Espaldarazo del Procurador a la reelección de Uribe no garantiza su aprobación

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Al referendo le faltan aún cuatro peldaños para llegar al final: la presentación de la ponencia por parte de Sierra Porto, su estudio por la sala plena de la Corte, la convocatoria del referendo en fecha escogida por el Presidente y su organización por parte de la Registraduría. La gran pregunta es si esos pasos pueden cumplirse antes de las elecciones del 30 de mayo, y con una anticipación suficiente para que Uribe pueda lanzar su candidatura.

Rodrigo Rivera, muy optimista, considera que "la Corte fallará muy pronto porque puede apelar a la figura de la urgencia nacional, encerrarse, y acortar los plazos". Antes de finales de febrero se cumplirían los pasos y el Registrador podría aprovechar la infraestructura logística que está en marcha para las elecciones parlamentarias del 14 de marzo y realizar el referendo antes de que termine abril.

Pero hay otra interpretación. En sus columnas del pasado domingo en El Tiempo, Enrique Santos y María Isabel Rueda consideran que ya no hay tiempo. Por su parte, el ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostiene que las estadísticas sobre los términos que han tomado en el pasado las discusiones en la Corte después de presentada una ponencia, indicarían que no habrá reelección antes de mayo. Es poco probable que los nueve magistrados despachen de un plumazo los cerca de 10 puntos que son complejos y susceptibles de interpretaciones diversas, una práctica más propia del Congreso que de la Corte. Los juristas saben que en sus manos está una de las decisiones no solo más importantes de sus carreras sino crucial para el país, y no cabe duda de que harán estudios sesudos y análisis profundos antes de producir su fallo. Tampoco es claro que si el referendo se hace después del 12 de marzo -fecha última para la inscripción de candidatos presidenciales-, la Corte cambie las normas para permitir la afiliación del presidente-candidato.

En síntesis, el esperado pronunciamiento del procurador Alejandro Ordóñez no clarifica el panorama. Todavía flota en el ambiente la incertidumbre y la confusión sobre las normas que rigen una campaña que ya está en marcha. Hasta ahora lo único que queda claro es que la Corte Constitucional es la única que puede ponerle fin a la zozobra. Sus nueve miembros tienen la última palabra.

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