Familias en Acción ¿plataforma para la reelección?

Familias en Acción es uno de los programas más criticados del gobierno de Álvaro Uribe. Foto: Presidencia

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"EL MEJOR INVENTO de Álvaro Uribe no es la política de Seguridad Democrática, como creen muchos, sino los Consejos Comunales, donde cada siete días hace el milagro de aparecerse con plata para regalar y anuncios de obras para realizar". Así piensa el senador liberal Camilo Sánchez Ortega, quien demandó ante la Corte Constitucional el artículo décimo de la Ley del Plan de Desarrollo 2006-2010, que establecía apoyos económicos e incentivos del Gobierno para familias de escasos recursos sin contraprestación alguna por parte de los beneficiarios.

"Ese artículo -dice el senador Sánchez- era un verdadero orangután, que le permitía al Gobierno disponer de multimillonarios recursos para entregar de forma discrecional a sus políticos amigos con lo cual garantizaba poder disponer de los recursos de todos los colombianos para hacer política con nombre propio".

El artículo al que se refiere el senador establecía textualmente que "para todos los efectos, se entiende que los apoyos económicos directos o indirectos, así como los incentivos, constituyen una ayuda que ofrece el Estado sin contraprestación alguna por parte del beneficiario y se otorga de manera selectiva y temporal en el marco de una política pública. Es potestad del Gobierno Nacional establecer el sector beneficiario y el valor del apoyo o incentivo económico, así como determinar los requisitos y condiciones que sean del caso (...)".

El texto fue aprobado por el Congreso, e hizo parte de la Ley del Plan, hasta cuando la Corte Constitucional lo declaró inexequible el pasado 21 de mayo. Al acoger la demanda, la Corporación le dio la razón al congresista en el sentido de que es contrario a la Constitución un precepto que dispone dejar una partida del presupuesto nacional como recursos exclusivos de la Presidencia para que esta se encargue de determinar por sí y ante sí a quiénes, en qué condiciones, durante cuánto tiempo y qué monto, podría asignársele a eso que la ley llamaba "apoyos económicos e incentivos".

De acuerdo con el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, la cifra asignada para uso exclusivo de la Presidencia asciende a un billón de pesos por cada cuatrienio, es decir 250 mil millones de pesos cada año. "La modalidad

-dice- lo que hace es crear una mayor dependencia de las regiones con Bogotá y pone a los funcionarios de esas administraciones a mendigar ante el Gobierno Nacional los recursos, para ellos poder realizar las obras. Es decir, por cuenta del asistencialismo oficial, terminaron las alcaldías y gobernaciones debiéndole favores a Uribe, quien seguramente se los cobrará en futuras elecciones".

No obstante, el director del Departamento de Acción Social de la Presidencia, Luis Alfonso Hoyos, sostiene que tanto Familias en Acción como Familias Guardabosques, dos de los programas más cuestionados, no son asistencialistas sino que se trata de una política de gobierno encaminada a combatir las causas estructurales de la pobreza en el país. "Hay quienes quieren que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres", afirma. (Ver entrevista).

Con nombre propio

Para el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, otro crítico de estos programas de subsidios, el hecho de que los recursos los maneje directamente la Presidencia solo sirve para reforzar la figura de Álvaro Uribe. "El Presidente es el directo beneficiario de los programas y se vale de los consejos comunales, y de su transmisión por televisión, para mantener cautivos a sus potenciales electores, que no son pocos, pues solo Familias en Acción cuenta hoy con 1,5 millones de familias beneficiadas y aspira a elevar la cifra a 3,5 millones, cuando termine el segundo mandato de Uribe".

"El asistencialismo de Uribe -afirma Pardo- es el nuevo clientelismo y servirá de plataforma electoral, en caso de que aspire a una nueva reelección en 2010".

Los argumentos de quienes se oponen al manejo de recursos del Estado desde la Presidencia fueron tenidos en cuenta por la Corte Constitucional, que al declarar inexequible el artículo interpretó que el manejo de los recursos no puede estar atado a la voluntad del jefe del Estado, sino que debe estar supeditado a una ley de la República. En un sentido semejante un experto en el tema, Mario Cacigli, en su libro Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada -publicado por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid- dice que "cuanto más discrecional es la distribución de los bienes, más altas son las posibilidades de clientelismo".

 La ex ministra y ex directora de Planeación Nacional Cecilia López considera, por su parte, que la modalidad impuesta por el Gobierno tampoco sirve para acabar con la pobreza. "Prueba de ello -dice− es que Uribe recibió a 250.000 familias beneficiadas, va en un millón y medio y aspira a entregar más de tres millones en 2010; es decir que los pobres en lugar de disminuir, aumentan, lo que demuestra que el menos interesado en acabar con los pobres es el Gobierno. Uribe está graduando pobres, porque es lo que le conviene para sus aspiraciones reeleccionistas".