Septiembre 16 de 2009
¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá?
Los altos índices siguen siendo uno de los mayores dolores de cabeza de la Administración. Por Hugo Acero Velásquez, experto en seguridad.
Este dicho modificado, sirve para hacer evidente la manera como la Administración de Bogotá no tiene una buena interpretación y menos unas políticas para enfrentar los problemas actuales de inseguridad de la ciudad. Frente al evidente aumento del homicidio, hoy reconocido por Clara López, secretaria de Gobierno, este problema es abordado de manera superficial y como si se tratara de algo coyuntural, pues la Administración argumenta que su aumento se debe a la crisis económica, a los altos porcentajes de desempleo y a que Medicina Legal incluye todos los homicidios, incluso algunos culposos.
Frente a esta situación, primero, se olvidan que desde 2007 el homicidio no ha dejado de crecer en la ciudad. Según datos de Medicina Legal, se pasó de 1.336 homicidios en 2006 a 1.414 en 2007 y a 1.459 en 2008 y, como siga manteniéndose la tendencia creciente, 2009 terminará con algo más de 1.520 homicidios. Dos años y medio atrás las condiciones económicas eran otras, luego entonces ¿en qué queda el argumento de la crisis económica?
Segundo, la afirmación de que en los datos de homicidios comunes de la ciudad Medicina Legal incluye muertes en accidentes de tránsito (homicidios culposos), no solo es atrevida, sino que desconoce el trabajo técnico y científico que desarrolla esa Institución en la determinación y clasificación profesional de las distintas muertes violentas que ocurren en la capital, como el homicidio común, las muertes en accidentes de tránsito, los suicidios y las muertes accidentales, un trabajo científico que se convierte en la fuente más confiable en esta materia en muchas regiones del país, incluida Bogotá.
Hay que decir que Medicina Legal es la única institución que logra determinar de manera precisa, en casi el 100 por ciento de los casos, el día, la hora y la dirección donde la víctima fue lesionada, y con la misma precisión el levantamiento y la necropsia, los tres momentos en que se manipula el cadáver. Esto le permite clasificar, de manera clara, el tipo de muerte violenta. También le permite depurar de su información aquellos homicidios cuya lesión ocurrió fuera de los límites de la ciudad y que por atención médica mueren en los hospitales de Bogotá.
Lo evidente, con este desconocimiento, es que la Administración de Bogotá no está trabajando en equipo con Medicina Legal, que no cotejan los datos semana a semana, como se hacía en el pasado, y que los técnicos fueron superados por los políticos a los que les interesa manipular las cifras.
Frente a este problema del incremento del homicidio se requieren acciones concretas y no disculpas. A propósito: ¿Qué pasó, después de un año, con las 31 zonas de alta violencia y delincuencia que iba a intervenir la Secretaría de Gobierno? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los resultados?
Percepción de inseguridad
Por otro lado, con la presentación de la reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá que mostró cómo la percepción de inseguridad ciudadana se incrementó 20 puntos, al pasar de 39 a 59 por ciento, y la victimización registró un aumento en cinco puntos frente a junio de 2008, al pasar de 31 a 36 por ciento, las respuestas superficiales de la Administración no se hicieron esperar y dijeron que todo se debía a las malas condiciones económicas actuales.
En este caso, para desvirtuar estas respuestas basta con mirar los antecedentes en las propias encuestas de la Cámara de Comercio, que desde 1997 realiza esta tarea y donde siempre los ciudadanos han ubicado al desempleo como la causa más importante de la inseguridad. Solo en la encuesta de mediados del año pasado, por primera vez en 10 años la gente atribuyó el incremento de la percepción de inseguridad a los grupos de delincuencia.
Es decir que para justificar las disminuciones y los aumentos de la percepción de inseguridad y de victimización que se han registrado en estos 12 años, el desempleo sirve como argumento.
Por otro lado, después de cruzar las cifras de desempleo en los últimos años con las cifras de violencia homicida en Bogotá, es evidente cómo en algunos casos las tendencias son contrarias. Se puede asegurar que en peores condiciones económicas, como las de finales de los noventa, Bogotá tuvo los mejores resultados en materia de seguridad.
Luego entonces no hay que buscar las razones del incremento de la inseguridad tan superficialmente, ni argumentando que la percepción se deterioró por la bomba que pusieron en una tienda de videos en el norte de la ciudad y por los "falsos positivos" como lo asegura el director del Centro de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno. Hay que recordar que la ciudad ha tenido peores momentos de terrorismo y de enfrentamiento abierto de paramilitares, como fue el caso del comienzo de esta década, y durante esa época los resultados de seguridad fueron muy buenos. Definitivamente hay que buscar otros argumentos y, más que eso, soluciones de fondo para revertir esta tendencia de deterioro de la seguridad en la capital, que no es nueva, ya tiene algunos años. Esto no les permite argumentar que no es la única ciudad donde actualmente la inseguridad se está deteriorando, por cuanto mientras Bogotá ha venido en retroceso en este campo otras han mejorado en los últimos años.
El argumento de las condiciones económicas solo sirve para justificar la nómina paralela de miles de contratos de prestación de servicios que en la actualidad tiene la Secretaría de Gobierno y que denunció la semana pasada la Revista CAMBIO. En algunos casos pareciera que la Secretaria de Gobierno está más interesada en generar empleos paralelos y mejorar las condiciones económicas, que en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, quiero destacar los esfuerzos de la Administración en el fortalecimiento de la Policía, en el aumento del pie de fuerza -ojalá se concrete y los policías por lo menos aumenten en un 50 por ciento- y en la lucha en contra del micrográfico. La expropiación de los inmuebles y de los bienes donde se vende la droga es el camino.
Por Hugo Acero Velásquez,
experto en seguridad.