Diferentes organizaciones y el Gobierno tratan de evitar fraudes electorales

Foto: Héctor Fabio Zamora / Cambio

Para nadie es un secreto que las elecciones del Congreso que se llevarán a cabo dentro de cinco semanas tienen una sombra de duda. La de las candidaturas en cuerpo ajeno que tienen por objeto mantener la influencia de los congresistas elegidos hace cuatro años en alianza con grupos paramilitares y que hoy están en la cárcel o han enfrentado procesos judiciales. Las campañas se caracterizan, más que nunca, por denuncias mutuas y guerras sucias entre los competidores.

En la sociedad civil esa preocupación ha llevado a los medios de comunicación y a varias ONG a poner en marcha ambiciosos proyectos de supervisión como Votebien, Congreso Visible, Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral. El Estado también tiene un plan: 10 entidades trabajan de la mano para prevenir, disuadir y sancionar a quienes cometan delitos electorales y evitar que se roben las elecciones. Desde el 25 de enero, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, comenzó a funcionar la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, que es una comisión interinstitucional de la que hacen parte el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el DAS, la Policía, las Fuerzas Militares y el Programa Anticorrupción de la Presidencia. URIEL es un centro unificado de recepción y distribución de denuncias sobre supuestas irregularidades electorales que luego son tramitadas a la entidad respectiva según su competencia. Por ejemplo, si llega una denuncia por favorecimiento de un alcalde o un gobernador para determinados candidatos, la queja es trasladada de inmediato a la Procuraduría. Si la denuncia es por compra de votos, se le avisa a la Fiscalía. "Vamos a atender todas las quejas y les vamos a hacer seguimiento, pero tienen que ser concretas, porque es muy dañino hacer denuncias universales que generan un ambiente negativo y no permiten que las autoridades actúen", sostiene el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.

Los riesgos para estos comicios, según las organizaciones supervisoras, son los de compra y trasteo de votos, costreñimiento al elector, publicidad excesiva, financiación irregular, violación de los topes y hasta amenazas de saboteo de las elecciones como las que acostumbran a hacer las Farc, o presiones para votar por candidatos únicos como las practicadas en los últimos años por los paramilitares.

Ojos abiertos

Como máxima autoridad del ramo y al margen de su participación en la URIEL, el Consejo Electoral pondrá en funcionamiento esta semana 15 tribunales de vigilancia que se distribuirán en sendos departamentos que tradicionalmente han sido los entes territoriales con mayores irregularidades en los procesos electorales. "Quisiéramos un tribunal por cada departamento pero el presupuesto no nos da para más -le dijo a CAMBIO, Joaquín José Vives, magistrado del Consejo Electoral-. En esta ocasión solo contamos con 2.000 millones de pesos a pesar de que le hemos insistido al Ministerio de Hacienda para que nos dé más recursos".

A Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Tolima, Valle, Cauca, Meta, Santander, Antioquia, Casanare, Putumayo y Nariño, llegarán estos tribunales integrados cada uno por tres magistrados a los que asesorarán contadores, abogados y personal de apoyo logístico. ¿Su misión? Como en las elecciones regionales de 2007, la idea es que el tribunal que vaya, por ejemplo, a departamentos de la Costa, esté integrado por personal del interior del país para evitar que sus miembros tengan compromisos políticos con líderes de la región y no se vean tan presionados para pasar 'de agache' las denuncias. En esta ocasión, por mandato constitucional el Consejo Electoral cuenta con más herramientas para determinar suspensiones y sanciones como la que acaba de tomar de cancelar la personería jurídica del recién creado partido Alianza Democrática Nacional, ADN, que reemplazó al uribista Colombia Viva, cuya totalidad de congresistas están comprometidos en investigaciones por parapolítica. Ya en los comicios regionales, la misma autoridad electoral suspendió la inscripción de 358.669 cédulas para evitar el delito de transhumancia electoral.  

La gran pregunta es si la proliferación de normas, instrumentos y entidades de control y vigilancia de las elecciones, bastará para evitar las irregularidades y malas mañas. CAMBIO pudo establecer que, hasta ahora -a cinco semanas de las elecciones- el número de denuncias es muy bajo, igual que el de casos de fraude o irregularidades comprobadas, lo cual contrasta con la multiplicación de quejas por parte de los candidatos. Aunque estos son partes interesadas, la experiencia demuestra que en el largo plazo los ruidos de la época electoral se vuelven escándalos futuros. En el Proceso 8.000, en la parapolítica y aún en otros casos, la Justicia ha castigado a los culpables, ha retirado investiduras y ha modificado la composición del Congreso dos o tres años después de las elecciones. Lo que nunca ha habido son instrumentos efectivos de prevención. ¿Los habrá en 2010?

La URIEL recibe denuncias en los teléfonos: 01 8000 912005 y 336 40 44, 336 40 23 y 3 36 39 84, y  en  denunciasuriel@mij.gov.co

Delitos electorales más frecuentes

Compra de votos: hay campañas que lo hacen al menudeo y pagan por cada sufragio entre 20 mil y 50 mil pesos, y otras que compran líderes como ediles, concejales o diputados por 20, 50 y hasta 70 millones de pesos.

Trasteo de votos: es una práctica muy frecuente la de hacer inscribir a sus simpatizantes en determinadas zonas para asegurar sus votos.

Suplantación del votante: lo pueden hacer algunos jurados de votación al llenar las planillas de manera irregular o cuando un votante sufraga una o más veces con la cédula de otra persona.

Financiación con recursos públicos: difícil de demostrar aunque abundan las denuncias sobre alcaldes y gobernadores que estarían detrás de determinadas campañas.

Financiación con recursos ilícitos: la experiencia de la parapolítica demuestra que organizaciones criminales compran o imponen candidatos.

Publicidad a destiempo y excesiva: cuando la publicidad en medios de comunicación, pasacalles, vallas y volantes es desbordada y se hace antes de los cuatro meses autorizados por ley.

Violación de los gastos de campaña: cuando se gasta más de lo autorizado por el Consejo Electoral: en esta ocasión para 675 millones para Senado y entre 264 y 531 millones para Cámara, dependiendo del censo electoral departamental .

Costreñimiento al elector: cuando el votante es obligado o presionado para que vote por un candidato determinado.