Espaldarazo del Procurador a la reelección de Uribe no garantiza su aprobación

Martes 11: el Procurador anuncia su concepto favorable al referendo. Foto: Andrea Moreno / Cambio

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La bendición del procurador Ordóñez al referendo que permitiría otra elección del presidente Uribe fue interpretada como un triunfo para sus gestores. "Empezó a salir la verdad y se equilibró un debate en el que la oposición había disfrazado sus argumentos políticos con un ropaje jurídico", dijo el ex senador Rodrigo Rivera, promotor de la iniciativa.

Mientras tanto, desde la otra orilla, el candidato liberal Rafael Pardo le bajó el tono a la euforia reeleccionista y cuestionó la legitimidad del concepto: "Lo que hubiera sido sorpresa habría sido que el Procurador emitiera un concepto de jurista y no de aliado político del Gobierno". Por su parte, la precandidata conservadora Noemí Sanín también calificó el episodio como "la crónica de un concepto anunciado".

En principio, el aval de Ordóñez al referendo generó un clima político positivo para la reelección. "Es una clara señal a la Corte", dijo el precandidato conservador Andrés Felipe Arias, y el editorial de El Nuevo Siglo opinó el miércoles que "está prácticamente listo el referendo reeleccionista". Pero durante los últimos meses se ha consolidado la percepción de que no habría tiempo suficiente para tramitar los pasos que faltan y que las irregularidades denunciadas en el proceso difícilmente pasarían el examen de la Corte Constitucional. No por coincidencia durante el fin de semana surgió un debate sobre la posibilidad de posponer las elecciones para darle más tiempo al proceso. Aunque nadie defiende esa propuesta en público y la rechazaron uribistas clase A como José Obdulio Gaviria, su sola discusión es un indicativo de que el referendo realmente está en peligro.

En diciembre pasado, Rivera y un grupo de abogados encabezado por Jaime Granados y Juan Manuel Charry le hicieron llegar un documento a la Corte Constitucional en el que respondían a los cuestionamientos sobre el trámite de la ley y le pedían al alto tribunal modular el fallo y eximir al presidente Uribe de dos requisitos que, en el limbo jurídico actual, no se sabe si están o no vigentes y si el eventual presidente-candidato puede cumplir. El primero, expresar seis meses antes de la elección -el 30 de noviembre pasado- su intención de ser candidato.

Y dos, inscribirse antes del 12 de marzo, norma que aplica a todos los aspirantes pero que Uribe no podría cumplir si para entonces no se ha votado el referendo.

La solicitud se basa en un antecedente: hace cuatro años, la Corte les permitió a los candidatos del Polo, Carlos Gaviria, y del Partido Liberal, Horacio Serpa, inscribirse después de la fecha inicialmente prevista, con el fin de que sus partidos pudieran llevar a cabo las consultas internas, que se celebraron el mismo día de la elección del Congreso.

Ni tan, tan, ni...

En un clima tan complicado y en medio de un galimatías jurídico, el concepto del Procurador es la mejor noticia que podían esperar el presidente Uribe y los promotores del referendo. Contrarresta el clima adverso, le da impulso a la idea y le abre espacio a la Corte para un fallo positivo. Sin embargo, no conviene sobredimensionar su significado, pues se trata de un concepto que no obliga. Como ha sido evidente en más de una ocasión, la Corte puede tomar decisiones diferentes a las que le recomienda el Jefe del Ministerio Público. Sin ir muy lejos, hace cuatro años el procurador Edgardo Maya se pronunció en contra de la constitucionalidad del Acto legislativo que permitió la reelección de Uribe en 2006 y, en cambio, la Corte le dio su aval.

Por otra parte, las miradas de la Procuraduría y de la Corte no necesariamente se concentran en los mismos temas. A la Corte han llegado demandas que la obligan a examinar otros aspectos. Una de ellas fue presentada por el ex procurador Maya y el ex magistrado ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, y en ella plantean siete vicios por los cuales el referendo es inconstitucional.

En todo caso, el criterio jurídico adoptado por la Procuraduría no es incuestionable y los nueve magistrados podrían interpretar y calificar los mismos hechos en forma diferente y llegar a una conclusión distinta. El punto más polémico del concepto de Alejandro Ordóñez es el que tiene que ver con el significado y el efecto de las irregularidades que se dieron en el trámite de la ley: la violación de topes para la recolección de las firmas y la publicación del decreto que convocó a sesiones extras del Congreso para aprobar el referendo después de que estas habían empezado. El Procurador reconoce la existencia de estos vicios, pero considera que no son suficientemente graves como para anular el proceso. Dice que la publicación es una medida para hacer más eficaz el proceso pero que no determina su validez, y que la violación de los topes es responsabilidad individual y afecta exclusivamente a quienes la permitieron y no invalida el proceso.