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Repartir, repartir, repartir
Pero uno de los mayores críticos del asistencialismo oficial es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ex director de Planeación y columnista de El Espectador Alejandro Gaviria, quien sostiene en su reciente libro Uribenomics que "los subsidios estatales disminuyen la formalización del empleo y aumentan la vulnerabilidad fiscal. El asistencialismo permanente, tarde o temprano, se revela como dañino para los hogares e insostenible para el fisco".
"El repartir, repartir y repartir -dice Gaviria- requiere un incesante trabajar, trabajar y trabajar. Lástima que al final de cuentas, tanta actividad resulte infructuosa. Pues la verdad del asunto (la triste verdad del asunto) es que los subsidios (a ricos y pobres) no traerán ni mayor crecimiento ni menor pobreza".
Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y considerado el padre de este tipo de programas oficiales en México, sostiene que las "transferencias condicionadas" para que sean exitosas requieren de efectivos sistemas de información que permitan ejercer control, por ejemplo, sobre los niños que van a la escuela y que van más allá de un simple papel para que sea firmado por los profesores. "Si no hay ese tipo de garantías, es mejor no ejecutar el programa", asegura.
El funcionario dice que el programa tiene que ser transitorio y que no puede sostenerse de forma permanente ni debe ser ejecutado en campañas electorales, pues podría prestarse para fomentar la corrupción. De acuerdo con el ex ministro Restrepo, el Estado Comunitario, promovido por Uribe, "sirve para desinstitucionalizar el funcionamiento del Estado, porque no hay compromisos institucionales sino favores personales y esos los prodiga el Jefe del Estado, que es visto como el benefactor que oye reclamos y peticiones y siempre encuentra soluciones a los problemas. En más de seis años de gobierno, Uribe se ha encargado de construir una relación personal entre él como Presidente y los peticionarios, que vienen siendo su clientela".
Gracias a la forma muy personal de gobernar de Uribe es común ver en distintas ciudades del país eternas colas de futuros beneficiarios -sean de Familias en Acción o Familias Guardabosques-en las que los potenciales favorecidos se pelean codo a codo las ayudas oficiales, como ocurrió el año pasado en Bogotá con la entrega de una tarjeta de una entidad bancaria en Ciudad Tunal.
De manera que la lectura política de los programas asistencialistas del Gobierno siempre estará determinada por el talante presidencial y por la posibilidad de una nueva reelección, pues en tanto el Presidente esté en campaña -y Uribe siempre lo está- existirá la tentación de valorar esos actos como la personalización de la política y la desinstitucionalización del Estado.
Guardadas las proporciones, la actividad del Presidente es exactamente la misma de los parlamentarios, que como tienen derecho a la reelección permanente, todo acto que realicen y toda obra que gestionen siempre será con el definido propósito de acrecentar su electorado y garantizar su siguiente período. La diferencia entre los parlamentarios y el Presidente es que la actuación de aquellos esta regulada por la Ley 5 de 1992, de manera tan estricta que varios han ido a parar a la cárcel cuando se salen del marco de la Ley, o cuando la Corte Suprema considera que sus actuaciones no fueron a favor del bienestar general sino en beneficio personal.
El hecho de que la actividad presidencial no esté regulada, ha llevado a varios congresistas a calificar el hecho como una enorme injusticia. Así piensa el senador Sánchez, quien sostiene que cuando se trata del Presidente los llaman consejos comunales, pero cuando lo hacen los congresistas lo definen como compra de votos. "El Gobierno pretendió crear los auxilios presidenciales, que utilizados en campaña aseguraran su segunda reelección -dice Sánchez-pero con el fallo de la Corte Constitucional la contienda electoral vuelve a ser un poco más equilibrada".