El 40 por ciento de la madera en el país proviene de la tala ilegal

Foto: Jupiter

Vea las rutas de la madera ilegal aquí.

En el Parque Nacional Los Katíos (70.000 hectáreas), hay cerca de 30 campamentos madereros, explotados por pequeñas mafias que sacan la madera por quebradas hacia el río Atrato, donde la recogen en planchones para llevarla a Turbo y desde allí la transportan en camiones y tractomulas hasta las grandes ciudades. Se trata de una operación que se repite varios días cada mes y que, como dice un ambientalista de la zona, "está acabando con la rica biodiversidad sin que a casi nadie le importe".

Los Katíos es solo uno de los parques más amenazados por la tala indiscriminada e ilegal de bosque. También están los parques nacionales de Paramillo y El Cocuy, y los municipios de Villa Garzón, Putumayo; Cimitarra, Santander, y Piamonte, Cauca. Según el Ministerio de Ambiente, la producción anual de madera en Colombia es de 3,4 millones de metros cúbicos, de los cuales 1,4 millones son tala ilegal. Esto quiere decir que por cada 10 metros cúbicos de madera legal, hay cuatro explotados y comercializados en forma ilegal. "Esto representa el 40 por ciento de la madera producida en el país -dice el ministro de Ambiente Carlos Costa-. Estamos ante un problema que urge frenar porque genera enormes impactos ambientales, sociales y económicos".  La tala ilegal tiene en peligro a 21 especies valiosas de árboles maderables, entre ellas el cedro, y significa la deforestación de miles de hectáreas de bosques que afectan el ecosistema. Según estimativos del sector, la deforestación es del orden de 100.000 hectáreas anuales, de las cuales 48.000 son por explotación ilegal. "Lo más grave es que muchas de esas hectáreas son para la siembra de cultivos ilícitos -sostiene Alejandra Ospitia, directora de Fedemaderas-. Estamos ante una emergencia". Y la emergencia es de tal magnitud que, según el ecologista Andrés Hurtado, "en 10 años los habitantes de las cordilleras sufriremos graves problemas de agua debido a esta explotación". 

Negocio millonario

Además de la deforestación, la degradación de suelos y las graves consecuencias para los ecosistemas, la tala ilegal produce millonarios dividendos. Según la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza, el comercio ilegal de madera, que pone en peligro la totalidad de los bosques naturales (61 millones de hectáreas, incluyendo las áreas protegidas), mueve al año 60 millones de dólares. El valor del metro cúbico de madera legal, dependiendo de la calidad, oscila entre 283.000 y 440.000 pesos, mientras que el de madera ilegal es 25 por ciento más bajo. "La madera ilegal no paga nada porque no cumple con nada -explica el ambientalista Juan Acevedo-. Lo único que hace es acabar con el patrimonio natural".

El problema es que es difícil establecer cuál madera proviene de la explotación legal y cuál no, porque las mafias han aprendido a camuflar la madera y muchas veces la llevan a zonas donde está permitida la tala. "Se requerirían muchos técnicos forestales para determinar cuál es ilegal y eso está lejos del alcance de las autoridades ambientales -afirma Acevedo-. Los controles tienen que ser más efectivos". 

La tala ilegal, por otra parte, distorsiona el mercado, genera desplazamiento y es fuente de recursos para la financiación de grupos armados. "Falta mayor gobernabilidad -dice el ex ministro de Ambiente Manuel Rodríguez-. Las leyes y las políticas de bosques están ahí pero no se aplican".

Si bien el Gobierno ha dedicado millonarios recursos a programas como Familias Guardabosques, para que comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes ayuden a la protección de ecosistemas estratégicos que estén afectados o en riesgo por los cultivos ilícitos, hay vastas zonas donde no existe el programa de tal forma que millones de hectáreas de bosques carecen de vigilancia. Se calcula que por cada 400 hectáreas de bosques, hay solo un guardabosque desarmado.

Con el fin de enfrentar el fenómeno de la tala ilegal, el Gobierno hizo un pacto con cultivadores, transportadores, proveedores y comerciantes para que se sometan a las normas y le den un manejo sostenible a los bosques. Pero mientras los acuerdos avanzan, la explotación ilegal de madera continúa y los controles brillan por su ausencia. De prolongarse esta situación, en unos años el país se verá enfrentado a una emergencia ambiental por escasez de agua y porque no habrá bosques que contrarresten las emisiones de dióxido de carbono, causa del calentamiento global. 

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