Tiempo después, cuando el proyecto con Sagem comenzó a tomar forma, Morillo le contó a García que había enviado a Buenos Aires, Argentina, a  la ingeniera Piedad Montero, mano derecha de la gerente de informática para que elaborara con ejecutivos de Sagem los términos de referencia que regirían para la licitación del contrato de cedulación.

"Ese viaje fue en el año 2003, no recuerdo exactamente los meses. Sin embargo, creo que a través de los registros migratorios puede comprobarse", aseguró el testigo durante su declaración ante la Corte. "Para esa misma época -prosiguió- el senador Álvaro Araújo se desplazó a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, con el propósito de reunirse con directivos de la firma Sagem para hablar del tema de la comisión. En esos días estuve almorzando de nuevo con José Morillo y con Ana María Araújo y hablamos explícitamente de ese viaje y de su propósito".

De acuerdo con la versión de García, el pago de las comisiones quedó a cargo de Darío Montoya, a quien describió como un lobbysta que algunas veces actuaba como representante comercial de Sagem. "En varias ocasiones -contó- nos reunimos en la oficina de Montoya, ubicada en el edificio blanco que se encuentra en carrera 11 entre calles 93 y 94, en el costado occidental. Es una persona bien relacionada puesto que entre sus negocios está la distribución exclusiva para Colombia de la empresa mexicana Casa Modelo, la cual fabrica, entre otras, la cerveza Corona y la cerveza Negra Modelo; este señor también tiene alguna participación, no conozco el detalle, en la venta de helicópteros Black Hawk a las Fuerzas Militares".

Según el ex Jefe de Informática del DAS, su proximidad con estos contactos en Sagem llevó a que Jorge Noguera le propusiera proyectar un contrato para modernizar el proceso de expedición del certificado judicial, con la misma idea: cobrar comisión y honrar los compromisos con Jorge 40.

A esa altura de su exposición, en la que avanzó sin interrupciones, García recordó que hace poco tiempo, en su intención de demostrar que no tiene relaciones con paramilitares, Araújo dijo públicamente que incluso alguna vez tuvo problemas en su departamento con un hombre conocido con el alias de 039, jefe de las autodefensas en Valledupar. "Ese me llama la atención, les dijo García a los magistrados y a la representante del Ministerio Público y aseguró que, lejos de problemas y roces, Araújo hizo causa común con 039 para recobrar unos dineros que se habían extraviado entre las redes de comisionistas.

Los negocios de Maloof

"Luego de que los congresistas de Magdalena apoyados por el bloque norte en las elecciones de marzo de 2002 tomaran posesión, el senador Dieb Maloof se encargó del tema de los recursos de la salud en Magdalena y parte del Cesar". Con estas palabras inició García la segunda parte de su declaración, a las 2:45 p.m. del  21 de noviembre, luego de un receso para el almuerzo.

Contó que el eje de las operaciones de Maloof en este campo lo constituyó un laboratorio farmacéutico establecido por el congresista en Barranquilla en sociedad con el comerciante Dino Gravini Donado y el médico Ernesto Barceló. Los negocios se complementaban con operaciones hechas a través de las empresas Solsalud y Salud Total.

"En varias ocasiones -explicó García- me reuní con Dino Gravini, con quien me unía una gran amistad desde nuestras épocas de estudiantes en la Universidad del Norte de Barranquilla. La sede del laboratorio era el edificio World Trade Center, en la calle 6a. con carrera 54, al lado del Country Club (...). Dino utilizaba esa oficina para la representación comercial de unas firmas de Cartagena de nombre Detec S.A.". García dijo que, a través de Gravini, conoció a Saab Maloof, primo del parlamentario y encargado de manejarle varios de sus asuntos. Afirmó que por eso supo que los recursos en algunos de los municipios de Cesar, controlados por un jefe paramilitar conocido como Omega, eran desviados a grupos armados a través de Salud Total y de Solsalud.

Otras de las fuentes del testigo, de acuerdo con su versión,  fue José Gelvez Albarracín, El Canoso, uno de los jefes del frente Resistencia Tayrona de las autodefensas. El Canoso es el mismo hombre que se encargó de controlar a los registradores de Magdalena durante las últimas elecciones regionales.  "El Canoso -prosiguió García- me contó cómo desviaban recursos de la salud en complicidad con Dieb Maloof. José Gélvez hacía estas diligencias junto con una abogada de nombre Myriam, no recuerdo su apellido, la cual había sido presentada a miembros de las autodefensas por Maloof".

Confesó que él mismo transportó en vehículos del DAS a El Canoso y a la abogada Myriam hasta las oficinas de Solsalud. "En esos recorridos lo escuchaba hablar con una persona por celular, a la cual (Gélvez) llamaba Dieb o senador, y discutiendo el tema de cuánto le correspondía al frente resistencia Tayrona".

Estas no fueron las únicas alusiones del declarante al nombre del senador Dieb Maloof. Cuando se ocupó de explicarles a los magistrados auxiliares de la Corte Suprema cómo había sido el proceso de creación de esta especie de circuitos electorales, mediante el cual los paramilitares dividieron geográficamente al departamento de Magdalena para integrar listas a las elecciones parlamentarias de 2002, relató un episodio en el que Jorge Castro -uno de los caciques de la región- no pudo ocultar el disgusto que le produjo el hecho de que Maloof fuera cabeza de lista al Senado y que él quedara relegado al segundo renglón.

"Esto -precisó García- causó mucho disgusto al grupo del centro, con epicentro en El Difícil, del cual yo hacía parte. Jorge Castro me contó que había tenido una fuerte discusión con Jorge 40 a raíz de esta decisión y que, refiriéndose a Maloof, le preguntó a Jorge 40: ¿De dónde salió este talibán?". Jorge 40 también se habría enfurecido y le habría pedido a Tuto Castro, hermano de Jorge Castro, que controlara a éste, pues se trataba de una decisión ya tomada por el entonces jefe máximo del bloque norte, Salvatore Mancuso.

Las elecciones del 2002

Antes de describir en detalle cómo quedó dividido el mapa político de su departamento de cara a las elecciones de 2002, García dijo que el representante Alfonso Campo Escobar es uno de los parlamentarios con mayor experiencia en el campo de las alianzas con organizaciones armadas. Citando como fuente a Guillermo Sánchez, un paramilitar amigo suyo desde los tiempos del colegio, dijo que ya en 1994 el congresista aparecía apoyado por José El Chepe Barrera, uno de los decanos de los 'paras' en la Costa.

Respaldado en la versión de Guillermo Sánchez, dijo que en las elecciones de 2000 Campo impidió el reencauche político de otro dirigente tradicional, José Domingo Dávila Armenta, al ganarle la última curul mediante un fraude cometido en el municipio de Tenerife.

García declaró también que él, como integrante del ala política del bloque norte, se enteró de primera mano de que Alfonso Campo Escobar y Jorge Castro recibieron la misión de Jorge 40 de buscar acuerdos entre sectores tradicionales para detener las encendidas disputas que se presentaban en 2001, cuando llegó el momento de preparar listas para las elecciones. "Los señores José Joaquín Vives Pérez, Sergio Diazgranados y Miguel Pinedo Vidal rechazan este acercamiento. Los señores Luis Eduardo Vives Lacouture y Salomón Saade lo aceptan", dijo.

Ese acuerdo, según él, fue la base para que las candidaturas recibieran el aval paramilitar. Vives encabezaría listas para Senado y Campo para la Cámara. Por el centro del departamento encabezaría lista a Senado Jorge Castro Pacheco, pero Helman Baute, amigo de Mancuso, intervino y por eso Castro fue relegado al segundo renglón. Lo reemplazó Maloof.

Las coordenadas del mapa político pasaban por la ribera occidental, en el municipio de Pivijay. Allí José Gamarra y Jorge Luis Caballero pugnaban por el primer renglón para Senado y Salomón Saade parecía resignado a encabezar lista para la Cámara.

Sin embargo, Jorge 40 cortó por lo sano y decidió que el primer renglón no era para ninguno de los dos y se lo asignó a Saade para el Senado y puso a Jorge Luis Caballero a encabezar la Cámara, que contaría con el apoyo de los municipios de la ribera occidental del río Magdalena. "A la vez designó a Gamarra  para encabezar la lista a Cámara por el grupo del centro del departamento".

En El Difícil, el asunto produjo despecho entre las huestes políticas porque ninguno de sus hijos encabezó las listas. "Si bien Gamarra es de la región, era visto como un candidato de Pivijay, con el apoyo de los hermanos Severini (hombres de las autodefensas en Magdalena y La Guajira).

Castro Pacheco y Gamarra le habrían dicho a García que el respaldo paramilitar no era gratuito porque aparte de las gestiones que asumirían ya elegidos, cada uno debería pagar una cuota para garantizar el respaldo armado.

La cuota para los candidatos al Senado quedó en 800 millones de pesos y para la Cámara en 400 millones. De acuerdo con esta versión, Saúl Severini fue designado como tesorero. "Luis Eduardo Vives -dijo el ex funcionario del DAS- era tan regateador, que consiguió que le rebajaran la cuota a 400 millones".

En este ámbito de las deudas y las gratitudes, habría conseguido espacio el también senador Mauricio Pimiento. Citando una conversación con El Tuto Castro, Rafael García aseguró que en el respaldo que Jorge 40 le habría dado a la candidatura de Pimiento pesó una vieja deuda: a comienzos de la década de los 90, Mancuso y Jorge 40 fueron retenidos por la Policía en posesión de armas. Pimiento, como gobernador de la época, accedió a una petición del Tuto y consiguió la libertad de los dos.

En ese mismo espacio, William Montes, senador bolivarense, fue profeta en tierra ajena. García dijo que en sus correrías en tiempos de la campaña de 2002, al lado de José Gamarra, vio que Montes hacía proselitismo donde los paramilitares habían vedado la presencia de otros candidatos. Ahí, según él, pesaron dos hechos: Montes, respaldado por Enilce López La Gata, copó los espacios que dejó Maloof, quien nunca más volvió por el Magdalena. Adicionalmente, Jimmy Nassar, llevado al DAS como asesor de Jorge Noguera, era amigo del alcalde de Magangué, Jorge Alfonso López -hijo de La Gata- y también habría abogado por Montes ante Jorge 40.

En ese momento Jorge Noguera habría pasado por alto una advertencia hecha por la Embajada de Estados Unidos en el sentido de que el hoy ex representante a la Cámara Jaime Espeleta, un candidato que se movía cerca de Montes, era sospechoso de participar en actividades de narcotráfico en complicidad con el bloque norte.

La misma declaración indica que la representante Karelly Lara Vence, elegida por el movimiento Moral,  consiguió el respaldo de Jorge 40 y Chepe Barrera y que sus contactos con ellos datan de 1999, cuando ella se presentó como candidata a la Alcaldía de Fundación.

CAMBIO intentó en vano hablar con los congresistas señalados por García, pero varios de ellos respondieron que sólo darán explicaciones si la Corte los requiere.

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN No.700 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2006.