Dosis mínima: Prohibir, no penalizar

Por cuenta del consumo, la delincuencia recibe algo más de 300.000 millones de pesos al año. Foto: archivo / Cambio

Son varias las razones para aprobar una reforma que busca prohibir el consumo y el porte de la dosis personal de droga. La primera es que no resulta coherente meter a la cárcel a los traficantes, productores y comercializadores de droga, y atribuir derecho protegido por el Estado a quienes consumen el producto de una cadena absolutamente ilegal, en la que la muerte está presente, particularmente en el caso colombiano. Prohibir su porte y consumo es apenas un acto de coherencia con la posición de Colombia contra la droga. Lo contrario significaría abandonar un enfoque preventivo en relación con la demanda.

En segundo lugar, la compra de droga y el consumo dentro y fuera del territorio financia el terrorismo, y con este vienen las bombas, los secuestros, las balas y, por supuesto, los muertos. Solo por cuenta del consumo de cocaína, entre los consumidores dependientes, el terrorismo recibe por año en Colombia algo más de 300.000 millones de pesos, y en Bogotá, para citar tan sólo un caso, la Policía incautó más de 2,8 millones de dosis personales de todo tipo de sustancias con lo cual logró impedir que más de 10.000 millones llegaran a las bandas delincuenciales de la ciudad que la distribuyen en las calles. La delincuencia urbana, además, encuentra combustible en la comercialización de droga. Los mercados ilegales solo se defienden a través de la violencia y esto lo demuestran los expertos que sostienen que cada muerte o captura de un capo local de la droga, desencadena seis muertes adicionales por cuenta de la lucha entre quienes quieren apropiarse del mercado. Hasta la alcaldía de Samuel Moreno, que es de izquierda, ha reconocido esta realidad y por ello ha expedido una norma, a mi juicio ilegal aunque bien intencionada, que busca prohibir el consumo al menos en el espacio público.  

Razones medioambientales, de calidad de vida, de seguridad urbana, filosóficas y prácticas deben hacernos reflexionar sobre la equivocación de permitir, sobre la base de un mal entendido derecho, el libre porte y consumo de droga. Por eso proponemos prohibirlo, que es cosa bien distinta a penalizarlo. De esta forma nos unimos a la tendencia global que mayoritariamente descriminaliza el consumo, pero lo prohíbe y establece sanciones pedagógicas, generalmente acompañadas de alternativas de rehabilitación a quien decida libremente aceptarlo. 

El debate sigue abierto y para darlo ampliamente es necesario no caer en los lugares comunes en que han caído quienes lo defienden: libre desarrollo de la personalidad y fracaso de la lucha antidrogas. Estos enfoques, aunque son parte del análisis, no son suficientes, al menos para el caso colombiano. 

Por Nicolás Uribe,
representante a la Cámara.

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