Aumentan las demandas de políticos y parapolíticos contra columnistas

Alfredo Molano, columnista de El Espectador. Foto: Archivo Cambio

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EL VIERNES 27 DE JUNIO, a las 10:00 a.m., el sociólogo y periodista Alfredo Molano acudirá a la Fiscalía 40 de Bogotá para responder a una demanda por injuria y calumnia interpuesta por dos miembros de la familia Araújo de Valledupar -Hernán Felipe Araújo y María Mercedes Molina- a raíz de una columna del 24 de febrero de 2007 publicada en El Espectador con título de 'Araújos et al', en la que Molano destacó los vínculos de los negocios con la política y para hacerlo usó el apellido Araújo de Valledupar y Araújo de Cartagena, como símbolo de las familias de "rancia cúspide regional acostumbradas a manejar haciendas, predios, casas comerciales y oficinas públicas, con los mismos criterios especulativos y endogámicos".  

La fiscal 40 imputó cargos a Molano porque consideró que había vulnerado los derechos de los Araújo de Valledupar al atribuirles conductas ilícitas, como contrabando y tráfico de estupefacientes, con "ánimo injuriante y claros indicios de dolo".

Luego, en una audiencia de conciliación, los abogados de la familia Araújo le propusieron a Molano rectificar sus afirmaciones en una columna que debía ser revisada por ellos. Molano rechazó la propuesta. "Eso sentaría un precedente sobre la libertad de prensa y más en un género como el periodismo de opinión -afirma-. Eso es censura".

El caso de Molano no es único. Se ha presentado una avalancha de demandas contra columnistas, en especial contra los que escriben sobre la parapolítica o el Gobierno. "Hay un incremento de las demandas contra medios de comunicación y contra periodistas y columnistas, que van desde acciones penales, tutelas, acciones populares, solicitud de reparación directa por informaciones basadas en boletines de la Policía, hasta acciones de responsabilidad civil -sostiene Nora Sanín de Saffón, presidenta de Andiarios-. El riesgo de condenas económicas o de carácter civil puede generar restricciones a la libertad de prensa porque por opinar se puede terminar en los estrados judiciales". A esto se suma que cada día aparecen amenazantes comentarios de los lectores en Internet y llegan amenazas por correo electrónico. La libertad de expresión está en peligro.

El historiador Jorge Orlando Melo se refirió al tema en una reciente columna en El Tiempo, titulada 'Alicia en el país de las maravillas". En ella dice que la Constitución del 91 prohibió la censura: "(...) aun si pone en peligro el orden, la estabilidad económica o la honra de las personas, no se podrá usar la censura como medio para proteger esos derechos" y agrega que "habrá que buscar otros remedios, como establecer sanciones cuando los periodistas violen los derechos de otros".

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry sostiene que, en el marco de la democracia, es indispensable amparar la libertad de expresión y la libertad de prensa con garantías constitucionales, pero advierte que también tiene limitaciones y controles. "Existe el derecho a la rectificación con el despliegue del caso y el de réplica -señala Charry-. Además, existen delitos penales por el uso indebido de la libertad de expresión como son los de calumnia e injuria. Si los demandados se sienten afectados por falsas denuncias también pueden defenderse".

Mordazas

Los afectados sostienen que el mal uso o la mala interpretación de las normas puede convertirse en una limitación para su trabajo. Aparte de invertir cuantiosas sumas para pagar defensores, el síndrome de las demandas por calumnia desestimula la denuncia. "Las demandas tienen como objetivo la autocensura, amedrentar, asustar, debilitar el carácter -sostiene Claudia López, investigadora y columnista de El Tiempo-.

Nadie me demandó por calumnia cuando presenté una investigación sobre parapolítica, pero cuando la hice pública en una columna llegó la demanda".

La demanda fue del ex presidente Ernesto Samper, quien sostuvo que López lesionó su buen nombre en una columna sobre el Proceso 8.000. En una audiencia de conciliación, el apoderado de Samper pidió el pago de 50 millones de pesos para desistir de la demanda, pero ella no aceptó y el caso deberá decidirlo un fiscal. También tiene una por injuria, del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por una columna en la que afirmó que su elección fue "altamente atípica" en zonas de influencia paramilitar.

La lista de los columnistas con demandas pendientes, casi todas de políticos o personas vinculadas a la parapolítica, incluye a Salud Hernández, María Jimena Duzán, Roberto Posada, Mauricio Vargas, Fernando Londoño, Felipe Zuleta, Daniel Coronell y Ramiro Bejarano, entre otros. "Tengo una demanda del magistrado José Alfredo Escobar Araújo por una columna en la que menciono que recibió un regalo de Giorgio Sale -cuenta Daniel Coronell-. Esa es una forma de desestimular las verdades en la prensa y aunque uno gane el pleito después de pagar millones en abogados, lo pensará dos veces para volver a opinar sobre un político o un corrupto".