Mayo 7 de 2008

Lo que ellas callan

Aunque la cifra es incuantificable, solo 91 mujeres víctimas de abuso sexual de los paramilitares han denunciado ante la Unidad de Justicia y Paz.

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EN 2003, EN LA LIBERTAD, un corregimiento de San Onofre, Sucre, fue convocado un reinado de belleza organizado por  Marco Tulio Pérez, 'el Oso', por medio de una empresa fachada en el que participaron 17 jóvenes. Terminado el desfile, las 17 participantes fueron llevadas bajo amenaza a la vereda Rincón del Mar, donde estaba una base paramilitar que comandaban 'el Oso' y Rodrigo Mercado, alias 'Cadena'.   Las jóvenes denunciaron que fueron violadas por los dos comandantes y algunos patrulleros que los acompañaban.

Cinco años después, alertada por la comunidad, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía empezó a investigar el caso. Las víctimas, por miedo, habían guardado silencio todo este tiempo pero hoy algunas de ellas, con ayuda de psicólogos y bajo protección, han relatado su experiencia aunque se han abstenido de denunciar a los victimarios por temor a represalias. No obstante, gracias a testimonios de habitantes del corregimiento y de algunos desmovilizados, los investigadores han verificado los hechos. Sin embargo, en la versiones libres que ha rendido, 'el Oso' no ha confesado esos delitos -considerados de lesa humanidad por el Derecho Internacional Humanitario- y 'Cadena' no se ha desmovilizado e incluso algunos creen que está muerto.

En 2006, en una población del Eje Cafetero, cuatro hombres armados y con 'pasamontañas' tocaron a la puerta de una casa donde estaban dos mujeres. Una de ellas, víctima de abusos de las Auc, era atendida por una defensora de derechos humanos. Los hombres las golpearon y las violaron. "Me rompieron la ropa, me humillaron, yo lloraba, pero a ellos no hay nada que les importe, luego se levantaron y me dijeron que ojalá hubiera aprendido la lección -cuenta la defensora que atendía el caso-. Esperé un rato, regresé a mi casa y procuré que nadie se enterara de lo que me había ocurrido, pero mi familia me sintió rara y preguntó qué me pasaba, les respondí que me tenía muy mal la situación de las víctimas, tenía miedo a represalias...Soy mamá".

Las amenazas continuaron y los hombres fueron a su casa, le vendaron los ojos, la sacaron y se la llevaron en una camioneta -continúa relatando la defensora de derechos humanos-. Me retuvieron una hora, me golpearon y me preguntaron que si era suficiente con lo que me habían hecho". Le dieron 15 días para irse del pueblo. Fue entonces cuando decidió contar todo en la Alcaldía. "No me creyeron, me dijeron que cómo inventaba una cosa así si en ese pueblo ya no había 'paras' ". Hoy vive en Bogotá, desplazada.

Como estos hay muchos casos y otros aún más dramáticos, la mayoría sin denunciar: los de mujeres violadas que han quedado embarazadas. "No sabemos cuántos niños han nacido producto de estas violaciones" -dice Patricia Buriticá, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y directora de la organización Iniciativa Mujeres por la Paz, IMP, que reúne 22 grupos femeninos-.  Hasta el momento tenemos establecidos cuatro casos en los que las mujeres decidieron tener a sus bebés pese a que son hijos de sus victimarios".

Uno de ellos es el de una costeña que cuenta: "Me violaron mucho rato mientras a mi esposo lo obligaban a mirarme y luego lo mataron". Ella denunció el asesinato de su esposo pero nunca expuso su caso. Hoy vive con un niño de 12 años, hijo de su victimario. Según la psicóloga Andrea Liliana Guana, de IMP, aparte del dolor por la pérdida del ser querido, "las agresiones sexuales repercuten en la salud mental de las víctimas que ven afectado drásticamente su proyecto de vida y se ven obligadas a tomar decisiones que muchas veces van contra su ética personal".

La IMP asegura que el abuso sexual ha sido una práctica de guerra sistemática de los paramilitares (también ha documentado decenas de casos de la guerrilla), pero ninguno de los jefes que han rendido versión libre ha mencionado el tema y Salvatore Mancuso, que el pasado 19 de febrero fue interrogado al respecto, respondió con cinismo: "¡Cómo se le ocurre! Dentro de nuestros estatutos está prohibido".

Solo un ex combatiente ha aceptado haber cometido abuso sexual. "Se trata de José Rubén Peña, 'Sargento', que reconoció acceso carnal violento de dos menores -asegura Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía-. Algunos jefes, como Hernán Giraldo, se comprometieron a investigar en sus frentes, pero la mayoría lo ha negado".

Ley del silencio

El abuso sexual es una práctica de guerra tan vieja como la humanidad. "Por lo general, los agresores cometen abusos sexuales como una forma de humillar a los enemigos, para demostrarles que no han sido capaces de proteger a sus mujeres -asegura Guana-. Es un mensaje de castración y mutilación al enemigo".

En la historia reciente, en los años 70 y 80, se hizo evidente en Perú, Guatemala, Ruanda, la antigua Yugoslavia y Corea, entre otros países en conflicto. En todos los casos la Justicia llegó tarde. Solo hasta 2000 empezaron los castigos a los victimarios. "Esto fue posible porque las mujeres no se callaron y decidieron no ocultar esas heridas -explica Buriticá-. Fue una batalla muy larga para que les creyeran y apenas empieza a hacerse justicia".

En Colombia, hasta ahora solo 91 mujeres han denunciado ante la Unidad de Justicia y Paz haber sido víctimas de violación y abuso sexual, mientras otras han contado sus historias a ONG de derechos humanos. Pero la mayoría guarda silencio por temor, por vergüenza, por nuevas amenazas de los agresores, por recriminación de las parejas que las acusan incluso de haber provocado la situación, por prejuicios familiares... "Lamentablemente esta es una sociedad machista y cada vez que una mujer se atreve a denunciar ante un fiscal, algunos la miran con recelo y ponen en duda su versión", afirma Buriticá. Por eso lo que impera es la ley del silencio.

Javier Ciurlizza, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia y secretario de la Comisión de la Verdad  de Perú que funcionó hasta 2003, sostiene que las mujeres no solo tienen mucho temor para denunciar sino que incluso desconocen sus derechos. "En medio de tantos crímenes, creen que tienen menos derechos para reclamar luego de presenciar el asesinato, la tortura o la desaparición y por eso no denuncian lo que les ocurrió".

A esto se suma que muchas viven en zonas donde tienen contacto con los violadores o amigos de ellos y que otras tantas incluso desconocen hasta dónde va la violencia sexual. "Violencia sexual no es sólo  violación o acceso carnal violento, es esclavitud, prostitución y embarazos forzados -explica la psicóloga  Guana-. Muchas mujeres desconocen que son víctimas de esto y lo ven como algo que tenía que pasar después de que les mataran al marido".

IMP tiene casos documentados de mujeres que fueron secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución o violadas frente a sus esposos, hijos e incluso los vecinos. Un desmovilizado del bloque Élmer Cárdenas, cuyo caso está en manos de la Fiscalía y quien fue testigo de numerosos abusos sexuales cometidos por Fredy Rendón, 'el Alemán', aseguró que muchas veces ordenó matar a sus víctimas y enterrarlas en fosas para no dejar huellas.

"Un día, a mediados de diciembre de 1997, le llevaron a 'el Alemán' a su finca en Necoclí 15 muchachas de ese pueblo y de Turbo. Una de ellas se llamaba Nancy -relató el testigo-. Hicieron con ellas lo que quisieron y luego dieron la orden de enterrar bolsas plásticas en un hueco. Eran los cuerpos de las niñas".

También contó que presenció la violación múltiple de una niña de 14 años en Caseta, Turbo, en junio de 1997, quien fue violada por tres hombres delante de su familia. La acusaban de tener amoríos con un guerrillero. "Fue enterrada en un hueco a 15 metros de la casa de sus padres", dijo el desmovilizado, quien agregó que en otros casos las violaciones eran por venganza.

Según el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, en la guerra la víctima generalmente es vista como mártir, como sacrificada, pero las víctimas de violencia sexual, aun en el conflicto armado, son marginadas, señaladas en la familia y en la comunidad. "La mujer ve  desdibujada su identidad al ser señalada e identificada como 'aquella a la que le hicieron' o 'aquella que se estaba buscando lo que le pasó' ", dice el informe. Y todo esto se da en un marco que hace aún más grave la situación y es que, como dice Javier Ciurlizza, "la violencia sexual es un tema tabú, oculto, el más difícil de sacar a la luz y además las víctimas no confiesan". 

Ante el temor de que estos crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad, en las versiones libres que darán algunos jefes desmovilizados de las Auc, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía pedirá que respondan por los abusos. Pero cabe recordar que si aun no hay confesiones en la materia, la ley contempla que a las víctimas de abuso sexual hay que creerles. 

EL CASO DE PERÚ

En Perú funcionó hasta 2003 la Comisión de Verdad y Reconciliación para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. La Comisión estimó que hubo más de 3.500 delitos de abuso sexual contra mujeres cometidos por agentes del Estado y Sendero Luminoso, pero solo 170 se atrevieron a denunciar. "Hubo audiencias públicas en las que algunas de las mujeres aceptaron contar los hechos y se conoció una cantidad inmensa de embarazos no deseados -asegura Javier Ciurlizza, secretario de la Comisión-. Después de esa audiencia, muchas personas criticaron a la Comisión por revelar estos hechos tan duros".

Solo se produjeron dos condenas por abuso sexual. Una fue la de 13 oficiales del Ejército de las bases de Manta y Vilca, en Huancavelica, condenados en 2007 gracias al testimonio de 35 víctimas que relataron cómo fueron sometidas por los militares durante 10 años. La otra fue contra  un grupo de militares que abusó de Magdalena Monteza, de 19 años, quien quedó embarazada luego del crimen. Por ese hecho ya fueron condenados dos miembros de la fuerza pública y el proceso aún está abierto . La mujer se atrevió a denunciar públicamente a sus agresores.

65% DE LAS VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO  son mujeres , según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

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