Abril 29 de 2009
Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración se realizará en Cartagena
Experiencias internacionales han servido para demostrar que la paz va mucho más allá de la desmovilización y el desarme de los grupos irregulares.
Después de sus respectivas guerras no ha sido fácil mantener una paz duradera en Sierra Leona, Sudáfrica, Kosovo, Guatemala y El Salvador, pero esas experiencias han servido para demostrar que la paz va mucho más allá de la desmovilización y el desarme de los grupos irregulares, y tiene que ver con complejos procesos para garantizar verdad, justicia y reparación.
Ese será el tema de discusión del I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Cartagena (4 a 6 de mayo), que reunirá a 600 expertos en negociación de conflictos, académicos, consultores, dirigentes políticos y representantes de países como Ruanda, Liberia, Filipinas e Indonesia. "El congreso será el escenario para revisar los pros y contras de cada uno de los procesos de desarme, desmovilización y reintregración en el mundo -explica Frank Pearl, consejero de Paz y Reintegración-. Colombia está incursionando en esta materia en medio de dificultades pero con un programa novedoso".
EL SALVADOR
El 16 de enero de 1992 el Gobierno y el Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) suscribieron el Acuerdo de Chapultepec, tras 12 años de confrontación militar. El proceso tuvo fuerte apoyo internacional. Incluyó a Naciones Unidas, por medio de Onusal, encargado de la verificación de los acuerdos y de cooperar en el fortalecimiento institucional y las elecciones en 1994.
Se estableció una comisión ad hoc para depurar a las Fuerzas Armadas de los miembros comprometidos en violaciones de los derechos humanos; una policía civil, y una Comisión de la Verdad para investigar los casos graves contra los derechos humanos cometidos por las dos partes, pero sin capacidad de juzgar.
Poco después de la publicación del informe de la Comisión, se señaló con nombre propio a muchos responsables. Sin embargo, la falta de acompañamiento a los ex combatientes se tradujo, una década después, en el rearme en bandas de delincuencia.
GUATEMALA
El 23 de junio de 1994 el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmaron el Acuerdo de Oslo, que contemplaba la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y Hechos de Violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca (CEH). La misión de la Comisión fue investigar las violaciones de los derechos humanos, pero sin la facultad de hacer imputaciones individuales y de proferir sentencias. Gracias a la participación de la Iglesia lograron documentar 56.000 casos que hicieron parte del informe Guatemala nunca más, que atribuyó al Estado la mayor responsabilidad en las violaciones y señaló a las fuerzas de seguridad como gestoras de una campaña de exterminio contra la población maya. A pesar de los esfuerzos de distintos sectores, se logró poco en materia de reparación a las víctimas; y el no acompañamiento a los desmovilizados contribuyó al rearme en bandas y milicias que hoy están activas.
SUDÁFRICA
Tras 43 años de un sistema de segregación racista, el Parlamento reformó la Constitución y declaró el fin del apartheid el 17 de junio de 1991, pero dejó establecida la posibilidad de una amnistía a cambio de la verdad y la explicación completa y pública de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen y sus opositores.
En 1995, el gobierno de Nelson Mandela creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones de los DD.HH., cuyo objetivo era lograr el mutuo entendimiento y reconciliación de los sudafricanos. Dotada de amplios poderes, capacidad punitiva y autonomía casi completa, trabajó mediante tres comités -Violación y Rehabilitación, Amnistía e Investigación- y contó con dos incentivos: amnistía para los responsables y reparación a las víctimas. La amnistía, salvo algunas excepciones, fue concedida con rigor y celeridad y la exposición pública de las ofensas fue la principal condena a los victimarios.
SIERRA LEONA
Tras una década de guerra civil, el Gobierno y el Frente Unido Revolucionario firmaron un acuerdo de paz en julio de 1999 en Lomé, Togo. Los acuerdos contemplaron una amnistía general para las partes, y la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que empezó a operar en 2002, y en 2004 presentó un informe al Gobierno. Desde entonces miles de combatientes han dejado las armas, miles de niños han dejado las filas del Frente y se han realizado elecciones. El acuerdo planteó la separación de los casos más graves para ser investigados y juzgados por la Corte Especial creada para el efecto, y los menos graves a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La primera adoptó los procedimientos de los tribunales de la antigua Yugoslavia y Ruanda, avances de la CPI y normas internas, e inició juicios por crímenes de guerra en 2004 contra 13 acusados. El ex presidente Charles Taylor es enjuiciado por la CPI.